Mientras observamos el reporte de embalses como Urrá, Ituango y Calima están al tope de su capacidad (superando incluso el 102% en el caso de Córdoba). El presidente Petro tilda de «crimen ambiental» y «codicia» los vertimientos técnicos necesarios para proteger las represas, el gremio generador defiende que botar agua no es un negocio, sino una obligación de seguridad.

Como bien lo planteó Roberto Pombo en su reciente análisis junto a Luis Fernando Cristancho, profesor del departamento de física de la Universidad Nacional de Colombia “la dependencia de la hidroelectricidad nos hace rehenes de ciclos de escasez y abundancia”. Pasamos de la angustia por el racionamiento durante El Niño de 2024 a la crisis por inundaciones en 2026. En medio de este vaivén, surge una pregunta que ya no es opcional: ¿cuándo dejará Colombia de apostar su estabilidad al azar meteorológico para abrazar la firmeza de la energía nuclear?

Sin embargo, en medio del ruido político, hay una luz de sensatez técnica que empieza a brillar: la Ley Nuclear (Proyecto 466 de 2024), aprobada por una unanimidad inusual en la Cámara de Representantes, esta ley no fue un salto al vacío para dotar de seguridad jurídica a hospitales, industrias y, eventualmente, a proyectos de generación a mayor escala.

Con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), el país finalmente separa la promoción de la tecnología de su vigilancia, siguiendo los estándares de la OIEA.

No se trata de construir un central tipo «Springfield» mañana mismo. Se trata de entender que la energía nuclear es parte de la alternativa segura y limpia para complementar nuestra matriz hidráulica. Las cifras son tercas: una tasa de mortalidad de 0,03 por teravatio-hora frente al 37,72 del carbón.

Si Colombia lograra integrar los reactores modulares pequeños proyectados para 2035, no solo estabilizaría el sistema frente a fenómenos de El Niño, sino que podría evitar la emisión de 82 millones de toneladas de CO2 para 2052.

El futuro no es solo eléctrico; es social. Los microreactores podrían llevar agua potable vía desalinización a La Guajira y energía constante al Amazonas, zonas donde el Sistema Interconectado Nacional es hoy una fantasía. Además, la apuesta por el hidrógeno rosado nos pondría a la vanguardia de la exportación de vectores energéticos limpios.

En Colombia tenemos un reactor de investigación operando desde 1965 sin incidentes. El ingreso a la AIE y la nueva Ley Nuclear son los pasos de un país que decide madurar.  

Ahora falta que la política entienda que la seguridad energética no se construye con ataques a los gremios, sino con firmeza técnica, reglas claras y educación para superar los miedos irracionales.

Iván Santisteban