Mientras las bandas transnacionales del hampa relojera, como los denominados ROLEXEROS, operan con impunidad en las calles de Colombia, robando, extorsionando y lavando dinero a escala global, el sistema judicial insiste en tratarlas como simples delincuentes de poca monta. Los números no mienten: el 90% de los capturados por robo de relojes de lujo como los ROLEX, cuyos precios oscilan entre 30 y 300 millones de pesos –un negocio que mueve millones de dólares— son liberados en cuestión de días, gracias a jueces que, en su afán garantista, parecen vivir en una realidad paralela, ajena a la inseguridad que ahoga al país. 

Es inconcebible que, el nuevo rostro del crimen organizado con estructuras criminales, con conexiones internacionales, abogados especializados en vacíos legales y logística para evadir la justicia, son procesados por jueces que siguen aplicando criterios ineficaces como la «peligrosidad aparente» o el «riesgo de fuga». ¿Acaso no es peligroso un delincuente que forma parte de una red que trafica relojes robados hacia Dubái, Moscú o Hong Kong?, ¿No es acaso un riesgo inminente que, una vez libre, este mismo criminal regrese a las calles a reincidir, como lo hace el 70% de estos bandidos?.

La respuesta salta a la vista: el sistema judicial está fallando. Y lo hace no por falta de leyes, sino por una interpretación miope, casi ingenua, de la realidad. Mientras se exige el máximo deber a la escasa Policía Nacional para que cumpla el deber de capturar a estos delincuentes, los jueces, desde la comodidad de sus despachos, los dejan libres con la parsimonia de quien firma un documento rutinario. 

Cada «Rolexero» liberado es un mensaje muy claro de impunidad para el crimen organizado en Colombia, y es que las cifras son estremecedoras, solo 1 de cada 20 casos termina en condena, el 85% de los relojes robados desaparecen para siempre en mercados negros internacionales, y las bandas operan con la certeza de que, incluso si son aprehendidas, en pocos días retornarán armados a delinquir.  Pero ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que jueces, anclados en formalismos decimonónicos, subestimen la gravedad de un crimen que ya no es local, sino transnacional?, ¿Hasta cuándo la Rama Judicial ignorará el clamor de una sociedad harta de ver cómo la impunidad se convierte en la norma?. 

La preocupación señores jueces es que estamos ad portas de las elecciones nacionales y, refrescando un poco de historia, así empezó El Salvador, cuando el pueblo llegó a su límite por la crisis de impunidad pandillera – solo el 20% confiaba en el sistema – es allí cuando emergió la figura de Nayib Bukele con la propuesta de su mega cárcel “CECOT” (Centro de Confinamiento del Terrorismo), precisamente como respuesta a un sistema judicial percibido como blando y corrupto. Colombia no está lejos de ese escenario. Si los jueces no rectifican, si insisten en priorizar tecnicismos sobre seguridad nacional, serán ustedes mismos los juzgados en las urnas, porque la ciudadanía puede apoyar medidas radicales, aunque generen miles de controversias. 

El mensaje no puede ser más claro: la justicia debe modernizarse y asumir su rol constitucional como garante de la seguridad y el orden. Porque advertida está la Rama Judicial que de no rectificar e incursionar por la senda de la auto corrección, serán motivo de confrontación política en el debate electoral que se avecina. También advertidos está los jueces, que de no comportarse como jueces constitucionales (constitución política) y sigan comportándose como jueces atildados, exégetas y petimetres, el pueblo los cambiará en las urnas. Deben ver el bosque completo de las problemáticas de la sociedad y no el árbol simple del inciso y el artículo. Como reza el adagio: «Quien no esté invitado al banquete como comensal, será parte del plato en la mesa». 

Luis Fernando Ulloa