Colombia lleva décadas hablando de desarrollo rural. Lo ha hecho en planes nacionales, en acuerdos de paz, en discursos presidenciales y en reformas agrarias sucesivas. Sin embargo, el campo sigue atrapado en una paradoja: es estratégico para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento exportador, pero continúa rezagado en productividad, infraestructura y acceso a oportunidades. El problema no es que falten programas. El problema es que ha faltado un enfoque productivo coherente y sostenido.

En muchas regiones rurales persisten tres brechas estructurales. La primera es de conectividad física. Colombia tiene cerca de 140.000 kilómetros de vías terciarias, y una proporción significativa se encuentra en mal estado. Para miles de productores, el costo de sacar un bulto de café o de arroz puede duplicar o triplicar su margen de ganancia. Sin acceso eficiente a mercados, no hay competitividad posible.

La segunda brecha es financiera. El pequeño y mediano productor enfrenta barreras de crédito, altos costos de aseguramiento y limitada capacidad de inversión en tecnología. La consecuencia es baja capitalización y alta vulnerabilidad ante choques climáticos o de precios.

La tercera brecha es de conocimiento y articulación. La asistencia técnica es fragmentada, la innovación llega tarde y la conexión entre universidades, centros de investigación y productores es débil. Se produce, pero no siempre se transforma ni se agrega valor.

Durante años el debate rural ha oscilado entre dos extremos: el asistencialismo y la confrontación política sobre la tierra. Las transferencias monetarias y los subsidios son necesarios para mitigar pobreza, pero no sustituyen una política de desarrollo productivo rural. Del mismo modo, redistribuir tierra sin infraestructura, sin crédito y sin mercados no crea prosperidad sostenible.

La experiencia internacional muestra que el desarrollo rural exitoso combina cinco elementos: infraestructura productiva, financiamiento adecuado, innovación aplicada, acceso a mercados y reglas claras. Colombia no parte de cero. Existen instrumentos, agencias y experiencias exitosas. Lo que ha faltado es articulación y prioridad estratégica.

Primero, se requiere una apuesta seria por infraestructura productiva rural. No solo carreteras terciarias, sino distritos de riego, centros de acopio, electrificación confiable y conectividad digital. El internet rural no es un lujo; es una herramienta para acceder a precios, vender directamente y reducir intermediación ineficiente.

Segundo, el crédito debe transformarse en un instrumento de desarrollo. Garantías más amplias, seguros agropecuarios modernos y esquemas de financiamiento de largo plazo pueden elevar la productividad. El objetivo es  permitir inversión y modernización.

Tercero, la formación técnica rural debe conectarse con cadenas productivas reales. Educación media pertinente, formación técnica y tecnológica orientada a agroindustria, logística y transformación pueden cerrar brechas de empleabilidad juvenil y evitar migración forzada hacia ciudades.

Cuarto, es necesario fortalecer encadenamientos productivos. El salto no está en sembrar más hectáreas, sino en transformar, empacar, certificar, llevar productos frescos y vender mejor. Esa transición requiere incentivos correctos y coordinación público-privada.

Quinto, se necesita seguridad jurídica y estabilidad institucional. Invertir en el campo exige reglas claras en materia de propiedad, licenciamiento ambiental y consulta previa. La incertidumbre paraliza decisiones productivas y retrasa proyectos estratégicos.

El desarrollo rural no puede verse como política social aislada. Es política económica. Un campo productivo reduce pobreza, genera empleo formal, estabiliza territorios y fortalece la seguridad alimentaria. Además, tiene implicaciones fiscales: regiones que producen más aportan más al crecimiento nacional.

Colombia tiene condiciones excepcionales: diversidad climática, ubicación estratégica y conocimiento acumulado. Pero el potencial no se traduce automáticamente en resultados. Requiere decisiones consistentes durante varios gobiernos, disciplina en la ejecución y evaluación permanente.

Daniel Gómez Gaviria