La desigualdad que viven las mujeres no es accidental ni reciente. Es estructural e histórica. Desde Hipatia de Alejandría —filósofa, matemática y astrónoma asesinada por pensar y enseñar en un mundo que no toleraba mujeres sabias— hasta hoy, las mujeres hemos tenido que disputar cada espacio, cada derecho, cada palabra pública.
No comenzamos esta lucha en el siglo XX ni con las cuotas. Llevamos siglos cuestionando un orden que construyó el mundo público, político y de los negocios bajo parámetros masculinos, para la funcionalidad de los hombres y sus trayectorias. Las instituciones, los horarios laborales, la lógica del poder, los sistemas financieros y hasta la idea misma de liderazgo fueron diseñados sin nosotras en mente. Y cuando ingresamos, fue bajo reglas que no reconocían nuestras realidades, nuestros cuerpos, nuestras cargas de cuidado ni nuestras formas de ejercer autoridad.
Por eso la desigualdad no se corrige con discursos ni con gestos simbólicos. Se transforma modificando las estructuras.
Los compromisos internacionales existen. La CEDAW, adoptada hace más de cuatro décadas, y la Plataforma de Acción de Beijing, que cumple ya más de treinta años, trazaron una hoja de ruta clara: los Estados deben eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y garantizar su plena participación en la vida política, económica y social. Sin embargo, la brecha entre el compromiso formal y la realidad material sigue siendo inaceptable.
Hoy el debate no puede quedarse en la voluntad política coyuntural. Los compromisos con los derechos de las mujeres deben afianzarse en la regla fiscal, en la arquitectura presupuestal del Estado. Porque lo que no tiene recursos no es prioridad. Y lo que depende solo de la voluntad de un gobierno no es política de Estado.
Necesitamos que la igualdad sea obligatoria, medible y financiada.
Eso implica que el próximo gobierno —y todos los que le sigan— no solo declaren su compromiso con las mujeres, sino que estén obligados a mirar los indicadores y a reducir, de manera verificable, las cifras de violencia basada en género. La violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como un fenómeno cultural abstracto: es una falla estructural del Estado cuando no previene, no protege y no sanciona con eficacia.
El compromiso debe ser claro y programático:
- Impulsar leyes y presupuestos que garanticen una vida libre de violencias para las mujeres.
No basta con tipificar delitos; se requiere financiación sostenida para prevención, rutas de atención, casas refugio, justicia especializada y sistemas de información robustos.
- Defender la autonomía económica de las mujeres mediante empleo digno, cierre de brechas salariales y fortalecimiento real del Sistema Nacional de Cuidados.
Sin redistribución del tiempo y del trabajo de cuidado, no hay igualdad posible. La economía productiva se sostiene sobre una economía del cuidado invisibilizada y feminizada.
- Garantizar el acceso efectivo a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos.
La autonomía sobre el propio cuerpo es condición básica de ciudadanía plena.
- Promover la paridad y combatir la violencia política contra las mujeres.
No puede haber democracia sólida cuando las mujeres son excluidas, acosadas o atacadas por ejercer liderazgo.
- Defender los derechos de las mujeres rurales, víctimas del conflicto, lideresas sociales y las buscadoras.
En un país atravesado por la desigualdad territorial y la violencia armada, la agenda de género debe tener enfoque diferencial y territorial.
Este compromiso no puede ser simbólico ni decorativo. Debe ser legislativo, presupuestal y de control político. Implica asignar recursos, crear indicadores de cumplimiento, exigir rendición de cuentas y establecer responsabilidades claras.
La historia nos demuestra que cada avance ha sido resultado de organización, persistencia y disputa democrática. No pedimos privilegios: exigimos que el Estado cumpla su obligación de garantizar derechos.
Desde Hipatia hasta hoy, la lucha ha sido por el derecho a existir en igualdad. El próximo paso no es una declaración más. Es convertir la igualdad en una obligación fiscal, institucional y política.
Porque la igualdad real no solo se proclama: se financia, se implementa y se mide.
Este es el mensaje a las y los candidatos al Congreso de la República que pretenden legislar al país.
Marcela Clavijo
