En el amplio y desgarrador panorama del conflicto armado colombiano, la Comuna 13 de Medellín y el Catatumbo se erigen hoy como escenarios paradigmáticos de la violencia que ha marcado a generaciones. Ambos territorios, aunque distantes geográficamente y con dinámicas particulares, comparten el peso del olvido estatal, la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y la población en general.
La Escombrera, ubicada en la Comuna 13, se ha convertido en un símbolo de la crueldad del conflicto urbano en Colombia. Este lugar, uno de los botaderos de escombros más grandes de América Latina, oculta bajo toneladas de tierra y concreto los restos al parecer de cientos de desaparecidos durante las operaciones militares como “Orión” en 2002. Estas intervenciones, realizadas con el supuesto propósito de combatir a las milicias urbanas, derivaron en múltiples violaciones a los derechos humanos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos.
La Comuna 13 es un retrato de cómo las dinámicas de la guerra permean los barrios más vulnerables. Las desapariciones forzadas no solo buscan eliminar físicamente a personas señaladas, sino también enviar un mensaje de control y terror. A pesar de las luchas incansables de las víctimas y las organizaciones sociales, las excavaciones en La Escombrera han sido limitadas y tardías, reflejando un Estado incapaz —o renuente— de atender las demandas de justicia.
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A cientos de kilómetros, en la región del Catatumbo, otra tragedia se desarrollaba con características diferentes pero igual de dolorosas. Durante los últimos días, esta región ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La disputa por el control territorial, en una zona estratégica para los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico, ha dejado una estela de muerte, desplazamientos masivos, delitos de lesa humanidad, infracciones al DIH y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
En el Catatumbo, los civiles han sido las principales víctimas. Las masacres, los reclutamientos forzados, el secuestro masivo, el confinamiento, los homicidios selectivos y los ataques indiscriminados han convertido a las comunidades en rehenes de la violencia armada, sumada a la ausencia de un Estado que garantice servicios básicos y protección, perpetúa el ciclo de violencias.
Tanto en La Escombrera como en el Catatumbo, la impunidad sigue siendo el hilo conductor. En Medellín, las familias de los desaparecidos han enfrentado trabas legales, falta de voluntad política y negligencia institucional.
En el Catatumbo, a pesar de los acuerdos de paz con las FARC, los diálogos con el ELN y las disidencias, los efectos de la guerra siguen vigentes. Las disputas entre grupos armados persisten, mientras que las medidas de reparación y justicia para las comunidades apenas comienzan a implementarse.
A pesar de las diferencias en sus contextos y en el tiempo, ambas historias revelan el rostro de una Colombia que aún no logra cerrar las heridas del conflicto. Mientras que La Escombrera representa la violencia urbana asociada a las dinámicas de control estatal y paramilitar, el Catatumbo refleja la lucha por el territorio y los recursos en zonas rurales. Sin embargo, en ambos casos, las víctimas han sido las comunidades, sometidas al miedo, la ausencia de justicia y la indiferencia de un sistema que debería protegerlas.
El país enfrenta un reto monumental. Transformar estos lugares de dolor en símbolos de memoria y reconciliación. Esto implica no solo avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y el esclarecimiento de la verdad, sino también garantizar condiciones para que ninguna comunidad, urbana o rural, vuelva a ser víctima de la violencia. La Escombrera y el Catatumbo nos recuerdan que la paz no es solo la ausencia de conflicto armado, sino la presencia de justicia, dignidad y reparación. Solo cuando logremos saldar esta deuda histórica, podremos empezar a construir una Colombia verdaderamente en paz.
