Bogotá está atravesando una crisis significativa en el manejo del espacio público, especialmente por las ventas informales. Según el artículo 82 de la Constitución, el Estado debe “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”. Sin embargo, en una ciudad de más de 8 millones de habitantes, el interés colectivo de los bogotanos parece estar siendo desplazado por el caos y el desorden.

¿En qué momento nos resignamos a aceptar el irrespeto por el espacio público? Las calles y estaciones de transporte no son propiedad de nadie en particular, sino de todos los ciudadanos. La falta de control en la ocupación del espacio público ha hecho que este derecho colectivo esté en constante vulneración. Mientras muchos abogan por los derechos de los vendedores ambulantes, ¿quién se preocupa por los comerciantes formales y la seguridad integral de los ciudadanos?

Sectores como El Restrepo, Kennedy, La Zona T y San Victorino, entre otros, están siendo testigos de una competencia desleal que afecta gravemente sus economías. Los dueños de estos comercios formales no solo deben pagar impuestos, arriendos y servicios, sino también enfrentar un entorno hostil donde las ventas informales crecen sin control, alejando a sus clientes. Además, estos comercios también generan empleo y estabilidad para cientos de familias, un esfuerzo que se ve cada vez más amenazado por una situación insostenible económicamente.

Para los ciudadanos que transitan por estas zonas, la situación también es alarmante. La inseguridad, el desorden, la acumulación de basura y los ruidos en las calles se han vuelto la “nueva normalidad”. Las vías de Bogotá se han convertido en espacios de desorganización, que incluso han dado lugar a mafias que cobran “vacunas” a los vendedores informales por el uso de algunos metros de calle.

Una de las primeras iniciativas que la actual administración ha impulsado es la liberación de los corredores de las estaciones de TransMilenio, que se habían convertido en verdaderos centros comerciales informales. La seguridad y el tránsito de más de 70.000 pasajeros diarios, en estaciones como El Ricaurte, es ahora una prioridad. De igual manera, este esfuerzo debe continuar y ser replicado en otros puntos críticos de la ciudad, como los portales, los puentes peatonales y las principales calles de barrios que también están colapsadas por la venta informal.

No se trata de vulnerar el derecho al trabajo, como algunos aseguran, sino de garantizar la seguridad de todos. Ante cualquier emergencia en una estación, los usuarios no tienen cómo evacuar rápidamente debido a la cantidad de obstáculos creados por la venta ambulante. Esta situación no puede continuar, y es responsabilidad de la Administración asegurar un entorno ordenado y seguro para todos.

Es importante reconocer que, aunque se han implementado mesas de trabajo y se han ofrecido alternativas a los vendedores ambulantes, muchos prefieren seguir en la informalidad y no quieren caracterizarse. Esto se debe, en gran parte, a que no tienen que asumir los costos de la formalidad, como impuestos o servicios. Sin embargo, esta dinámica perjudica tanto al espacio público como al comercio formal, lo que refuerza la necesidad de tomar medidas más efectivas.

El futuro de los vendedores informales en Bogotá sigue siendo un reto para la ciudad. La regulación y formalización parecen ser las únicas vías viables para equilibrar la protección del espacio público con el derecho al trabajo. El IPES debe continuar con su labor de diálogo, caracterización y el ofrecimiento de servicios sociales, mientras la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Bogotá deben seguir interviniendo en puntos críticos de alta concentración de ventas informales.

En su sentencia C-211 de 2017, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la ocupación indebida del espacio público, estableciendo sanciones claras para quienes lo violen. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas debe ser una prioridad si se quiere devolver el orden a Bogotá. La venta informal es un tema que no puede seguir siendo ignorado si aspiramos a una ciudad más segura, equitativa y organizada.

Cristina Calderón Restrepo