Los organismos de control en Colombia nos enseñaron y acostumbraron que los funcionarios públicos a investigar, los de las presuntas conductas punibles y sospechosas, los funcionarios de no confiar, repito, nos enseñaron que los funcionarios malucos, estaban en las provincias. Recuerden aquellos titulares de prensa “se robaron a tal departamento”. Sí.
Siempre las noticias salidas de esas entidades (Contralorías, Procuradurías, Fiscalías, Auditorías), resaltaban que los jefes de esas dependencias perseguían a todos esos funcionarios bandidos y corruptos que se producen todos los días en todas las poblaciones de Colombia, menos en Bogotá y en Medellín.
Nunca, “cómo se les ocurre que los funcionarios públicos de Bogotá y de Medellín son capaces de conductas en contra de la buena fe pública y en contra de los recursos del Estado, jamás”. Ni lo piensen.
Para decirlo francamente, sin alegrarnos por la suerte negativa que puedan correr los señalados por la Contraloría General de la República por el caso Hidroituango, si nos alegra saber que por fin, a los que llaman “integrantes de la clase dirigente nacional” son llamados a responder por el mal manejo de los recursos, ya sea por acción o por omisión. De cualquier manera, responsables de “no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios”, o como un padre lo haría en protección de sus bienes o de sus hijos.
Si bien es sabido que la Contraloría no sanciona a los funcionarios con medidas de aseguramiento intramurales o cárceles, no es menos cierto que deben responder hasta con sus bienes por no cuidar la plata pública, que generalmente son los impuestos que “nos imponen” para asegurar la construcción de grandes obras.
El país se ha sacudido porque allí entre los principales cuatro implicados de haber actuado presuntamente en forma irresponsable, hay nada más y nada menos que tres presidenciables y eso tiene a todo mundo confundido, especialmente a los que son candidatos de los partidos del centro, que resulta que ahora son todos, y entre esos tres está Sergio Fajardo, quien encabezaba encuestas sin ser candidato de ningún partido tradicional, es decir, no es liberal ni conservador, lo que le daba un plus o mérito mayor a reclamar.
Precisamente esa encuesta, acaba de matar a Fajardo.
Ha dicho el candidato “indeciso” que “no es de derecha ni de izquierda”, que “no es de Santos ni de Uribe”, que “no es candidato conservador ni liberal”, y no ha dicho que “no soy de aquí ni soy de allá” porque eso le luce decirlo es a Julio Iglesias. Ojalá como el cantante español no vaya a cantar nunca “soy un truhán, soy un rufián”, por cierto un éxito de la discografía mundial.
Al ponerse Fajardo finalizando noviembre arriba en las encuestas de preferencia electoral, era presumible “pensar que políticamente algo no anda bien”.
Con la imputación de cargos de la Contraloría por fallas en la planeación y ejecución y por acciones u omisiones en lo de Hidroituango, las cosas han vuelto a normalizarse porque con eso le limitan sus aspiraciones presidenciales, teniendo en cuenta que el candidato “indeciso” “no es de derecha ni de izquierda”, “no es de Santos ni de Uribe”, “no es candidato conservador ni liberal” y eso en Colombia no se perdona, porque él debe tener un dueño y según sus declaraciones, no lo tiene. Está probado que en Colombia siempre hay que tener “un patrón”, así el apellido pase por Escobar.
Debo decir aquí que no me gustan los “indecisos”.
Ahora todos los fajardistas deberán entonces buscar candidato presidencial para las próximas; los seguidores de Alfredo Ramos estarán quietos hasta que salga un candidato conservador y los de Gaviria no se hacen ganas, pues para las próximas pase lo que pase, no le alcanza el tiempo. Los liberales llegarán arrimados, que es donde están ahora.
El retén impuesto a Fajardo por la Contraloría llama la atención de los opinadores.
Los conservadores en la última convención del partido, dijeron que quieren tener candidato propio y que no quieren hacerle más “la corte” a nadie, para ganar su amor. Ese nadie es Álvaro Uribe, a quien le han limpiado el piso los últimos 20 años. Ya los conservadores se sienten más grandes, con vocación de poder y con la autoridad para reclamar tener candidato propio después de apoyar “al nuevo partido”, después a la “U”, después al “centro democrático” y por último a Duque con vicepresidenta a bordo.
Hoy los partidos de derecha están renunciando a ser de derecha. El presidente Duque ha dicho ser de “extremo centro” (?) y en los últimos días manifiesta ser de “centro”, todos yendo hacia allá porque los colombianos están “mamaos” de los de derecha y de los de izquierda, eso con el ánimo de “quitarle el dulce de la aspiración” a Fajardo quien dice ser de “centro”.
En la fecha, los conservadores tienen un candidato de buena estatura intelectual, con excelente formación académica y económica, con muchas referencias del mundo capitalista y con muchas decisiones de empujar el desarrollo de pueblos y países. Luis Alberto Moreno es muy bajito de estatura, pero es grande en todo lo demás anteriormente anotado.
Pienso que los conservadores, partido al que pertenece el Contralor General, están jugando una carta dura e importante; carta dura quitándose un enemigo presidencial como Fajardo, y carta importante jugándose la presidencia con candidato personalizado, en Moreno, reclamándole con toda razón la reciprocidad al Centro Democrático, pidiendo apoyo, ya que el Centro Democrático no vislumbra un candidato fuerte. Tal vez Carlos Holmes.
La política colombiana siempre se ha decidido en las Procuradurías, en las Contralorías, en las Fiscalías y por eso no resulta imposible pensar que ahora se esté decidiendo la suerte de la presidencia con la investigación de la contraloría a Fajardo y 27 más. Falta ver que nos trae por estos días el procurador saliente Carrillo. Se espera una respuesta de los liberales.
Volviendo a la idea inicial de “que los presuntos implicados de defraudar el tesoro público” nunca nacieron ni están domiciliados en Bogotá o en Medellín, hoy la Contraloría nos despierta y nos da a los provincianos el deleite de saber que sus investigados provincianos no siempre son los malos del paseo.
Por supuesto, tampoco declaramos impolutos a muchos gobernantes provincianos cuya misión es ponerse al servicio de las empresas electorales, todas ellas conformadas con el superior permiso de la Constitución del año 1991, empresas a las que les deben obediencia dada la conformación de las sociedades politiqueras en el momento en que inscribieron en la Registradurías sus candidaturas, entidad estatal que ese día les sirvió de notarías, lugar donde se registran con muchos testigos los negocios políticos en Colombia. Si piden ejemplos, hay 1.104 alcaldes y 32 gobernadores; pregunten por allí.
Por fin y en esta ocasión por rara vez, para la Contraloría los presuntos esquilmadores de los recursos públicos no viven en las provincias sino en las dos grandes capitales del país. Eso es un descubrimiento.
Nos faltará por revisar cómo se van a hacer los acuerdos políticos para garantizar la próxima presidencia. De esos acuerdos también dependerá el resultado final de la investigación; valorando cuánto sea el apoyo electoral de esos presuntos culpables en favor de algún candidato, sabremos realmente si esos presuntos culpables terminan siendo culpables.
Si “el indeciso” le pide a todos sus seguidores que hay que colaborar electoralmente para que los conservadores lleguen a la presidencia, es probable que desaparezca esa presunción en Hidroituango que hoy le cuelga en el cuello y que le podría quitar algunos bienes económicos.
Fajardo entonces por fin tendrá que decidir algo y eso ya será mucho avance en él. Deberá agradecerlo, se olvidará de las canciones de Julio Iglesias y lo harán olvidar también de su aspiración presidencial y a los colombianos nos dirán que su imputación de cargos fue simplemente una equivocación de la Contraloría y que ciertamente a los que hay que sancionar son los bandidos que son los que viven y trabajan en la provincia. ¿Apuestan?
