Cada diciembre, el país discute el aumento del salario mínimo como si fuera un debate estrictamente laboral. Pero lo que Colombia evita reconocer es que el salario mínimo es mucho más que un piso salarial: es la unidad de medida que, directa o indirectamente, dispara cientos de costos públicos y privados. Por eso un incremento radical del salario mínimo no solo sube el ingreso de los trabajadores; sino desencadena un efecto dominó que atraviesa todo el sistema económico y fiscal. Lo que se gana, por un lado, se pierde en parte con un incremento de tarifas y multas. Algo que todas podemos ponernos de acuerdo es que llego la hora de romper ese vinculo.

Aunque Colombia ha avanzado en la desindexación, el proceso está lejos de estar completo. Todavía hay un conjunto amplio de tarifas, multas, contribuciones, trámites, sanciones, pagos judiciales e incluso parámetros presupuestales que se calculan en múltiplos de salario mínimo. Muchos están en leyes antiguas, decretos sectoriales y normas que nunca fueron actualizadas. El resultado es una bomba silenciosa: cuando el salario mínimo sube con fuerza, sube todo lo que depende de él, y lo hace automáticamente, sin debate público ni análisis técnico.

Las multas de tránsito son un ejemplo pedagógico: siguen atadas al salario mínimo diario. Una infracción menor puede aumentar cada año por encima de la inflación, no por decisión estructural, sino por un arrastre mecánico. Lo mismo ocurre con sanciones administrativas, costos notariales, tarifas en juzgados, tasas ambientales, estampillas, cauciones, trámites de registros y un conjunto de obligaciones que pagan hogares y empresas. El ciudadano común nunca las relaciona con el salario mínimo, pero vive sus consecuencias. Por ejemplo, puede complicar lograr la pensión para algunos Colombianos.

El Estado también sufre el impacto. Muchas entidades territoriales, en especial municipios pequeños, tienen contratos, servicios tercerizados, guardas de seguridad, aseo, vigilancia y operaciones logísticas cuyo costo está amarrado al mínimo. Cuando este aumenta bruscamente, los presupuestos locales se desbalancean de inmediato. Lo que se presupuestó en octubre queda desfinanciado en enero. El aumento del mínimo no solo sube costos laborales: desajusta la arquitectura fiscal de cientos de entidades. Se estimo que con un incremento del 10% casi 30% de los municipios perderían su categoría.

Y en varios sectores sensibles, como justicia, salud y contratación pública, un aumento radical del salario mínimo se convierte en un efecto multiplicador que nadie controla. Las tarifas suben sin análisis de costo real, las sanciones se vuelven más gravosas y las entidades enfrentan obligaciones crecientes sin ingresos adicionales. Es un mecanismo que comprime la capacidad del Estado y afecta desproporcionadamente a quienes dependen de servicios públicos.

Colombia necesita sincerar esta conversación. El salario mínimo no puede seguir siendo el “interruptor maestro” que activa cargas ocultas en todo el sistema. La desindexación debe completarse, las normas deben actualizarse y el país debe entender que cada punto adicional en el salario mínimo no solo modifica nóminas: modifica todo el entramado de tarifas que tocan la vida cotidiana de los colombianos. Hasta que eso no ocurra, cualquier aumento drástico seguirá teniendo un impacto mucho más amplio y silencioso de lo que asume el debate público.

Simón Gaviria Muñoz