Juan David Palacio C, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Con la situación social y económica derivada del COVID-19 surgió una necesidad mundial de reinventar y retomar las formas para generar recursos, pues la pobreza y la desigualdad se recrudecieron. No obstante, los retos que nos impone la nueva realidad no significan poner lo económico sobre un tema que es fundamental para todos: el cuidado por el medio ambiente. De ahí la necesidad de fortalecer las políticas públicas para preservar el planeta.
Al igual que la pandemia, el cambio climático y la variabilidad climática son dos hechos que todos tenemos que afrontar porque no tienen reversa: los contaminantes que emitimos de manera constante a la atmósfera por nuestras actividades diarias han provocado que los Gases de Efecto Invernadero (GEI) aumenten la temperatura de la tierra cada vez más rápido.
En los países latinoamericanos, por ejemplo, lo notamos con los periodos más intensos y prolongados de lluvias y sequías que ocasionan, entre otras cosas, incendios, derrumbes y deslizamientos que, en últimas, terminan afectando la vida de las personas. También la economía, pues los recursos públicos se deben destinar, cada vez más, a la atención de emergencias.
Ahora, aunque el cambio climático y la variabilidad climática no tienen una solución definitiva, las personas, empresas y entidades estatales tenemos la oportunidad de mitigar sus efectos y allanar el camino hacia la adaptabilidad climática.
En los últimos años, en el Valle de Aburrá, conformado por diez municipios, hemos asistido a un crecimiento urbano y poblacional exponencial que ha provocado enormes retos frente a estas cuestiones.
En ese sentido, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, realizamos inventarios de emisiones de GEI para establecer las medidas de mitigación, que nos han ayudado a obtener estimaciones confiables y precisas, para identificar los sectores o empresas que más los emiten y así tomar decisiones asertivas para lograr su reducción.
Adicionalmente, la entidad formuló el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Valle de Aburrá (PAC&VC) 2019-2030, que acoge lo establecido en el Acuerdo de París (COP21), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la política nacional de Cambio Climático, la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono (ECDBC) y la ley 1931 de 2018 en la cual se dan las directrices para la gestión del tema en Colombia. Para lograrlo, se han venido desarrollando 19 acciones por sectores económicos diferenciados:
- Agropecuario: Gestión de tierras de cultivo, ganado y pastizales.
- Forestal: Conservación de reservorios de carbono existentes y silvicultura urbana y de bosques.
- Transporte: Introducción acelerada de vehículos de ultra bajas emisiones y emisiones cero en la flota de transporte público, incremento de la demanda de vehículos de ultra bajas emisiones y emisiones cero en el sector privado, disminución del flujo vehicular y la congestión por medio de una gestión adecuada de la demanda, gestión integral del transporte de carga y volquetas en el Valle de Aburrá, gestión integral del transporte de carga y volquetas en el territorio, diseño e implementación de un programa masivo de capacitación en conducción eco–eficiente, sustitución por combustibles más limpios para vehículos e infraestructura para la movilidad sostenible y para la expansión del sistema de transporte público.
- Saneamiento: Gestión adecuada del metano por la disposición y tratamiento de residuos sólidos y las aguas residuales y estímulo de esquemas de disminución, aprovechamiento y valorización de residuos.
- Industrias manufactureras: Mejoramiento del desempeño ambiental y energético de la industria del Valle de Aburrá e implementación de tecnologías limpias y procesos bajos en carbono.
- Residencial y comercial: Promoción de la eficiencia energética y las renovables a nivel residencial y comercial, implementación de prácticas y tecnologías para la eficiencia energética en infraestructura pública y edificaciones públicas y promoción de la construcción de edificaciones bajas en carbono.
El plan, además, cuenta con seis líneas estratégicas habilitantes que soportan su implementación: 1) Educación, formación y sensibilización de públicos. 2) Ciencia, tecnología e innovación. 3) Gobernanza e institucionalidad. 4) Ordenamiento territorial y planificación urbana. 5) Instrumentos financieros y económicos. 6) Seguimiento, evaluación y reporte.
Estamos en un momento de la historia donde la reactivación económica es primordial, sin embargo, esto no puede servir de excusa para poner el cuidado del medio ambiente en un segundo plano: ¿qué haríamos con dinero pero sin un planeta para habitar?
Es posible generar riqueza y ser responsables en términos ambientales y en manos de todos (las personas, empresas y entidades del Estado) está fortalecer la economía de manera sostenible. Es nuestra deuda con las futuras generaciones.
Twitter: @JDPalacioC
