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La Procuraduría General de la Nación requirió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la ola de violencia de las últimas semanas, en la que varios miembros de la Fuerza Pública han sido asesinados a manos de las organizaciones criminales contra las cuales se ordenó la suspensión de acciones militares.
“las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y podrían incidir negativamente en la confianza pública respecto del mantenimiento del orden público y la convivencia pacífica”.
El Ministerio Público pidió información al Ministerio de Defensa de los últimos ataques por parte de la estructura conocida con el nombre de Jorge Suárez Briceño liderada por alias Calarcá a la que el Gobierno Nacional le suspendió cualquier acción militar y de la Policía en su contra.
También requirió información técnica y jurídica que permitió al Gobierno Nacional suspender las acciones de la fuerza pública sobre el grupo ilegal, además de las medidas tomadas ante las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
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