Por: María Cristina Londoño

Tanto el ejecutivo como el legislativo siguen proponiendo aspectos para la reforma laboral que no apuntan a resolver las necesidades de la mayoría. La gran tarea para ofrecer trabajo decente a toda la población en edad de trabajar debería ser la principal preocupación de los representantes democráticos. Sin embargo, los proyectos que actualmente cursan en el Congreso de la República mejoran o corrigen situaciones de la relación laboral de un poco más del 40% de la población ocupada, esto es, trabajadores privilegiados con un vínculo formal, con garantías legales y aseguramiento en seguridad social.

Las propuestas nuevamente no están pensadas para la mayoría en Colombia, es decir, para la población informal trabajadora que debe trabajar sin las garantías de un marco jurídico que la proteja para obtener ingresos de subsistencia. Se anunció una reforma laboral que presentará el gobierno de turno y que dicen busca resolver cinco frentes, unos más sonados que otros y tan sólo dos de ellos podría creerse están pensados para hacerle frente a los problemas de la informalidad laboral.

Lograr que los ciclos de productividad que naturalmente se imponen por la posición tropical colombiana vuelvan a ser la regla laboral, además de optimizar los resultados de los conflictos colectivos y promover medidas activas para el cierre de brechas de género, son parte de los frentes que está liderando la ministra de trabajo en actuales procesos de concertación.

Cuando se le cuestiona a la cartera del trabajo la ausencia de propuestas pensadas para resolver el desempleo de dos dígitos y la informalidad, la respuesta se cobija en el fracaso estatal de la vetusta ley de flexibilización que no alcanzó la generación de empleo deseada hace veinte años, como si fuera suficiente recordar lo que no fue para resolver las necesidades actuales de trabajo decente en el país.

Para hacerlo más crudo, las cifras de Fedesarrollo indican que las propuestas de la reforma laboral anunciada por el gobierno harían la contratación formal aún más costosa de lo que ya es para la productividad del país. ¿Es esta una verdadera solución?.

Por su parte, los senadores y representantes a la cámara actualmente gestionan proyectos de ley sobre asuntos dispersos, que, si bien son importantes, tampoco resuelven las necesidades de la población informal. Ya están en trámite proyectos de ley que pretenden retornar a la jornada nocturna de las 6:00 p.m., además de mejorar la remuneración dominical y festiva, promover medidas contra el acoso sexual laboral, crear la nueva licencia matrimonial, un salario mínimo para profesionales y otro para técnicos, el aumento de las vacaciones a 20 días hábiles consecutivos, entre otros beneficios; de nuevo, todos pensados para la población formal, minoría en Colombia.

Les corresponde a nuestros legisladores comprometerse con la idea del estatuto del trabajo, desde la génesis de una constitución política del estado social de derecho y que nos transformó hace más de treinta años, pero sin dejar de observar las necesidades actuales de la población trabajadora en medio del progreso tecnológico y los cambios que se imponen en la demografía.

María Cristina Londoño es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad de América.