Uuna iniciativa ciudadana de la organización internacional de activismo digital Change.org,, que se materializó con más de 19.100 firmas de la comunidad, logró que el Ministerio de Minas y Energía aceptará reunirse con la sociedad civil del departamento del Atlántico, para definir una Asamblea de Usuarios de Energía y Servicios Públicos en Barranquilla y el Departamento con el fin de revisar el alto costo de la tarifa.

La fecha del encuentro está por definir y será de común acuerdo, pero ya es un hecho. Para ello, esta semana se avanzará en una segunda reunión entre el Ministerio y organizaciones que serán convocadas.

La petición http://chng.it/XMNXLQRN, que se hizo viral en redes sociales por medio del hashtag #TarifaJustaYa y que ha generado cerca de 1 millón de interacciones en redes sociales en la última semana, logró recoger más de 19.100 firmas de apoyo y estas fueron entregadas presencialmente en las oficinas de MinEnergia el pasado viernes 06 de octubre, durante una reunión en la que lideresas del Atlántico fueron recibidas con el acompañamiento de Change.

De acuerdo con la líder de esta petición, Karol Solís Menco, politóloga, al Gobierno Nacional se le exige, pues es lo justo, una reforma al sistema de cobro de las tarifas de energía e intermediación frente al alumbrado público en el Atlántico, solicitud que vería con buenos ojos el ministro Omar Andrés Camacho. “Esta medida resulta crucial para abordar de manera integral los problemas que afectan directamente a nuestra comunidad en relación con el servicio público de energía”, señaló Solís.

Asimismo, la líder de la comunidad agregó que su solicitud se respalda en los diferentes componentes, según ella, injustificados que se cobran en la factura de energía, entre ellos “el cobro por las pérdidas no técnicas o el robo de energía que es trasladado injustamente a todos los usuarios. A eso se suma el costo también injustificado del alumbrado público que, al parecer, sólo beneficia a grandes grupos privados y políticos en detrimento del interés y bienestar público, en complicidad de las administraciones distritales y municipales, y los respectivos concejos”.