Esta semana que pasó, las noticias internacionales nos cuentan que el primer ministro de Estonia había decidido renunciar al cargo de primer ministro de su país, pues él como jefe de gobierno había nombrado en puestos oficiales o públicos a algunos miembros de su partido, los que llegaron a robar y saquear las arcas del Estado con visibles hechos de corrupción y él sentía que su obligación era salir a responder pública y políticamente por los actos de esos sinvergüenzas.
Por cierto el primer ministro tiene el curioso nombre de Jüri Ratas, (ni colombiano que fuera).
El viernes 15 de enero, el señor Fernando Carrillo Flórez, Procurador saliente, no solamente entregó su cargo de Procurador a la nueva titular sino que también entregó su aspiración presidencial pues en la despedida dijo que en “la Procuraduría hay una mafia que se encargaba de cambiar los fallos”. Con esa afirmación, ni siquiera será escrito su nombre en las servilletas cuando empiecen a rayar aspirantes para la presidencia.
Y la razón por la cual se puede despedir de esa aspiración de vivir cuatro años en la Casa de Nariño, obedece a que la corrupción en este país la patrocinan la mayoría de los directorios de los partidos políticos en Colombia.
Según la Constitución Política que fue hecha por los partidos políticos en Colombia con la constituyente de 1991, en el artículo 276 ordena que el Procurador General sea elegido, léase bien, elegido por los senadores de la República.
Los senadores son elegidos por los partidos. Los directores de los partidos dicen quienes son los que pueden estar en esa lista de elegibles a senadores. Los senadores resultan eligiendo al Procurador que les diga su director político.
Luego, los senadores para cobrarle al procurador esa elección, le entregan los nombres de las personas que deben ser nombrados procuradores delegados, regionales, provinciales y judiciales en todos los lugares de Colombia. Y esos procuradores delegados, regionales, provinciales y judiciales le quedan debiendo un favor a esos senadores y a los directores de los partidos políticos.
En conclusión; cuando Carrillo Flórez todavía en funciones el viernes pasado manifestó como procurador que en “la Procuraduría hay una mafia que se encargaba de cambiar los fallos y que engavetan los procesos”, lo único que logró es que los jefes políticos de los partidos lo miren como una persona no confiable para sus intereses. “Eso lo podrá decir Carrillo pero en privado y no lo queremos hablando así de nosotros” pudo haber sido la frase recurrente de esos jefes políticos.
Lo grave es que una acusación de esa naturaleza en calidad de vigente Procurador, suena como una autoconfesión, con profunda decepción administrativa, es decir, que no pudo eliminar la corrupción y al no acabarla, se le mostrará como a un funcionario de medio pelo, pues si fue incapaz de controlar la corrupción en una entidad como esa, organización que precisamente tiene todas las herramientas jurídicas y administrativas posibles para acabar con la corrupción, díganos pues como sería su manejo en calidad de presidente dirigiendo las miles de entidades que tiene el Estado.
Dicen las referencias que el Estado colombiano como organización tiene 52 sistemas de información. Esos 52 sistemas no son uniformes con el inventario de las entidades públicas, es decir, esos 52 sistemas de información no saben cuántas entidades estatales responsables de la gestión pública hay en Colombia.
El Departamento Administrativo de la Función Pública tiene información de 6.247 entidades; el Ministerio de Hacienda dice que hay 12.000 entidades; la Contaduría General de la Nación nos cuenta que hay 3.375 y el Archivo General de la Nación nos publica 7.855. La Procuraduría hace 4 años y luego de depurar la información pudo identificar 9.041.
Ustedes se imaginan, ¿cuánta corrupción hay en todas esas entidades, si el mismo procurador dice que en la entidad a su cargo, encargada de perseguir a los corruptos, hay corrupción?. “Nos juimos hp”, se escucha en los aires costeños cuando comienza el baile.
“Estamos tratando de desmontar una mafia al interior de la Procuraduría que se encargaba de cambiar los fallos”, afirmó el funcionario en sus últimas horas en ese cargo.
“Pruebas al canto” ha dicho el hoy exprocurador.
La frase “pruebas al canto” es una expresión del latín que significa que lo que expresa es inevitable y va a suceder, o se dirá inmediatamente.
Y si lo dijo el exprocurador hoy, hay que creerle.
Eso ha sucedido en la General de la Nación y en todas las regionales. Pero la corrupción en la Procuraduría no sólo ha sido para cambiar fallos o para engavetarlos. También ha sido para inventarlos.
En la época de Ordóñez, el inquisidor de la comarca, todos los procuradores le enviaban una relación de los casos de posible apertura de investigación disciplinaria, así no hubiese los mínimos motivos para iniciarla. Esos procuradores regionales tenían que mostrarse.
Un sinfín de sinvergüenzas (también hay funcionarios muy serios y honrados) se había apoderado en ese entonces de las procuradurías, que sancionaban hasta por “intento de sospecha” y ponían a todos los funcionarios públicos a defenderse de las conductas que nunca violaron mientras esos delincuentes procuradores trataban de ponerse en el corazón del procurador general Ordóñez, procuradores corruptos que debieron llegar a la cárcel mucho antes que sus investigados, investigados a los que a través de diversas fuentes y “correos” muchas veces les llegaban razones de esos malqueridos para inventarse absoluciones.
“Bandidos de mala leche” arropados siempre con el vestido de las malas intenciones.
Ya saliendo Carrillo Flórez de la Procuraduría, empezará a recibir todas las críticas que quiera por sus frases finales, de las que tampoco tengo ninguna duda tendrán el amparo o el afán condenatorio de periodistas y medios de comunicación que sin ningún temor le sirven a esos dirigentes políticos de los que hablamos ahora y que tienen prácticamente secuestradas las entidades del Estado, entre ellas la Procuraduría.
Está por verse si a Carrillo por haber dicho esas verdades, le alcanza para que el presidente Duque lo nombre embajador en forma de pago por haber engavetado algún proceso en favor del jefe político de quien hoy gobierna. Si el exprocurador dice tan seriamente que en la procuraduría engavetan procesos y cambian fallos, no habría porque extrañarse que él mismo lo hubiera hecho. Y claro, de eso dependerá su próximo puesto. Sólo ahí sabremos cómo actuó.
Punto y aparte: La familia del periodista Jorge Eliécer Orozco Dávila, solicita ponernos ante Dios en oración por la recuperación de su salud. Con gusto.
