A tres meses de las elecciones legislativas de 2022 y menos de seis para las presidenciales, se profundiza la preocupación de que no existan las garantías necesarias en una democracia para la participación plena de candidatos de la oposición.
En abril de 2021, la Fiscalía General de la Nación, liderada por Francisco Barbosa, sacó de la gaveta la celebración de un contrato por unificación de deudas que firmó Sergio Fajardo -gobernador de Antioquia del 2012 a 2015, actualmente candidato presidencial en segundo lugar en las encuestas- por US$77 millones de dólares con Corpbanca en el 2013. Para la Fiscalía, hay un detrimento patrimonial porque, unos años después, ese contrato le está costando al departamento mucho más dinero, y por eso se anunció imputación de cargos. La Fiscalía dijo que el exgobernador falló porque “no existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”. Es decir, como el dólar subió tanto de precio, el contrato terminó costando más y eso tuvo que haberlo previsto el funcionario.
En esta semana, la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República confirmó, en segunda instancia, la decisión del 3 de septiembre pasado que declaró como responsables de irregularidades a Fajardo y otra veintena de funcionarios y contratistas. Se trata de afectaciones al patrimonio nacional que suman a $4.3 billones de pesos atribuibles a las inversiones que se hicieron en el proyecto de Hidroituango y también por no cumplir la fecha de iniciación del proyecto.
La Contraloría afirma que en Hidroituango se implementó un “plan de aceleración” en medio del cual se tomaron decisiones que generaron la contingencia de 2018, cuando se derrumbó uno de los túneles de la galería auxiliar de desviación, que a su vez generó un riesgo ambiental y fiscal, y obligó el desvió del agua al río Cauca a través de la casa de máquinas para evitar un daño mayor. Según la Contraloría las acciones u omisiones de los sancionados conllevaron a un daño al patrimonio del Estado por las mayores inversiones injustificadas que se hicieron, “resultado de haber tomado decisiones improvisadas omitiendo el principio de planeación, y comprometiendo los recursos del erario sin tener en cuenta el deber que les asistía de mantener indemne el patrimonio público”.
En respuesta a la decisión, el precandidato presidencial Sergio Fajardo anunció en rueda de prensa el martes 30 de noviembre que solicitará medidas cautelares para proteger sus derechos políticos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
El gobernador del Magdalena Carlos Eduardo Caicedo Omar, salió del país junto con su familia el 19 de agosto de 2021 porque lo iban a asesinar. Según la denuncia en poder de la Fiscalía desde el 25 de agosto, en una conversación vía celular, Ríchard Maok Riaño Botina ‘hackerfiscalía’, le informó a Caicedo el 14 de agosto de un plan en cabeza del “clan del Golfo” y “orquestado por la ultraderecha” para atentar contra él.
El señor Moak Riaño es un exfuncionario del CTI de la Fiscalía, exiliado en Canadá, condenado por la Corte Suprema por filtrar información reservada, y conocido por pedir donaciones a cambio de hacer supuestas investigaciones. La información compartida por él, la trasladó el gobernador Caicedo al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena, y fue analizada en una reunión el 17 de agosto. Dos días después, el gobernador del Magdalena se fue del país junto con su familia, pero el 8 de septiembre se vio obligado a regresar a Colombia.
El día de su retorno a Colombia la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, le exigieron en un comunicado al presidente de la República Iván Duque Márquez, que brinde las garantías en derechos humanos para que Carlos Caicedo pueda continuar ejerciendo su labor como gobernador del Magdalena.
En el Magdalena Medio opera la subestructura Luis Alfonso Echavarría del grupo criminal Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Según denunciaron concejales de Santa Marta, dos integrantes del clan visitaron la Gobernación preguntando por el gobernador y algunas personas que forman parte de su gabinete.
La CIDH, el 2 de septiembre, le pidió información al Gobierno Duque sobre los resultados de las investigaciones que se han adelantado por las denuncias realizadas con respecto al plan para asesinar al Gobernador y su esquema de seguridad. Le dio un plazo de 10 días para que le envíe una respuesta detallada las medidas de seguridad adoptadas para proteger la vida del gobernador.
Es muy delicado que en plena campaña preelectoral un integrante del partido opositor Alianza Verde se vea obligado a anunciar que acudirá a la CIDH por falta de garantías, y que el jefe del movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana Carlos Caicedo y su familia tuvieron que abandonar de manera intempestiva el país por amenazas. También es sumamente grave que el plan criminal contra Caicedo incluya al senador y candidato a la presidencia Gustavo Petro de Colombia Humana y del Pacto Histórico, que lidera las encuestas a la presidencia de la Colombia, lo que preocupa y asusta a algunos integrantes de la derecha y la izquierda.
Aunque es inusual que un oficial elegido y en ejercicio se vea obligado a recurrir a la CIDH, no es la primera vez. El 6 de mayo de 2003 la Comisión otorgó medidas cautelares (MC-497-03) a favor de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Gobernador del Departamento del Tolima, por amenazas de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que hacían presencia en ese departamento.
Recordemos que el senador Petro tiene medidas cautelares de la CIDH desde 2002 (MC-303-02 – Colombia) para proteger su vida e integridad personal y la de su familia. Las mismas se encuentran vigentes por las continuas amenazas y hostigamientos en su contra que perduran hasta hoy. También las amenazas directas afectan a varios integrantes de su grupo familiar por lo cual se han visto obligados a abandonar el país.
También acudió Petro a la CIDH a finales del 2013 (MC-394-13) para evitar que se hiciera efectiva su destitución e inhabilidad como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, sanción que impuso el Procurador General de la Nación en ese entonces, Francisco Ordoñez Maldonado, y que hizo efectiva el presidente Juan Manuel Santos, en claro desacato a lo ordenado por la CIDH, con el argumento de que las medidas no obligaran al Estado colombiano. Estas medidas se solicitaron dentro de caso 13.044 de la CIDH que culminó con la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020 contra el Estado de Colombia.
La eliminación física selectiva, y la persecución judicial, disciplinaria y fiscal, hacen parte de la guerra política y jurídica que implementan ciertos actores del establecimiento para acabar con los adversarios y los opositores políticos. Colombia tiene una experiencia larga con estas prácticas. Cuando la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República y la Fiscalía, son órganos de bolsillo del presidente Iván Duque, no hay garantías de independencia e imparcialidad de los órganos de control e investigación. Para muchos, ya es evidente que se trata de sacar del juego político y democrático a los opositores para ganar las elecciones y atornillarse en el poder el gobernante y su partido, sin importarles los derechos humanos. La carga de la prueba para demostrar lo contrario la tiene el gobierno de Duque.
