Colombia se encuentra hoy frente a un espejo que nos muestra dos imágenes contradictorias. Por un lado, el Gobierno celebra un avance porcentual sin precedentes en la matriz energética; por el otro, expertos técnicos y gremiales lanzan un grito de alerta ante lo que califican como una parálisis administrativa y energética, que nos acerca peligrosamente a un racionamiento que no vivimos desde los años noventa, relato que se ha repetido en los últimos tiempos.

Sin embargo, los datos no mienten, aunque sí se interpretan de formas opuestas según los intereses particulares de quien los analiza. Pasar del 2 % al 13 % de capacidad instalada renovable al cierre de 2025 es, sin duda, un salto cuantitativo que merece reconocimiento.

Departamentos como el Atlántico, con más de 700 MW en operación, demuestran que el potencial solar del Caribe no es un mito y que va en ascenso. No obstante, cuando contrastamos este avance con la meta de 6 GW para 2026, el plan se diluye: solo se ha alcanzado un tercio del objetivo. El Gobierno prioriza y corre, pero hacia una meta que se aleja más rápido que nuestras propias piernas.

El discurso, liderado por el Ministerio de Minas, ha enfatizado constantemente la “democratización” de la energía y el éxito de haber incorporado cuatro veces más capacidad que en el cuatrienio anterior. Puede que el proceso sea innegable, pero también lo es el costo asociado a la justicia social y a la descarbonización.

Es importante mencionar —aunque no siempre se quiera ver— que, al lado, en nuestras propias costillas, Venezuela fue invadida por Estados Unidos, apresando a su dictador, Nicolás Maduro, bajo acusaciones de nexos con el narcotráfico, siendo también la excusa perfecta para acaparar las grandes reservas de petróleo y el negocio que de este se desprende. Así, el optimismo del Ministerio choca con esta realidad en la búsqueda de otras fuentes de energía.

¿De qué sirve tener 1,2 billones de pesos para “Colombia Solar” si un contrato de conexión, que debería tomar cuatro meses, tarda diez? ¿Cómo pretendemos atraer más capital de riesgo —que hoy representa el 71 % de la inversión— si las consultas previas se dilatan hasta 36 meses?

La transición energética no se construye solo con paneles solares, sino con seguridad jurídica y eficiencia administrativa. Sin estas condiciones, los grandes capitales de Francia, España o Brasil buscarán destinos más atractivos. Para muestra, un botón: la demanda de EDPR contra la nación por 600 millones de dólares, tras el fracaso de sus proyectos eólicos en La Guajira.

La dependencia histórica de la hidroelectricidad nos hace vulnerables al fenómeno de El Niño, y la apuesta por las renovables, aunque correcta, se encuentra estancada en su ejecución.

El giro debe darse incluso en el proceso electoral que vivimos este año, porque 2027 puede no ser el año de la “transición”, sino el del “apagón”, con un fracaso técnico inicial y un fuerte golpe a la competitividad de industrias que, como la cafetera, intentan modernizarse a través de la autogeneración.

El Gobierno tiene razón en que el modelo de 1994 debe evolucionar, pero la ideología no puede reemplazar al tecnicismo.

Por ello, Colombia no puede darse el lujo de que su futuro eléctrico se decida en los estrados judiciales o se pierda en la lentitud estatal. El reloj corre y, para este año, la pregunta quizá no sea cuántos megavatios prometimos, sino cuántos bombillos lograremos mantener encendidos.

Iván Santisteban