El ministro de Defensa, Diego Molano, tendrá una nueva citación a debate de control político en la Cámara de Representantes  por las denuncias de posibles irregularidades en el operativo realizado por tropas del Ejército Nacional en la vereda del Alto Remanso en el departamento del Putumayo que dejó once muertos, entre ellos varios civiles de la comunidad.

El operativo fue anunciado por el presidente de la república, Iván Duque y por el ministro de Defensa, Diego Molano, “como un golpe a la disidencias de las Farc”.

Para la representante a la Cámara Katherine Miranda, una de las citantes, “no es la primera vez que frente a la cartera de defensa se presentan graves cargos de violaciones a los derechos humanos por el Ejército Nacional”.

La congresista no descarta que dentro de la oposición se evalue la posibilidad de proponer una moción de censura al ministro Molano.

El Senado no se quedará atrás

Los senadores Antonio Sanguino y Angélica Lozano harán lo propio en la plenaria de la cámara alta en donde también serán invitados: el comandante general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro;  el comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro y el director del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, General Jorge Hoyos.

Los citantes consideran que son muchas las explicaciones que deben dar tanto el ministro de Defensa como la alta cúpula militar ante un hecho que ha dejado muchos interrogantes.

Las denuncias de la irregularidades que se habrían presentado en la vereda del Alto Remanso, Putumayo, durante la celebración de un bazar que según las versiones de la comunidad, buscaba recaudar fondos para la construcción de un camino veredal, aumentaron con la última publicación de la Revista Cambio y de Noticias Caracol.

“Según los  testimonios, los cuerpos de los civiles muertos por las balas del Ejército, no solo fueron movidos, sino envueltos en sábanas y cortinas, que los mismos soldados pidieron a la comunidad. Los cuerpos tampoco habrían llegado a los forenses con las manos protegidas para las pruebas de absorción atómica lo que permitiría determinar si dispararon, como afirma el Gobierno”.

Al respecto se pronunciaron también la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, argumentando la existencia de posibles irregularidades en la escena.