El lunes 20 de mayo el país se despertó con la noticia de que la Corte Penal Internacional (CPI), a través de su fiscal Karim Khan, emitió una solicitud para iniciar el proceso de una posible orden de captura en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, al igual que contra los máximos líderes militares del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

De acuerdo con la información oficial, se les acusa de cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entre las acusaciones están ataques en contra de población civil, desaparición forzada, asesinatos, violaciones y desplazamientos, en el marco del crudo conflicto que actualmente se vive en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Estos hechos han cobrado la vida de más de 30.000 personas, entre mujeres, ancianos y niños, desde que el pasado 7 de octubre de 2023, fecha en la que se intensificaron las acciones hostiles entre ambos territorios.

En contexto, si bien esta noticia cogió por sorpresa al mundo entero, es importante mencionar que la Corte en diciembre de 2019 ya había abierto una investigación previa; de hecho, ya ha presentado diversos informes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el conflicto palestino-israelí. De igual manera, esta solicitud de CPI se suma a la demanda presentada por Sudáfrica en contra de Israel por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, como procesos que se han adelantado en contra de este país o sus máximos lideres. Sin embargo, la decisión del fiscal Khan amplía la responsabilidad de los lideres del grupo reconocido como terrorista, Hamás.

Pero, más allá de lo que han mencionado las noticias sobre este hecho, vale la pena conocer qué impacto tendrá este anuncio y si realmente tendrá algún alcance.

Primero, es importante aclarar que el impacto es apenas parcial. Aunque muchas fuentes dieron como un hecho la orden de captura en contra del primer ministro de Israel y del máximo líder de Hamás, este anuncio lo único cierto que dejó sobre la mesa es que se trata de un paso más en un proceso jurídico internacional que aún requiere que los jueces de la CPI determinen si las pruebas son suficientes para emitir la orden de arresto, decisión que puede durar varias semanas.

Segundo, es clave conocer que el Estado de Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción, pese a que la Corte Penal Internacional ha señalado que sí tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados, entre ellos, Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental.

Tercero, la CPI solo cumple con un papel subsidiario a las cortes nacionales, que no buscan juzgar a estos lideres. Esta sería tan solo una instancia que busca subsanar las faltas de justicia en casos en los que se considere que ésta no actúa con celeridad o contundencia.

Palabras más, palabras menos, el hecho que el Estado de Israel no reconozca la jurisdicción de la corte, hace que las consecuencias sean muy limitadas. De igual forma, la corte no tiene forma material de llevar a cabo las detenciones de las personas a las que se les emite una orden de captura.

Sin embargo, no podemos desconocer la importancia política de este anuncio, en el que la Corte Penal Internacional reconoce oficialmente la acusación de crímenes de lesa humanidad y de guerra, lo que puede seguir afectando de manera negativa la imagen de Israel y Hamas. Además, erosiona la imagen de Netanyahu, el cual estaba en campaña para la reelección y donde su popularidad interna se ha visto limitada.

En caso de confirmarse la orden de captura en contra del primer ministro israelí, los países, que sean parte del Estatuto de Roma, tendrían la obligación de obedecer las órdenes la corte, lo que haría que Netanyahu no visitará esos territorios.

Finalmente, vale recordar algunos antecedentes que se han dado en este mismo contexto. El más reciente se relaciona con la orden de captura contra Vladimir Putin, presiente de Rusia; y Maria Lvova-Belova, la Comisionada rusa para los Derechos de los Niños, por el desplazamiento ilegal y la deportación de menores en regiones ocupadas por este país en Ucrania. Algunas consecuencias de esto han sido las limitaciones del mandatario para hacer viajes oficiales internacionales, debido a tener activo un proceso frente a la CPI.

Abdelaziz Malaver Tatar

Docente de Relaciones Internacionales

Universidad San Buenaventura