Jaime Acosta
Los capítulos judiciales de Uribe serán muchos y largos. La inestabilidad y la destrucción institucional será el modo de vida de esta nación mientras esté en la política. La muerte estará siempre al asecho. La justicia y la comunidad internacional fungen ambiguas, ineficientes y al final contra las víctimas pero a favor de los criminales de lesa humanidad porque no se trata de discursos y pequeñas victorias, se trata de proteger a la humanidad de los crímenes contra ella y por encima de todo poder, lo cual no ocurre en Colombia como se está viendo con el caso del recién puesto en libertad.
El fraude procesal de Uribe
Siendo senador, en el año 2011 se le fueron las luces en un debate que le hacía el senador Iván Cepeda por sus vínculos con el narcotráfico y los paramilitares. Monta en cólera y sale a la Corte Suprema a poner una demanda contra el senador de la oposición. Con el correr de los años la Corte absuelve a Cepeda porque no había ninguna prueba puesto que las acusaciones de Uribe se basaron en veinte falsos testigos, de esa manera el único que quedó ante la Corte fue ÉL y al final aquella adopta una medida de aseguramiento por fraude procesal porque fue ni más ni menos que una trampa a la justicia y un delito asociado a crímenes de lesa humanidad como se desprende del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Dos leyes para un mismo delito
En el año 2004, ya Uribe con dos años como presidente, se crea la ley 906 mediante la cual cambió el modelo procesal por uno supuestamente más garantista que sustituyó a la ley 600 que sigue vigente para casos de congresistas. Sin embargo, después de 16 años ambas leyes carecen de jurisprudencia específica para abordar casos graves de expresidentes, a pesar de que ya estaba en camino el periodo más cruento de la segunda violencia de Colombia y había investigaciones en curso por posibles nexos del entonces presidente con el narcotráfico y el paramilitarismo. Es decir, la impunidad que ahora merodea en el caso Uribe se cocinó entonces y después no se hizo nada para subsanar esos vacíos. Tampoco sabemos si las instancias judiciales y de derechos humanos de carácter internacional lo advirtieron en algún momento, especialmente la CPI.
La ley 906 luego de lo que hemos visto en este caso y también en otros, como el de Interbolsa, Reficar, entre otros, está hecha para la impunidad con la complicidad de la Fiscalía y en otros casos con la actitud medrosa, lenta y calculada de la Corte Suprema, que nos recuerda al cartel de la toga. Es tal el vacío en la jurisprudencia de esas leyes, sobre todo la concepción de la 906, que el tipo más poderoso y más temido de Colombia en los últimos veinte años, de pronto de la historia – junto a Laureano Gómez -, según su principal abogado defensor es una ley a la medida de las circunstancias, es decir, a la medida de Uribe. Ley sastre.
La otra inconsistencia de esas dos leyes radica en que son instrumentos de un mismo sistema jurídico de una misma nación bajo una misma constitución, donde el tránsito de una a otra debería estar claramente establecido como un proceso continuo y fluido para que no haya dudas ni afectación en el curso de un caso, y no quedar a expensas de la interpretación de unos y de otros donde al final gana el que más poder tiene y no el que más razón tiene como se vio en las audiencias de esta semana.
Entonces, son dos leyes que chocan por falta de jurisprudencia para enjuiciar a un expresidente. Este es el momento para resolver ese vacío porque los expedientes de Uribe se acumulan en la justicia entonces no puede suceder lo mismo que en este caso de la humillación a las víctimas. Lo que está ocurriendo tiene afectaciones inmensas en la estabilidad del estado, del sistema de justicia y de las instituciones. Por eso todo lo sucedido en este proceso apunta a un resquebrajamiento mayor del aparato de justicia a cuya reforma las mismas cortes se han opuesto una y otra vez.
En ese contexto, por falta de jurisprudencia precisa, se pudo apelar al principio de interpretación y la Corte quedarse con el caso y no derivar en que el proceso político jurídico penal más importante y grave de la historia de Colombia, al final quedará en manos de jueces y fiscales menores que fácilmente se los echan al bolsillo como hemos visto en estos días. Por sentido común, cómo es posible que alguien que comete semejante fraude procesal quede libre si dos decenas de falsos testigos le metió a la Corte, y cuya trama él creo y la trabajó en persona con alguno de su UTL y con Cadena, abogado de los carteles y con medida de aseguramiento. En otras palabras, una monstruosa incoherencia que se me antoja debe ser examinada por una instancia judicial internacional para que precise la norma porque vienen las decisiones sobre los crímenes de lesa humanidad que vinculan a Uribe.
Ley 906 de un poder cómplice
Una ley que intimida por la desproporcionalidad entre el poder del victimario y la instancia judicial correspondiente, puesto que la apelación es ante un juez si bien de un nivel superior a la de un juez de garantías, se constata igualmente indefenso ante un poder temible porque ese juez está desamparado de las instancias judiciales y de control más poderosas de la nación.
Recuerden el espectáculo indignante que se vio en las audiencias de esta semana: las víctimas contra todos los poderes del estado. Sin embargo, el que más me impacto fue la posición de la Procuraduría por el tipo de procurador que creíamos era Carrillo. Implacablemente inflexible, dogmática y simplificada, la procuradora delegada que por supuesto habría conversado con el Procurador la posición que adoptaría. No hablo de la Fiscalía porque es una institución descompuesta, sobre todo desde la ley 906, cuyo diseño quedó como una ley de garantías de la corrupción y la impunidad.
Lo visto es espantoso, por un lado, el victimario protegido por el presidente, por el ministro de defensa, por el procurador general, por la fiscalía general, por los jueces, por la mayoría de los medios, de ciertos periodistas deleznables, y por Trump; y las víctimas abandonadas a su suerte como las víctimas de la guerra.
La pobreza argumentativa de la defensa de Uribe es pasmosa, la argumentación de los tres juristas del lado de las víctimas, impecable. Pero aquel tiene el poder intimidatorio, el poder de la manipulación y la debilidad de la norma, y los otros el poder de la razón y de la transparencia, pero en Colombia esa no es una ventaja, es una desventaja. Cuando una sociedad se descompone la justicia es la primera afectada porque debe enfrentar la corrupción del ejecutivo, del legislativo, de los privados y del crimen organizado que deriva en situaciones perversas como los carteles de togados.
Último capítulo de la impunidad
Ese nuevo juez que tendrá que responder la apelación de la defensa, tiene poco margen. Reafirmará la libertad de Uribe, el caso quedará en manos del lamentable Fiscal, que ya anunció que apuntará a la invalidez del proceso. A propósito, cómo es posible que un funcionario menor tenga la desfachatez de irse lanza en ristre contra una corte. Eso muestra lo desbaratado que está el sistema de justicia y evidencia que la Corte Suprema es una corte con minúsculas, porque demostró que su interés era quitarse el caso de cualquier manera. Al respecto, pasmoso como el sábado anterior se filtra su decisión, en la cual decía que lo actuado por la Corte se debe asumir en su totalidad y a partir de ahí continuar con el proceso. Pero el día lunes, ya al final de la tarde y levantada la Sala Plena, ese punto desapareció de la decisión. ¿Qué sucedió en esas cuarenta y ocho horas? ¿qué presión tuvo y de quién? ¿a quién obedeció y por qué?
También es claro por el trino de Trump felicitando a Uribe por su liberación, que Pompeo vino por los votos colombianos en la Florida y que Duque le negoció retener a Mancuso y ponerle freno a la desclasificación de los archivos de la posible vinculación de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo.
Si Biden no gana, años peores le esperan a Colombia aún peores que estos de Duque porque también está dejando en evidencia este circo del expediente Uribe que los partidos y la oposición política son débiles. Si hoy hubiera elecciones Uribe gana. Nada más salido de realidad que repetir que las decisiones de la justicia se respetan y acatan, cuando el sistema está actuando en contra justicia. Débiles, es lo mínimo que se me antoja decirles.
Cómo se va afrontar el proceso electoral preocupa tanto como las decisiones del sistema de in-justicia. La ultraderecha es una fuerza monolítica, los demás partidos se parecen a tribus nómadas atacando cada uno por su lado y por eso cada uno es abatido. Al final se me antoja que la política tiene mucha debilidad y poca sinceridad y responsabilidad, porque la culpable de Duque presidente es la desunión de esas fuerzas. Sueño y deseo que la unión política de la oposición a la ultraderecha se haga realidad para recoger estás últimas palabras porque a sus cabezas nada les sucederá pues su futuro vital está garantizado, pero no el de la sociedad colombiana, a la cual se deben.
