La Contraloría General de la República nos alertó sobre un riesgo sistémico en el esquema de subsidios energéticos, donde el gobierno adeuda $2.8 billones a las comercializadoras de energía, lo que conlleva cortar el servicio eléctrico a 10 millones de colombianos en estratos 1,2 y 3, afectando especialmente a los más necesitados de áreas urbanas y zonas no interconectadas (ZNI) que dependen de plantas diésel y gas. Un gobierno “malapaga» no solo vulnera la sostenibilidad financiera del sistema – exponiendo al Estado a inminentes demandas por perjuicios e incumplimientos–, sino que también pone en peligro el mínimo vital energético como derecho humano fundamental, que garantiza condiciones básicas de dignidad, particularmente crítico para poblaciones en pobreza energética multidimensional.

La gravedad de la situación radica en que la deuda acumulada afectaría a 10 millones de colombianos (20% de la población), con mayor impacto en las regiones Caribe, Pacífico y próximamente Orinoquía, lo que ha obligado a los órganos de control (Contraloría y Procuraduría), a exigir al Ministerio de Minas y Energía gestionar con la cartera de Hacienda el desembolso urgente de estos recursos. La desidia gubernamental agrava la crisis estructural del sistema de subsidios, en la medida que se han superado todos los precedentes de morosidad al acumular más de 4 trimestres sin pagar (frente al máximo histórico de 2), evidenciando no solo incapacidad administrativa sino también falta de voluntad para establecer mecanismos de renegociación que mitiguen el impacto.

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Esta situación configura un patrón recurrente de deudas acumuladas desde los años 90, pero que los anteriores gobiernos gestionaron adecuadamente, aunque pareciera que al actual mandatario le quedó difícil. También con al agravante que el esquema de intervenciones aplicada a empresas como A-ire (que atiende en promedio a 2 millones de usuarios vulnerables en el Caribe), representó una medida reactiva que no resuelve las fallas sistémicas.

Sin embargo, la cancelación de esta deuda, aunque necesario para evitar un apagón eléctrico inminente, no resuelve el problema de fondo, que se constituye en una paradoja alarmante: mientras el Estado falla en su obligación constitucional y legal de asegurar el mínimo vital energético, persisten fallas de focalización que desvían recursos a quienes no los necesitan, evidenciando la urgencia de migrar de un modelo asistencialista obsoleto con pobreza energética, a un modelo de transición energética justa (TEJ), con soluciones estructurales y la actualización del caduco esquema de estratificación, que no responde a las realidades del siglo XXI.

El debate de fondo trasciende los subsidios y se centra en migrar del asistencialismo a la inversión. Se trata de elegir entre perpetuar un modelo del siglo pasado, o avanzar hacia una TEJ que resuelva las causas estructurales de la Pobreza Energética Multidimensional (PEM) tal como lo viene sosteniendo retóricamente el actual gobierno. Y así mismo lo compartimos, Colombia requiere migrar urgentemente de subsidios mal focalizados (donde se beneficia a quienes no los necesitan) a un modelo de inversión territorial multifondos, combinando recursos públicos, privados y de cooperación internacional para desarrollar soluciones sostenibles con tecnología de punta, con generación distribuida renovable, eficiencia energética y reconversión laboral en zonas vulnerables.

Como se mencionó, los subsidios deben evolucionar de «gasto social asistencialista” a inversión territorial en clave de desarrollo humano, lo cual permitirá integrar a Colombia en las cadenas globales de valor sostenible con justicia energética, superando la paradoja actual donde el sistema mantiene a usuarios en situación de dependencia mientras malgasta las finanzas públicas. Esto exige abandonar el obsoleto sistema de estratificación por uno dinámico que mida la PEM en sus dimensiones educativas, laborales y ambientales.

Señor Presidente, el llamado urgente es claro: priorice una administración gerencial efectiva para evitar que Colombia sufra los apagones que ya vivieron Chile y Ecuador, pero esto solo será el primer paso de un proceso de cambio que debe continuar con un gran diálogo nacional entre el Estado, empresas y comunidades para construir colectivamente un nuevo modelo energético que supere el asistencialismo del siglo XX, donde la mitigación de la pobreza energética se logre mediante desarrollo humano territorial en el marco de un sistema eléctrico descentralizado. Esto implica avanzar hacia políticas integradoras con sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica y justicia social con marcos regulatorios flexibles de cara al siglo XXI.

Por último, presidente, no olvide que la verdadera justicia energética no se mide en kilovatios subsidiados, sino en capacidad instalada para el desarrollo territorial. Es decir, que el gobierno haga de la utopía una realidad y no continuar en el mero discurso del realismo mágico al que nos tienen acostumbrados, y por favor! no deje apagar el país!

Luis Fernando Ulloa