Guillermo García
Desde hace algunos meses hemos tenido dialogo con el ex ministro Eduardo Díaz Uribe, defensor de la vida en Colombia y particularmente en el Chocó y nos interesó a la bancada de liberales social demócratas sobre Tribugá, ese inmenso santuario de flora y de fauna que hoy abordaremos.
Mucho se ha escuchado de una joya ambiental sobre el Chocó Pacífico y biodiverso llamada el Golfo de Tribugá, una región rodeada por miles de hectáreas de áreas protegidas, hábitat y refugio de peces, ballenas y otro tipo de fauna marítima y también en la zona territorial. Posee, además, miles de hectáreas de ocho especies de manglar, cientos de miles de hectáreas para alimentación de aves migratorias; por sí fuera poco, tiene un corredor enorme de migración de la ballena jorobada y el principal, es el lugar número 24 más biodiverso del mundo. A pesar de todo esto, sectores políticos y empresariales de algunas regiones insisten en avanzar en el proyecto de establecer allí un puerto.
Los promotores de la idea, la Sociedad Arquímedes, afirma que su mega proyecto traduciría mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Nuquí y zonas adyacentes, cuando esa misma realidad ya demostrada durante décadas en Buenaventura y Tumaco es todo lo contrario. Es decir, una teoría descabellada.
Instalar en esa zona del Pacífico otro puerto, pues no es conveniente, por razones ambientales, económicas y técnicas. El impacto ambiental seria de enormes proporciones, se pondrían en riesgo a por lo menos 1500 ballenas jorobadas que cada año transitan por este corredor marino, además acabarían con la mitad de los manglares que allí habitan, se afectarían directamente 114.438 hectáreas de zonas protegidas, en el área marina y el Parque Nacional Natural Utría, y se rompería la conectividad entre los ecosistemas marinos y costeros de la región. La construcción de la hoy inexistente carretera o vía férrea, necesaria para acceder al puerto, implicaría romper la conexión de la Serranía del Baudó y del Chocó biogeográfico uno de los “puntos calientes” de biodiversidad a nivel mundial.
Y ni qué decir de los impactos económicos y socioculturales para las comunidades de la región. Actualmente en Tribugá tienen asiento más de 170 personas representadas en 30 familias del consejo comunitario y por lo menos 200 indígenas que llegaron desplazados de sus territorios y que dependen del ecoturismo comunitario, la pesca responsable y los servicios ambientales, entre otros. Poblaciones sumamente vulnerables. Desplazarlos nuevamente no sería la mejor solución.
Nuestro país no necesita un nuevo puerto. Ya es suficiente con los que tenemos, basta con aplicarles una buena dosis de inversión para su modernización, incluso con menos recursos de los que valdría Tribugá tendríamos un puerto de Buenaventura repotencializado y mucho más competitivo. Ejecutar Tribugá costaría US$800 millones, mientras que dragar el puerto de Buenaventura costaría US$258 millones, ¡ni la mitad de ese valor! ¿Ven la gran diferencia?
Ahora bien, llegar a Tribugá desde Bogotá, Manizales, Pereira, Armenia y Cali es mucho más lejos que ir a Buenaventura. No olvidemos que lo que más perjudica la competitividad de Colombia en materia portuaria son los altos costos del transporte interno, que representan 36,6% del costo total.
Necesitamos que el Gobierno le apueste al desarrollo de la infraestructura ya existente, por ejemplo, es muy importante desarrollar a Buenaventura, la capacidad del puerto todavía no está copada, pero igualmente el Pacífico tiene un puerto con vías de acceso y hay que desarrollarlo más, como es el puerto de Tumaco, allá se requiere un desarrollo integral, en el tema de carga, de comercio internacional, en turismo y como puerto exportador o importador de combustible estratégico que no lo tiene el pacífico colombiano y como puerto exportador de la producción cafetera del eje cafetero del sur de Colombia que es Cauca, Nariño, Huila y por supuesto la producción ganadera de la Amazonía colombiana.
Sin embargo, parecen no desfallecer, pues el pasado 26 de agosto el Gobernador del Chocó convocó mediante Decreto 0201 a sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental e incluyó un proyecto de Ordenanza, que tiene como objetivo declarar el Puerto de Tribugá y su infraestructura conexa como Obra de Utilidad Pública e Interés Social. Consideramos que esta declaratoria es inconveniente tanto para las comunidades como para el país, ya que supone la legalización de relaciones de expropiación, enajenación y dominación abiertamente inconstitucionales.
No es aceptable que, a través de procesos administrativos, se violenten los derechos de propiedad colectiva que a ese territorio tienen las comunidades afrocolombianas e indígenas. Como tampoco es sensato que se quebranten los derechos a la cultura, a la participación y la jurisdicción propia que le asisten a las comunidades del territorio.
Exhortamos al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Chocó y a las entidades competentes a que, en lugar de promover iniciativas que van en contravía de los derechos colectivos de las comunidades de la zona y de la riqueza ambiental y la biodiversidad del país, promuevan la inversión y el fortalecimiento del modelo de desarrollo propio de las comunidades, basado en la pesca artesanal responsable, el ecoturismo, la agricultura, la protección del medioambiente, la preservación de saberes tradicionales, las áreas protegidas, entre otros. Este es un modelo que las comunidades vienen consolidando desde hace décadas y que apunta a la sostenibilidad del territorio y sus recursos. Más bien el gobierno regional debe hacer inversiones en bienes básicos que habilitan derechos de los ciudadanos, la paz y convivencia del territorio, la región y el departamento como salud, educación, energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, comunicaciones, todos tan precarios en una región tan rica como el Chocó.
Asimismo, nos sumamos a las voces que invitan al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a las autoridades competentes revisar montos y destino de los aportes que diferentes entes territoriales han realizado a la Sociedad Arquímedes, promotora de este mega proyecto.
