En la vida ocurren causalidades felices, por lo menos para el crecimiento humano y profesional. Debí asistir al Centro Zonal de Bienestar Familiar de la Localidad de Los Mártires a causa del trabajo con una menor de 16 años, “Cristal o la Barbie como la llamamos quienes la conocemos y respetamos su construcción identitaria. A la edad de 13 años Catherine Alfonso, contratista de la Subdirección para Asuntos LGBTI y trabajadora social del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros-CAIDSG Zona Centro y Yo debimos presentarla ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF por estar en situación de lo que llama el Estado explotación sexual y en riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Esta vez me tocó presentar a “Cristal o la Barbie” sola porque ya cansada de su trasegar por la calle y con una edad de 16 años decidió por voluntad propia, darle otro rumbo a su vida porque la prostitución no le satisfacía. “Cristal o la Barbie” es una adolescente transgénero migrante irregular venezolana.
Pese a haber insistido al momento de su presentación en que su proceso había dado inicio en ese mismo Centro Zonal y que su identidad de género era femenina como mujer transgénero y que se le habían solucionado sus situaciones de migración y afiliación al sistema general de seguridad social en salud, afiliándola en el régimen subsidiado a Capital Salud como población especial, para mi sorpresa en momento alguno se respeto su identidad, nombrándola en masculino y sorpresivamente no eran capaces de encontrar su historial de atención ni su afiliación a seguridad social en salud pese a que eso había sido realizado en su oportunidad por la misma institución que en algún resulto en una de las Unidades de Protección Integral-UPI del l Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON. Se omitió en la entrevista preguntarle las instituciones o las unidades por las que había trasegado y por emergencia se le envío a una Institución en la que “Cristal o la Barbie” ya había tenido algunas dificultades…¿Qué pasó con los procesos de inducción y reinducción de la entidad?¿Han tenido el interés suficiente las funcionarias, servidoras públicas o contratistas presentes en el Centro Zonal para aprender a localizar un historial de atención, a leer los documentos que aporta una persona usuaria de sus servicios inclusive siendo reincidente o simple y automáticamente llevan a cabo unas remisiones sin tener en cuenta las especificidades, las características y hasta las interseccionalidades de la misma?
Para colmo pero como la vida te pone en donde debes estar para servir a los propósitos de la misma, presencie la atención brindada a una pareja de ciudadanos venezolanos migrantes irregulares que habiendo conformado pareja, como fruto de esta tenían dos hijos menores de 18 meses y hoy una Bebé con 7 días de nacida. Nunca entendí por qué la Defensora de Familia estuvo ausente y solo atendía por una pantalla, nunca entendí por qué el ICBF ante la gravedad de los asuntos que allí se atienden nombraban a una persona para que de manera presencial atendiera las situaciones de las personas y los menores a su cargo. Nunca entenderé porque a partir de imaginarios y prejuicios se les arrebató a sus hijos con las consecuencias afectivas, emocionales y físicas que se detonarán con ello ¿Pensaron en la nutrición de la Bebé y las consecuencias que tendrán que sortear Ella y la Madre al no poder amantar y ser amamantada?¿Pensaron en las consecuencias que tendrá en la vida y desarrollo del menor de 18 meses el haber sido abruptamente arrancado del seno de su familia?
La Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, la Clínica Jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada, miembros del naciente partido político Dignidad y Yo decidimos hacer acompañamiento al caso y ya iniciamos algunas acciones ante la rama judicial seccional distrital bogotana para pedir claridades y buscar una respuesta positiva tanto para la madre, el padre, la menor, hoy, de 7 días de nacida y el menor que hoy cuenta con 18 meses de vida. A mi parecer esto se habría resuelto fácilmente con el trámite de un permiso especial de permanencia para trámites administrativos para que los padres pudiesen tramitar el registro civil de los menores acorde a los avances normativos que garantizan algunos derechos a las personas migrantes venezolanas pero ¿son conocidos estos por las funcionarias, servidoras públicas y contratistas inclusive por la Defensora de Familia para no tener que falazmente justificar en imaginarios y prejuicios un auto de apertura de investigación?
Son preguntas que en manera alguna resultan subjetivas pero que afectan la objetividad, la calidad y cualidad de los servicios prestados y dan cuenta de la inexistencia de humanismo pero si de autómatas sin ningún grado de humanidad que hoy se encuentran al frente de entidades que deben garantizar el ejercicio de derechos de quien les consulta y no contribuir a la vulneración de derechos en un país que se precia de ser un Estado Social de Derechos.
