La desaparición forzada en Colombia representa una de las heridas más profundas del conflicto armado, que ha marcado al país durante décadas. Paradójicamente, este grave crimen de lesa humanidad, no sólo no disminuyó tras los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en 2016 sino que en varios aspectos se ha agudizado, adoptando nuevas formas y actores en el contexto del post-acuerdo.

Las marcas de la experiencia

Colombia ostenta una de las cifras más alarmantes de desaparición forzada en el continente, y así lo confirman los informes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que revelan esta tendencia como consecuencia del conflicto armado, reportando datos que llegan hasta los 100.000 casos de desaparición, dejando a familias enteras en un estado de duelo perpetuo e incertidumbre.

Durante décadas, tanto grupos guerrilleros, paramilitares, como agentes del Estado fueron responsables de esta práctica sistemática utilizada como herramienta de terror, control territorial y eliminación de opositores políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales y población civil, acciones que se tomaban en medio de una guerra de egos y poderes que dejaba en el medio a los más indefensos.

Un acuerdo y una paradoja

Los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016 generaron esperanza de que la violencia disminuiría significativamente, sin embargo, la realidad ha sido más compleja de lo que se esperaba, pues con la desmovilización de las FARC, se creó un vacío de poder en territorios previamente controlados por esta guerrilla. Diversos grupos armados ilegales disidentes de las FARC y el ELN, grupos paramilitares herederos de las AUC y estructuras del crimen organizado iniciaron nuevas disputas violentas por el control de economías ilegales, rutas de narcotráfico y territorios estratégicos.

En todas estas zonas la desaparición forzada adoptó características distintas en el contexto post-acuerdo, afectando a líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes en proceso de reincorporación y comunidades que reclaman tierras o implementan programas de sustitución de cultivos ilícitos, quienes se convirtieron en objetivos prioritarios, causando una nueva oleada de violencia que se sigue expresando mediante la retención de los que se convirtieron en las “piedras en el camino” para estos grupos que pretenden seguir delinquiendo en dichas zonas.

Un retorno cargado de fuerza

La implementación incompleta de los acuerdos de paz ha sido fundamental dado que programas clave como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos y la presencia efectiva del Estado en territorios históricamente abandonados, han avanzado con lentitud o han enfrentado obstáculos significativos y esta ausencia estatal ha permitido que los grupos armados ilegales continúen operando con relativa impunidad.

La militarización frente al liderazgo social constituye otro factor crítico, pues quienes defienden el territorio promoviendo los acuerdos de paz y liderando los procesos de restitución de tierras o denunciando economías ilegales, enfrentan amenazas constantes, entre ellas, la desaparición, que se utiliza como método para silenciar voces empoderadas y generar terror en las comunidades.

La economía ilegal del narcotráfico continua siendo el motor de gran parte de la violencia junto con las disputas por el control de cultivos de coca, de laboratorios de procesamiento y de rutas de tráfico, lo que genera espirales de violencia en las que la desaparición termina convirtiéndose en una de las opciones recurrentes, adoptadas para imponerse en medio de la guerra, tal como lo afirmó la ONU por medio de su portal web en abril de este año.

El Rol de la Justicia Transicional

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como parte de los acuerdos, ha comenzado a investigar patrones masivos de desaparición forzada. El macrocaso sobre desaparición forzada ha revelado información crucial sobre la magnitud del fenómeno y ha permitido algunas exhumaciones y entregas de restos a familias.

Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos enormes como la vastedad de los crímenes, la falta de recursos, la resistencia de algunos sectores políticos al proceso de paz, y la renuencia de algunos responsables a colaborar plenamente con la verdad. Otra de las razones por la cual la JEP ha sido tan criticada es por su modelo de funcionamiento, pues dentro de los estatutos de la misma cualquier persona que colabore con declaraciones podrá gozar de una especie de impunidad, pues se argumenta que el poner cláusulas legales podría generar que las personas que declaren se cohíban de contar toda la verdad de la historia por miedo a represalias.

Bajo esta misma primicia personas como Luz Marina Contreras, vocera nacional del movimiento de víctimas de crímenes de Estado en la estrategia de desaparición forzada, aprovechan espacios como el conversatorio organizado por la UBPD, para criticar tanto los acuerdos de paz, como a estas entidades creadas para buscar la verdad de la guerra, pues en sus palabras “La JEP ha renunciado a la persecución penal de más de 100 militares”; por otro lado también menciona la forma en la que se eliminan los antecedentes de los que están involucrados en casos de desaparición forzada.

Desafíos y Caminos Hacia Adelante

Para enfrentar esta crisis humanitaria es imperativo fortalecer la presencia integral del Estado en territorios históricamente abandonados, no sólo con fuerza militar, sino con inversión social, educación, salud y oportunidades económicas legales, dado que la implementación completa de los Acuerdos de Paz no puede seguir como un proyecto postergado, del cual las víctimas sigan viendo que sus victimarios no enfrentan las consecuencias de sus actos.

La protección efectiva de líderes sociales y defensores de derechos humanos debe ser prioritaria, con esquemas de seguridad que realmente funcionen y no sean meras formalidades burocráticas, sino que busquen un desmantelamiento de estructuras paramilitares y sus redes de apoyo económico y político mediante una voluntad política real.

El fortalecimiento de la JEP y de la Comisión de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es fundamental para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas. Finalmente, la memoria histórica debe ocupar un lugar central en la sociedad colombiana para que nunca más se normalice la desaparición de seres humanos como estrategia de guerra.

La desaparición forzada en Colombia no es un problema del pasado, la agudización de este crimen tras los Acuerdos de Paz evidencia que la construcción de paz real requiere más que la firma de documentos, demanda transformaciones estructurales profundas, voluntad política sostenida y un compromiso social inquebrantable con la dignidad humana y mientras existan familias que sigan buscando a sus desaparecidos, Colombia no podrá cerrar este doloroso capítulo de su historia.

Por: Concentrika Medios – Universidad Central