En múltiples  recorridos por las calles de Bogotá he tenido la oportunidad de dialogar directamente con ciudadanos y ciudadanas que viven de las ventas populares en el espacio público, donde encuentro  testimonios crueles pero sinceros, como el de doña Martha en la localidad de Antonio Nariño, que no constituyen hechos aislados ni anécdotas marginales sino la cruel insolidaridad  del poder ejecutivo distrital que pisotea al ser humano. Esto es una expresión concreta de una realidad estructural que cuestiona al Estado, al Distrito y al modelo económico que ha sido incapaz de ofrecer alternativas dignas a miles de familias bogotanas.

Escuchar de primera mano a quienes se ven obligados a ejercer la economía popular permite comprender que su presencia en las calles no es una elección voluntaria, sino una estrategia de supervivencia frente a la ausencia de empleo formal, crédito accesible y políticas públicas efectivas de inclusión productiva. Estas personas trabajan día a día bajo el sol y la lluvia porque el sistema les cerró otras puertas. La economía popular, por tanto, no debe ser tratada como un problema de orden público, sino asumida como un desafío central de política social, económica y urbana que exige regulación, protección y fortalecimiento institucional.

Estas personas que trabajan día a día bajo el sol y la lluvia en las calles de la capital lo hacen, en gran medida, porque no cuentan con otras opciones que el Estado les ofrezca para su sustento. Lo que nos lleva a reflexionar sobre un argumento central que  radica en que la economía popular en Bogotá enfrenta tres grandes obstáculos: en primer lugar, la administración distrital ha optado por una política de persecución al privilegiar la movilidad sobre el uso del espacio público, y a los vendedores se les retira de las calles mediante operativos policivos. En segundo orden tenemos que el espacio público no es un territorio neutro, sino que muchas veces está controlado por redes de crimen organizado que exigen pagos a los vendedores para “permitirles” trabajar. Y finalmente, la práctica del “gota a gota”, ese sistema de préstamos diarios con intereses abusivos, también se convierte en una carga constante que reduce sus márgenes de ganancia.

Lo que proponemos, entonces, desde un enfoque legislativo y social, es que la economía popular no debe ser criminalizada ni expulsada de las calles, sino integrada y fortalecida. Esto implica crear un marco legal que les ofrezca acceso a microcréditos, a esquemas de financiamiento formal, y a programas de apoyo empresarial. Significa también modernizar y dignificar su labor, mediante instrumentos que permitan que las empresas puedan trabajar con ellos en consignación, que haya mobiliario urbano adecuado, y que se generen espacios donde la economía popular sea vista como una parte legítima y valiosa de la vida urbana, como sucede en tantas ciudades del mundo.

En definitiva, la discusión sobre la economía popular en Bogotá no puede seguir abordándose desde una lógica de control, castigo o erradicación, pues persistir en la persecución policial y en la estigmatización del rebusque urbano no solo profundiza la exclusión social, sino que desconoce una realidad económica que sostiene a miles de hogares y dinamiza la vida cotidiana de la ciudad. Gobernar el espacio público exclusivamente con el bolillo es, además de ineficaz, una renuncia explícita a la política social y económica. Así las cosas, la economía popular exige un cambio de enfoque que obliga a superar la represión para adoptar una regulación solidaria, de la improvisación a la planeación, y de la indiferencia institucional al acompañamiento estatal. Ello implica reconocer a los vendedores populares como sujetos de derechos, integrarlos a esquemas de formalización gradual, acceso al crédito, protección social y ordenamiento concertado del espacio público, sin desconocer las necesidades de movilidad, seguridad y convivencia urbana.

En última instancia, esta reflexión aboga por un giro político de fondo en Bogotá, donde no se persiga  a punta de bolillo a los vendedores de las calles, sino de transformar esas calles en espacios más humanos, organizados y seguros para todos. Solo desde la solidaridad, la inclusión productiva y la corresponsabilidad institucional será posible que la economía popular florezca, contribuya al desarrollo local y se convierta en un pilar de una ciudad más justa, democrática e incluyente.

Luis Fernando Ulloa