El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) ha denunciado este lunes que otro líder social ha sido asesinado en el país, por lo que ya son 35 los activistas muertos en lo que va de 2021.

El líder indígena Gilberto Findicue Archicue ha fallecido así a manos de un grupo de hombres armados en el departamento del Cauca. Además, habrían intentado secuestrar a cuatro comuneros.

En este sentido, dos de ellos han logrado escapar y un tercero ha resultado herido. Las autoridades indígenas del resguardo de San Andrés de Pisimbalá han expresado en un comunicado su «más enérgico rechazo» a lo sucedido, así como a la presencia de grupos armados en la zona.

Asimismo, la Asamblea Departamental del Cauca se ha pronunciado y ha condenado el asesinato. Además, ha instado a las autoridades a erradicar «manifestaciones de violencia» en el departamento.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, ha recalcado que mientras haya un solo líder social en peligro, «habrá mucho por hacer» en Colombia. En declaraciones al diario ‘El Espectador’, ha matizado que la labor de defensa de los Derechos Humanos y su goce efectivo han sido reconocidos por la comunidad internacional y el Estado colombiano.

«Mientras subsistan violaciones a sus derechos, los esfuerzos deben redoblarse», ha dicho antes de afirmar que, en este sentido, la Defensoría del Pueblo ha tomado la decisión de «instar permanentemente a las instituciones a adoptar medidas y estrategias locales y nacionales que permitan enfrentar los orígenes multicausales de los riesgos que afectan a los líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos».

Asimismo, ha explicado que se ha diseñado y puesto en marcha la estrategia ‘Estamos Contigo’, que se acercará a las organizaciones sociales, colectivos, líderes y personas defensoras para «promover, de la mano de las entidades competentes y con el apoyo de la comunidad internacional, acciones en prevención, protección integral, acceso efectivo a la justicia y autoreconocimiento y no estigmatización», entre otras medidas.

Camargo ha advertido además de que en los últimos meses de han emitido cinco alertas tempranas por el «reclutamiento forzado y ha pedido acciones contra aquellos que instrumentalizan a los niños con fines criminales para debilitar las acciones del Estado».