En Colombia solemos hablar del cabildeo como si fuera un problema en sí mismo. No lo es. El verdadero problema es que hoy existe sin reglas claras, sin transparencia y sin trazabilidad. Se influye en leyes, decretos y decisiones presupuestales todos los días, pero buena parte de esa influencia ocurre fuera del escrutinio público. Eso debilita la confianza, alimenta la sospecha y deteriora la calidad de las decisiones públicas.

El cabildeo no es otra cosa que la representación organizada de intereses ante quienes toman decisiones. En una sociedad plural, con economía de mercado y democracia representativa, eso es inevitable. Empresas, gremios, sindicatos, ONG, universidades y organizaciones sociales buscan incidir en normas que afectan su actividad. Pretender que eso no ocurra es ingenuo. Lo responsable es ordenarlo, hacerlo visible y someterlo a reglas de integridad.

Las democracias que funcionan bien no niegan la influencia. La regulan. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Chile o Perú cuentan con leyes de lobby que establecen quién puede influir, sobre qué temas, ante quién y bajo qué condiciones. Eso no elimina los intereses, pero sí reduce la captura del Estado, mejora la deliberación pública y fortalece la legitimidad de las decisiones.

Una ley de cabildeo en Colombia debería partir del principio de que si se busca influir en decisiones públicas, esa influencia debe ser transparente. El primer componente es un registro público obligatorio de cabilderos. Quién hace cabildeo, a quién representa, en qué temas y durante qué periodo. Sin registro, no hay cabildeo formal. Esto permite saber quién está detrás de cada posición.

El segundo componente clave es la publicidad de agendas. Congresistas, ministros, viceministros, directores de agencias y altos funcionarios deberían publicar sus reuniones con cabilderos: fecha, tema tratado y actor representado. No se trata de burocratizar la gestión pública, sino de dejar rastro cuando se discuten asuntos que afectan políticas públicas.

Un tercer elemento fundamental es la huella legislativa y regulatoria. En los proyectos de ley y normas de alto impacto, debería quedar claro quién fue consultado, qué propuestas se recibieron y cuáles fueron incorporadas. Esto mejora la calidad técnica de las normas y permite evaluar si una ley responde al interés general o a intereses particulares.

La ley también debe incluir reglas de integridad claras. Periodos de enfriamiento para exfuncionarios que pasan al sector privado, declaraciones de conflictos de interés y sanciones proporcionales por ocultar información o incumplir las obligaciones de transparencia. Regular el cabildeo no es perseguirlo, es exigir responsabilidad.

Otro punto clave es igualar la cancha. Hoy influyen más quienes tienen más recursos y acceso. Una buena ley de cabildeo debe complementar la transparencia con audiencias públicas obligatorias en proyectos de alto impacto y mecanismos para que también participen pymes, organizaciones sociales, academia y territorios. La transparencia sin pluralismo es incompleta.

Regular el cabildeo no debilita al Congreso ni al Ejecutivo. Los protege. Les da mejores insumos, reduce la presión informal y fortalece la confianza ciudadana. Además, mejora la calidad de las leyes y disminuye el riesgo de decisiones mal diseñadas o capturadas por intereses estrechos.

Una democracia fuerte no le teme a los intereses; le teme a la opacidad. Colombia no necesita menos debate ni menos incidencia. Necesita reglas claras para que esa incidencia sea visible, legítima y compatible con el interés general. Una Ley de Cabildeo es un paso necesario para modernizar el Estado y fortalecer nuestra democracia.

Daniel Gómez Gaviria