Cuando se creó el impuesto al carbono en 2016, se aprobó lo que políticamente era posible y, a la luz de hoy, funcionó. Gracias a una tarifa de $17.660 por tonelada de carbón en 2021, el país recaudó $425 mil millones. Es un tributo al uso de combustibles, pero que se compensa si el contribuyente es carbono neutro. Se puede adquirir bonos de carbono creados por terceros para cumplir el requisito, lo cual contribuye a la creación de un mercado de carbono nacional. Si bien hay leves ajustes en la tributaria, seguimos sin desincentivar todos los gases efecto invernadero (GEI), no es solo el dióxido de carbono que causa el calentamiento global. Un impuesto que abarque más sectores tendría sentido.
El actual mercado de créditos de carbono mueve más de $600 mil millones, debido a una demanda anual de 13 millones de toneladas. Estos recursos para ser usados en el esquema tributario, deben registrar proyectos ante Min Ambiente. Gracias al incentivo de compensar el impuesto al carbono se financian 65% de estos. La nueva tributaria limita la compensación a tan solo el 50% del valor económico actualmente se puede hasta el 100%, debilitando el incentivo a la conservación para privilegiar la caja. En vez de poder pagar por conservación, por lo menos la mitad del recurso debe ir en efectivo a la Dian.
Cuando se definió el precio de la contribución en 2017, este era cerca de US$5, pero como consecuencia de la devaluación y de un ajuste de inflación más uno por ciento, se perdió casi 25% de su valor en dólares, tanto, que el mercado voluntario internacional está por encima, oscilando entre US$7-15. En la tributaria se aumenta la base de la contribución en 16% para llegar a $20.500 la tonelada, monto que, en dólares, está por debajo del precio original. Como se mantiene la fórmula de ajuste es probable que nuestro incentivo local sea insuficiente. Ahora con COP 27 fortaleciendo temas de financiación, las transacciones internacionales no se contabilizan para cumplir compromisos nacionales.
Con la propuesta de reforma, el impuesto al carbono se amplía levemente, incluyendo el consumo de carbón de manera gradual hasta 2028, pero con ello el tributo solo afecta sectores como transporte (16,9%), hidrocarburos (3,1%) y minería de carbono (2,2%), lo cual, en conjunto, solo aporta el 22,2% de las emisiones nacionales. No obstante, otros sectores que son mucho más contaminantes están exentos de contribuir al cambio. No hay ni garrote ni zanahoria para manufactura, industria, energía o residuos sólidos. El proyecto de reforma tributaria también debería traer incentivos puntuales para fomentar las inversiones privadas de la transición energética.
El grueso de los avances en sostenibilidad proviene del incentivo privado a disminuir los costos; el Estado debe acelerar este proceso. El Congreso debe aprobar algunas de las modificaciones del impuesto al carbono, pero al limitar la compensación al 50% se da un golpe a la conservación. Al ir estos recursos al presupuesto general puede que se gaste en conservación, pero también en defensa y pensiones. Esto afecta el propósito de disminuir en un 51% las emisiones nacionales para 2030, mucho mas cumplir con las metas del nuevo presidente. Se recauda un poco más, pero hacemos menos por el medio ambiente.
