Muy raro el fallo de esta Corte sobre la tutela que presentó la defensa de Uribe con el fin de quitarle la condición de imputado para allanar el camino a la preclusión solicitada por el desastroso fiscal Jaimes.
Era una tutela para haberla rechazado 9 a 0, pero quedó 5 a 4, con un elemento muy grave puesto que una magistrada conservadora con intereses en el gobierno uribista, recurrió a esa extraña figura de la audiencia innominada, mediante la cual la defensa del imputado puede alegar que no le han brindado suficientes garantías, cuando las ha tenido más que suficientes, tantas, que todas las instancias hasta ahora recorridas le han ayudado. Sin embargo, su delito es tan grave y tan contundente su trama criminal, que es imposible su preclusión, como será, que la misma Corte no la aceptó, aunque dejó abierto un hueco de escape.
¿Qué es la tal audiencia innominada?
Las siguientes son definiciones son bajadas del Google. “Los abogados hablan de “audiencia innominada”, es decir que no se conoce el nombre específico de la diligencia. … Los abogados hablan de una audiencia innominada, porque a diferencia de otras (audiencia de medida de aseguramiento, de imputación, de alegatos…) esta no tiene precedentes”.
“En Colombia, como audiencias preliminares innominadas, entre otras, está la revocatoria de medida de aseguramiento, y la petición de libertad. Estas audiencias se caracterizan porque su solicitud, trámite, controversia probatoria y jurídica, versan sobre asuntos específicos”.
Esta figura ya la intentó Granados en una etapa preliminar del juicio, pero le salió mal. Ahora, este tipo de audiencia la retoma la Corte Constitucional con el expreso propósito de que se revise si Uribe ha tenido plenas garantías en su proceso penal, recurriendo para ello a un juez de garantías, es decir, a un juez menor, como aquella jueza qué a pesar de las 1.500 páginas de pruebas de la Corte Suprema, decidió levantarle la medida de aseguramiento.
Este salvavidas de corto vuelo se va a caer, porque no tiene fuerza jurídica, pero le servirá a la defensa del imputado para seguir embolatando a la justicia.
¿Qué se logra con esta audiencia a favor del acorralado imputado?
Primero, parar las audiencias. Ya se han pospuesto dos, las del 16 y 19 de noviembre para evitar la presentación del abogado Miguel Ángel del Río. Me imagino la batalla jurídica que tuvieron la defensa de las víctimas, la defensa del victimario y la jueza. ¿Por qué le tiene tanto miedo a esta audiencia? Por el paramilitarismo que dejaría a Uribe cerca en el borde del sartén de la Corte Penal Internacional. La nueva fecha de la audiencia es el 25 de noviembre. Veremos si se realiza o se posterga para el 2022 con cualquier argumento cobarde y marrullero.
Segundo, ganar tiempo porque se trata de que el imputado llegue con el menor ruido jurídico a las elecciones con el fin de salvar votos para que el Centro Antidemocrático no desaparezca en marzo, y también para tener espacio de negociación en la primera vuelta de las presidenciales, entregado a la rara Coalición de la Experiencia, que más parece el nombre de una iglesia pentecostal para personas de la tercera edad, que el nombre de un serio proyecto político.
Cuando se niegue su preclusión, el juicio y condena es la ruta y el final de este espantoso caso de maldad política y torcedura jurídica. Negada la preclusión su partido queda aniquilado y solo la “gente bien armada” le votará. Y para las elecciones presidenciales el bloque de la Concertación de la Experiencia en clientelismo, política maluca, y corrupción, será la que reciba los votos que le quedan al imputado.
Tercero, volviendo al componente jurídico, el aberrante sistema penal acusatorio y las troneras en su articulado, contribuye a la destrucción institucional en la que está hundido el Estado colombiano.
- La Corte Suprema no debió perder competencia en el proceso.
- La Fiscalía se ha convertido en sinónimo de preclusión y de vencimiento de términos, por tanto, de impunidad.
- El proceso Uribe ha recorrido varias instancias, desde una juez de garantías, luego un juez de conocimiento y ahora a una jueza penal de circuito. Pero, por culpa de la tal audiencia innominada o audiencia cómplice, en este caso, se retrocede y se recurre nuevamente a una instancia de menor nivel: un juez de garantías. Ya vimos como un funcionario de estos se puede inclinar a favor del imputado, porque teme enfrentar las tanquetas jurídicas de sus defensores. Entonces, el proceso se estanca, bajo presión puede decidir a favor del imputado y avanzar a la preclusión del caso en la Fiscalía o por vencimiento de términos, que es la otra estrategia usada por abogados que ganan millonarios honorarios para lograr en la Fiscalía la libertad de todo poderoso bandido.
Entonces, Uribe necesita demorar el no a la preclusión. A pesar de todas las argucias jurídicas no creo que logre dilatarla hasta el final de sus días. Salvar y reestructurar las instituciones de Colombia pasa por llevar a juicio y condenar a Uribe.
Leí hace poco un gran artículo de Fernando Mires sobre Pinochet. Me quedó claro que el general era más inteligente que Uribe, aunque ambos detrás de una imposible y mortal utopía hitleriana.
