En Colombia, hablar de asociaciones público-privadas (APP) puede despertar reacciones encontradas. Para algunos, son sinónimo de privatización encubierta; para otros, la única forma viable de hacer infraestructura. Ambas visiones simplifican un debate que merece mayor rigor. Las APP no son una ideología, son una herramienta. Y bien diseñadas, pueden ser una de las más potentes para cerrar brechas de infraestructura y mejorar la provisión de bienes públicos.
Colombia cuenta con uno de los marcos normativos de APP más sólidos de América Latina. La Ley 1508 de 2012, complementada por decretos reglamentarios, políticas de riesgos aprobadas en el Conpes, y una institucionalidad especializada, estableció reglas claras sobre asignación de riesgos, estructuración de proyectos, transparencia y responsabilidad fiscal. Esto permitió atraer inversión privada, mejorar estándares técnicos y reducir improvisación en proyectos complejos. No es casual que el país haya logrado estructurar y ejecutar programas ambiciosos como las concesiones viales de cuarta y quinta generación.
El valor de las APP está en su lógica económica. Permiten que cada actor haga lo que mejor sabe hacer. El Estado define necesidades, estándares y resultados esperados. El sector privado aporta capital, conocimiento técnico, capacidad de gestión y disciplina en la ejecución. El riesgo se asigna a quien mejor puede administrarlo. Cuando esto se hace bien, los proyectos se entregan a tiempo, con mejor calidad y con costos más previsibles para el erario.
Además, las APP ayudan a enfrentar una restricción que hoy es ineludible: el limitado espacio fiscal. Con altos niveles de deuda y presiones sobre el gasto social, pretender que el Estado financie y ejecute todo directamente es poco realista. Las APP no eliminan la responsabilidad pública ni esconden costos; los hacen explícitos, los distribuyen en el tiempo y obligan a una planeación más rigurosa.
Sin embargo, las APP en Colombia han estado concentradas principalmente en el sector transporte. Aunque allí han sido más visibles, su potencial es mucho más amplio. Infraestructura social —hospitales, colegios, cárceles—, equipamientos urbanos, gestión de residuos, agua y saneamiento, energía, tecnología digital y hasta proyectos de adaptación al cambio climático son campos donde las APP pueden generar enormes beneficios.
En infraestructura social, por ejemplo, las APP permiten diseñar contratos que paguen por disponibilidad y calidad del servicio, no solo por la obra física. Un hospital no se mide por metros cuadrados construidos, sino por su funcionamiento, mantenimiento y capacidad de atender pacientes. Este enfoque alinea incentivos y evita elefantes blancos. Países como Reino Unido, Australia y Chile han avanzado en este camino con resultados mixtos, pero con aprendizajes valiosos que Colombia puede adaptar.
El marco normativo colombiano ya permite este tipo de proyectos. Lo que falta es capacidad técnica, decisión política y visión sectorial. Muchas entidades territoriales aún ven las APP como algo complejo o riesgoso, cuando en realidad el riesgo mayor es seguir ejecutando proyectos mal estructurados, con sobrecostos y baja calidad.
Por supuesto, las APP no son una varita mágica. Necesitamos fortalecer la estructuración, exigir análisis de valor por dinero, mejorar la supervisión y garantizar transparencia en todo el ciclo del proyecto. A nivel sectorial y subnacional hay que fortalecer los equipos y la asistencia para proponer mejores proyectos y poder aprovechar la herramienta. El Programa de Participación Privada en Infraestructura (PAPP) del Departamento Nacional de Planeación ha sido punta de lanza en la generación de capacidades, la construcción del marco normativo, y la extensión de las APP hacia otro tipo de infraestructuras y necesidades sociales. Hay que continuar fortaleciéndolo.
También es fundamental abandonar el falso dilema entre lo público y lo privado. La colaboración público-privada no debilita al Estado; lo obliga a ser mejor. Un Estado que planea, regula y supervisa bien es un socio exigente, no un espectador pasivo, ni un supervisor que imposibilita el progreso.
En un país con enormes necesidades de infraestructura y recursos limitados, atacar y minar la credibilidad en las APP por prejuicio ideológico, cómo ha hecho el gobierno Petro, es una torpeza que Colombia no puede permitirse. Usarlas con criterio, rigor y ambición sectorial y regional es una oportunidad para acelerar el desarrollo, mejorar la calidad de los servicios públicos y recuperar la confianza ciudadana en la capacidad del Estado de cumplir.
Daniel Gómez Gaviria
