La estrategia de cobro es sencilla. Todos pagan. La gente cree aún que las estructuras urbanas criminales viven del narcotráfico, pero esto es sólo parcialmente cierto. En el puerto de Buenaventura controlan el comercio. El legal y el ilegal. Deciden quién puede vender y en dónde puede hacerlo. Las arepas, el plátano, la cebolla o el cilantro. Es una regulación criminal del mercado. Cada vez se hace más difícil reportar lo que está sucediendo con este delito, que tuvo un incremento del 13% año corrido (enero – octubre), pero en el puerto bajó un 45% en el mismo período, pasando de 220 casos a 121. Habrá que ver los próximos reportes hasta diciembre, pero hasta el momento es lo que reportan las fuentes. Honestamente, me parece contraevidente.
Puede existir subregistro. Tal vez un vacío de información ante el nivel de control que han logrado Shottas y Espartanos en la zona urbana, o ante la entrada de otras bandas. Puede haber caído sustancialmente la denuncia ante la impunidad específica de ese delito – entre otros. También puede ser que en algo esté funcionando tener a estas dos estructuras sentadas en la mesa de diálogo socio jurídico. O la combinación entre esto y la afectación al negocio del narcotráfico. Por ejemplo, la incautación de pasta base pasó de 15 kilos en el 2022 a más de 1.000 en el 2023, aumentando un impresionante 7000%. Pero también subieron las masacres, el homicidio de líderes y lideresas sociales, el homicidio en general y también el de miembros de la fuerza pública según datos del SIDECO de la Policía Nacional.
Así que no es muy coherente el dato de extorsión, por lo que la mayor probabilidad es que el descenso se deba simplemente a una combinación de mayor silencio, menor denuncia y más homicidios ejemplarizantes de quiénes no pagan. Así que temo advertir que no está funcionando la mesa para disminuir las acciones de shottas y espartanos y que este año de no llegarse a algún acuerdo más concreto y sobretodo a avanzar en alguna solución de las muchas ideas que se conversan en dichas mesas, no veremos una reducción significativa. Hay otras bandas en la ciudad que no ven la necesidad de sentarse a dialogar. No confían y no les interesa la oferta.
Hay una inadecuada gestión de las agendas criminales en Buenaventura al igual que en otras regiones del país. Lo primero es que se han “revuelto” las agendas. El propio presidente Gustavo Petro lo afirmó hace pocos días. Son dos cosas distintas. Bajo la misma premisa de creer que los grupos armados urbanos por tener injerencia en la movilidad social de las poblaciones vulnerables tenían un equivalente en demandas sociales colectivas y más específicamente en mayores oportunidades para la generación de empleo o el emprendimiento es confundir lo que en efecto muchos jóvenes desean – las oportunidades – con la esencia misma del grupo – la acumulación de dinero, poder y el ascenso social. Y esto ocurre porque no se le prestó atención al surgimiento de bandas y estructuras criminales y por el contrario mientras el país se concentraba en la contra-insurgencia, se contentaba con que el crimen organizado mantuviera un bajo perfil.
Y esto es lo que durante el 2022 después de la tregua y el 2023 terminaron siendo las conversaciones socio jurídicas: una estrategia de control de daños con una baja intención – probablemente por la incertidumbre – de modificar la escala de los crímenes o comportamientos asociados a estas bandas, pero intentando moldear su comportamiento para que exhiban menores niveles de agresión o letalidad. En esto puede estar la explicación del silencio que rodea a la extorsión y que también puede verse también en Tuluá donde hay todo un aparato criminal en la sombra, que ha crecido con los años al amparo del silencio.
Mientras tanto, la vida cotidiana de la gente sigue sucediendo entre el cobro de un impuesto ilegal e injusto que muchos pagan con la propia vida. Y en cada plátano que se compre estará también el miedo a que algún día ya no haya suficientes tiendas para pagarles las cada vez más costosas guerras urbanas.
