El Catatumbo no es una excepción. Es un espejo. Lo que allí ocurre -violencias superpuestas, control armado, economías ilegales y crisis humanitaria recurrente- se repite, con distintos rostros, en amplias zonas del país donde la salida de las antiguas guerrillas no fue acompañada por la llegada efectiva del Estado.

Tras la desmovilización de las FARC, muchas regiones no entraron en una fase de posconflicto, sino en un vacío de poder. Allí donde el Estado no fue capaz de ocupar democráticamente el territorio, otras organizaciones armadas lo hicieron. No con proyectos políticos, sino con control social violento, rentas ilegales y administración del miedo.

Catatumbo condensa ese fracaso. No porque sea más violento que otros territorios, sino porque hace visible una constante nacional: la paz no puede reducirse al silenciamiento de los fusiles si no va acompañada de institucionalidad, derechos y presencia civil sostenida.

Durante años se apostó a una secuencia equivocada: primero seguridad, luego desarrollo; primero control militar, después Estado social. El resultado está a la vista. La seguridad sin inversión social no transformó los territorios. La política social sin control territorial no protegió a las comunidades. Y la presencia armada sin institucionalidad civil no construyó Estado.

El Catatumbo, como el Pacífico nariñense, el sur de Córdoba, el Bajo Cauca, el sur del Meta o el norte del Cauca, muestra que el problema no es la ausencia de acuerdos, sino la ausencia de una política territorial de paz.

Incluso cuando el Estado ha reaccionado ante crisis extremas, como ocurrió con la declaratoria de Conmoción Interior frente a la guerra entre grupos armados, la respuesta ha sido limitada por una comprensión estrecha de la excepcionalidad. Se contuvo la emergencia, pero no se transformaron las condiciones que la producen. El resultado es una vulnerabilidad acumulada que convierte cada nuevo choque armado en una crisis humanitaria anunciada.

La lección es clara: no basta con apagar incendios. Se necesita una política de paz que ocupe democráticamente el territorio, región por región, con un enfoque diferenciado y sostenido en el tiempo.

¿Qué implica eso en términos concretos?

Primero, seguridad humana territorial. La prioridad no puede ser solo el control del enemigo armado, sino la protección de la vida cotidiana: líderes sociales, comunidades campesinas, mujeres, niños y niñas. La seguridad debe medirse en libertad de movimiento, retorno digno y posibilidad de vivir sin miedo.

Segundo, Estado coordinado y con dirección política unificada. Los territorios no resisten ministerios actuando de manera fragmentada. Se requiere presencia permanente, capacidad de decisión en el terreno y coherencia entre seguridad, inversión social, justicia y desarrollo.

Tercero, respuesta integral a las economías ilegales. Sin alternativas reales de ingreso, la ilegalidad seguirá siendo racional para amplios sectores excluidos. La sustitución no puede ser solo erradicación; debe ser transformación productiva y acceso a mercados.

Cuarto, reconocimiento y desmontaje de la violencia simbólica. La estigmatización de regiones enteras como “zonas rojas” o “territorios inviables” justifica el abandono y normaliza la excepción permanente. Sin dignidad territorial, no hay paz sostenible.

El Catatumbo no es un problema local. Es una advertencia nacional. Allí donde el Estado no llega con derechos, otros llegan con armas. Allí donde la paz no ocupa el territorio, la violencia se reorganiza.

Si Colombia quiere una paz duradera, debe abandonar la lógica de respuestas episódicas y asumir una política integral de paz territorial, construida región por región, con la misma determinación con la que se enfrentan las crisis fiscales o macroeconómicas.

La pregunta ya no es si podemos hacerlo. La pregunta es cuánto tiempo más puede el país permitirse no hacerlo.

Clara López Obregón