Durante las últimas dos décadas, la seguridad y la defensa nacional de Colombia han vivido profundas transformaciones, influidas en gran medida por las políticas de cada gobierno. Inicialmente, la intervención de Estados Unidos a través del Plan Colombia resultó crucial a inicios de los años 2000, permitiendo el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de la Policía en la lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes. Estos grupos, durante años, dominaron amplias zonas del país, y se financiaron mediante la producción y exportación de cocaína, así como a través de extorsión y secuestro. Con el apoyo estadounidense en términos de entrenamiento, tecnología y recursos, Colombia logró recuperar la seguridad, especialmente bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, quien impulsó una política que redujo sustancialmente la actividad de organizaciones como las FARC-EP, debilitándolas militarmente y forzándolas a negociar.

Gracias a esto, fue posible para los colombianos transitar por sus carreteras con una sensación de seguridad que no se había vivido en décadas, logrando, gracias al esfuerzo de las Fuerzas Militares, liberar grandes extensiones del territorio nacional que antes estaban dominadas por el terror de los grupos armados. La recuperación de espacios seguros fue clave para que el país experimentara un claro resurgimiento económico y turístico. Este cambio fue evidente principalmente en áreas rurales históricamente marginadas, donde la presencia militar representó una garantía de paz y orden.

Sin embargo, los gobiernos posteriores deshicieron gran parte de estos avances. La administración de Juan Manuel Santos entabló diálogos de paz que culminaron en la integración de estos grupos a la vida política, sin haber respondido plenamente por sus crímenes. Esto generó divisiones en la sociedad colombiana, afectando la reputación de las Fuerzas Militares, que pasaron de ser vistas como heroicas y defensoras de la nación a ser instituciones cuestionadas.

Dicha situación empeoró con la llegada a la presidencia, en 2022, del exguerrillero del M-19, Gustavo Petro. Lo cual representó para algunos un claro golpe al legado de las fuerzas de seguridad del país. Ese gobierno ha sido percibido como adverso a las Fuerzas Militares, y en varios actos protocolarios se han evidenciado desplantes hacia la institución. Acciones que han encendido las alarmas sobre una posible estrategia para debilitar la estructura de defensa del país, generando que la violencia persista y que los grupos criminales se fortalezcan. Así, surge la interrogante de si la seguridad nacional podría estar en riesgo debido a la falta de respaldo estatal hacia sus fuerzas armadas.

Colombia parece estar en un momento en el que el fortalecimiento de políticas de seguridad coherentes y estables resulta ser la clave para evitar nuevos ciclos de violencia y pérdida de autoridad. La influencia de Estados Unidos sigue siendo esencial para la estabilidad regional, pues la seguridad de Colombia tiene un impacto directo en los intereses de Norteamérica y en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado. Para enfrentar estos desafíos, es fundamental desarrollar una estrategia que aprenda de las lecciones del pasado y dote a las Fuerzas Militares de los recursos necesarios para adaptarse a un entorno político cambiante. Sin estos ajustes, el país podría afrontar un futuro incierto y vulnerable en términos de seguridad y defensa nacional.

Edison Carvajal