El cambio climático es mucho más que una crisis ambiental; es una amenaza multifacética que afecta directamente la seguridad humana, exacerba la pobreza y profundiza las desigualdades. La Organización de las Naciones Unidas destaca cómo fenómenos como el aumento del nivel del mar, las sequías y las tormentas extremas desestabilizan comunidades, destruyen modos de vida y empujan a millones de personas a situaciones de vulnerabilidad económica y social.

Los organismos multilaterales no son los únicos dedicando tiempo de su agenda al tema, El MIT Technology Review produjo hace dos meses el especial “Addressing climate change impacts”, basado en una encuesta a altos ejecutivos de empresas estadounidenses, revela una creciente preocupación en el sector privado por los impactos del cambio climático. Aunque las empresas comienzan a tomar medidas, como planes de reubicación y estrategias de adaptación, la dimensión humana del fenómeno se encuentra en un segundo plano en las discusiones de políticas corporativas y gubernamentales, así como de las inversiones de los fondos de capital de riesgo.

Un dato interesante en la encuesta del MIT, es que el 75% de los ejecutivos encuestados considera la reubicación de infraestructura como una respuesta al riesgo climático y cerca del 30% cuentan con planes específicos para hacerlo. Si bien esta estrategia puede mitigar las amenazas inmediatas a las operaciones, la experiencia ha demostrado que también puede generar reacciones adversas en las comunidades anfitrionas y la competencia por los recursos. El caso de la ampliación de la fábrica de Tesla en Grueneheide,Alemania, o la sequía que enfrentó a la planta de Coca Cola con comunidades en la Calera, ilustran este desafío: las preocupaciones ambientales y sociales surgen rápidamente cuando los planes de la empresa afectan los recursos naturales locales y el tejido social asociado a ellos.

Sin embargo, más allá de los problemas de implementación, este enfoque refleja un sesgo hacia la protección de los activos físicos y financieros de las empresas, ignorando la dimensión humana. La migración climática forzada, ya sea de individuos o empresas, genera tensiones sociales y agrava las desigualdades preexistentes, lo que exige un replanteamiento integral de estas iniciativas y una comunicación fluida entre empresas, gobiernos y comunidades.

A la fecha, tanto el sector público como el sector privado, han optado por dos estrategias frente al calentamiento global: la mitigación (reducir emisiones) y  la adaptación (prepararse para los impactos). Aunque ambas son cruciales, las diferencias en su implementación y alcance son notables.

La mitigación tiene un objetivo a largo plazo: desacelerar el cambio climático mediante la reducción de gases de efecto invernadero. Esto incluye desde cambiar a fuentes de energía renovable hasta iniciativas de captura de carbono. Por otro lado, la adaptación se enfoca en el presente, aumentando la resiliencia ante los impactos que ya son inevitables, como reforzar la infraestructura contra tormentas o diversificar las cadenas de suministro para enfrentar escasez de recursos.

La verdadera dificultad radica en encontrar el equilibrio, como lo expresa Shanta Barley directora científica de Fortescue, una de las mayores mineras de hierro en Australia: «Las empresas pueden adaptarse hasta cierto punto a las condiciones extremas que está generando el cambio climático, pero, en última instancia, si permitimos que las emisiones sigan aumentando, alcanzaremos un límite máximo de adaptación y la productividad se verá afectada.»

Ahora bien, una lección crítica que lastimosamente hemos recordado recientemente, es que el cambio climático no solo amenaza los modos de producción de las corporaciones, sino también los mercados en los que participan. Las comunidades que se ven gravemente afectadas por desastres climáticos representan pérdidas humanas irrecuperables y fracturas del tejido social y de la confianza en el Estado, pero igualmente son consumidores que perderán poder adquisitivo, trabajadores incapaces de desempeñar funciones esenciales y proveedores que enfrentan interrupciones constantes, como lo pudimos ver con la DANA en Valencia, España o las inundaciones en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Esta realidad exige un cambio en la mentalidad empresarial. Las empresas no pueden limitar su respuesta al cambio climático a proteger fábricas y oficinas; deben reconocer que el bienestar de sus mercados y comunidades es fundamental para su sostenibilidad a largo plazo.

Un tema que sobresale tanto en el informe del MIT como en la columna de Naciones Unidas, es la dimensión humana de esta crisis. Los impactos del cambio climático no solo destruyen infraestructura y ecosistemas, sino que desestabilizan sociedades enteras. La seguridad alimentaria, la salud y el empleo se ven amenazados, y los efectos recaen desproporcionadamente sobre los más vulnerables.

En este contexto, los trabajadores enfrentan riesgos crecientes: olas de calor que dificultan las labores físicas, desastres naturales que interrumpen sus medios de subsistencia y enfermedades relacionadas con el clima que afectan su salud. Ignorar estas dimensiones no solo es éticamente cuestionable, sino también económicamente insostenible para empresas y gobiernos.

El cambio climático es un problema global que demanda soluciones integrales y colaborativas. Más allá de las estrategias de mitigación y adaptación, es imperativo incluir una tercera dimensión: la justicia climática. Esto significa diseñar respuestas que consideren explícitamente las necesidades de las comunidades vulnerables y promuevan equidad en la distribución de costos y beneficios.

El sector privado tiene un papel crucial en esta transición, no solo como motor económico, sino como agente de cambio. Las empresas deben ir más allá de la protección de sus intereses inmediatos e incorporar la resiliencia social en el centro de sus estrategias climáticas.

De manera similar, los gobiernos deben intensificar sus esfuerzos para regular y apoyar estas transiciones, asegurando que los recursos se destinen a proteger a las comunidades más afectadas y promoviendo la cooperación internacional para abordar desafíos globales como la migración climática.

Finalmente, como individuos, tenemos la responsabilidad de exigir que estas dimensiones humanas del cambio climático sean reconocidas y atendidas. El cambio comienza con conversaciones como esta, pero debe traducirse en acciones concretas y urgentes.

Todos tenemos un interés vital en limitar los impactos del cambio climático y adaptarnos a sus efectos, y la magnitud de los cambios necesarios requerirá trabajo en equipo. Es posible que las empresas no estén de acuerdo con todas las decisiones climáticas tomadas por el gobierno, pero deberían buscar tener una voz en la planificación climática pública. Al comprender los problemas en juego, tanto para sus negocios como para la comunidad en general, y participando en la conversación, pueden trabajar hacia objetivos mutuamente beneficiosos, transformando los desafíos compartidos en oportunidades compartidas.

Raúl Arce