Colombia atraviesa un momento político en el que las contradicciones pesan más que los discursos, cuando el Gobierno que llegó al poder enarbolando la bandera de la vida, la paz y la austeridad hoy enfrenta una tormenta política sin precedentes bajo la compra de los aviones de combate suecos Gripen por 16,5 billones de pesos y, en paralelo, la exposición internacional de la primera dama en ambientes aristocráticos y exclusivos de Estocolmo, justo cuando ese contrato militar se cerraba. No se trata de rumores aislados ni de especulaciones mediáticas. Se trata de una percepción nacional creciente: algo no cuadra, algo huele mal, algo contradice completamente el proyecto político que millones de colombianos creyeron apoyar. La coherencia siempre ha sido un activo político escaso. Pero cuando se compromete desde el gobierno mismo, la confianza pública se fractura. En ese contexto, surgen dos preguntas que, aunque incómodas, resultan inevitables: ¿Se compraron aviones de guerra para un gobierno que prometió no bombardear menores? y ¿Por qué la primera dama vive como aristócrata en Suecia justo cuando Colombia compra aviones suecos?

Esto más allá de inquietudes nos deja profundas reflexiones nacionales, pues Gustavo Petro construyó gran parte de su carrera política denunciando los bombardeos en los que murieron menores reclutados por grupos armados. Señaló al Estado, en su época parlamentaria, por violar el Derecho Internacional Humanitario. Prometió no repetir esa práctica y juró que bajo su gobierno prevalecería la vida sobre la lógica militarista. Sin embargo, hoy el país presencia la adquisición militar más costosa en décadas: 17 aviones Gripen, máquinas supersónicas diseñadas para superioridad aérea y ataques de precisión. El Gobierno afirma que son necesarios para modernizar la Fuerza Aérea. Pero la contradicción salta a la vista: ¿cómo se concilia la promesa de proteger menores con la compra de bombarderos de última generación? Nadie puede afirmar que estos aviones se usarán contra niños, pero la incoherencia política es palpable cuando se prometió una cosa, pero se hace otra.

Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas de medios suecos y colombianos han mostrado que Verónica Alcocer estuvo frecuentando hoteles de lujo, restaurantes exclusivos y círculos aristocráticos en Estocolmo, incluso luego de quedar incluida en la Lista Clinton. Petro aseguró que ella no recibe un solo peso del erario, pero esa afirmación abre un interrogante aún más grande: si no es dinero público, ¿de dónde salen los recursos para ese estilo de vida? No existe evidencia pública que vincule directamente a la primera dama con la compra de los aviones, pero la coincidencia es innegablemente política: la primera dama en ambientes de nobleza sueca, la empresa Saab firmando un contrato con Colombia, Saab investigada en varios países por presuntas coimas y un estilo de vida inexplicable sin fuentes claras de financiación. En política, las coincidencias importan y esta es una coincidencia superlativa.

Es fundamental precisar que estas dos preguntas no constituyen una acusación penal, pues aunque no hay pruebas públicas que confirmen que los aviones serán usados para bombardear menores ni que la vida aristocrática de la primera dama provenga de dineros irregulares. Pero en política la legitimidad no se destruye solo con delitos, sino con incoherencias, silencios y decisiones inexplicadas. Un gobierno que prometió paz, austeridad y defensa de la vida no puede evadir explicaciones cuando compra bombarderos por 16,5 billones, su primera dama aparece viviendo como noble europea, no se conoce quién financia ese estilo de vida y coincide con un contrato militar con una empresa cuestionada globalmente. El país merece respuestas sin evasivas, sin discursos, solo se exigen Respuestas.

Las dos preguntas que hoy interpelan al Gobierno —para qué se compran estos bombarderos y cómo se financia la vida aristocrática de la primera dama— no son producto de fantasías opositoras ni maniobras mediáticas: son el resultado lógico de una cadena de hechos que contradicen la narrativa central del Gobierno. Es importante subrayar que ninguna de estas preguntas implica una acusación penal. No hay pruebas que permitan afirmar que los aviones fueron comprados para bombardear menores ni que la primera dama reciba coimas o dineros vinculados al contrato Gripen. Sin embargo, la política es más amplia que el derecho penal y las apariencias importan, las contradicciones pesan y las incoherencias fracturan. Un contrato militar descomunal coincidido con una presencia inexplicable en la nobleza sueca no prueba un delito, pero sí revela un desorden ético profundo.

La nación que eligió un presidente que prometió defender la vida observa, con desconcierto, cómo se compran bombarderos mientras se consolida un estilo de vida ajeno a cualquier austeridad republicana. Cuando el discurso se convierte en una sombra lejana de las acciones, el país tiene el derecho y el deber de exigir claridad, aunque las preguntas sean difíciles de comprobar, pero también  son imposibles de ignorar cuando este Gobierno llegó prometiendo coherencia moral. Hoy, entre bombardeos a menores, coimas y derroche con la nobleza sueca, enfrenta su mayor incoherencia.

Luis Fernando Ulloa