Colombia parece haberse habituado a vivir en una tormenta permanente de controversias políticas, escándalos mediáticos y enfrentamientos interinstitucionales, de tal forma que cada semana brota una nueva polémica que desplaza a otra del primer plano de la atención pública. En ese torbellino, uno de los elementos más importantes del futuro del país vuelve a quedar desvanecido. Me refiero a la paz.
Mientras el debate del país gira en torno a los debates entre los poderes del Estado, a las cuentas electorales o a las polémicas de las redes sociales, en muchos lugares del país la violencia sigue siendo una de las realidades cotidianas. Comunidades campesinas, barrios, comunas, pueblos étnico, organizaciones sociales, políticas y sindicales siguen viviendo bajo amenazas, confinamientos, desplazamientos y disputas entre actores armados que buscan controlar economías ilegales y territorios estratégicos.
La paradoja es totalmente evidente. Colombia ha caminado hacia el logro de acuerdos por una salida a las violencias armadas. Desde los procesos de paz con distintas guerrillas a finales del siglo XX hasta el contrato firmado con las FARC y la actual intención de mantener o buscar diálogos formales con otros grupos armados, se ha demostrado que la política negociada es posible; Sin embargo, la voluntad de paz no siempre encuentra el mismo apoyo entre la gente ni en buena parte de la dirigencia política.
En los últimos meses comenzó a instalarse con mucha fuerza una actitud inquietante. Muchos líderes y lideresas políticas prefieren no hablar de la paz frente al público, debido a que eso puede conducir a pagar costos electorales. Algunos asesores de campaña, por ejemplo, van aún más lejos y recomiendan no hablar casi de nada relacionado con negociaciones o reconciliación porque tienen la sensación de que ese lenguaje no ofrece rendimiento electoral o incluso que puede ser contraproducente. Así las cosas, en lugar de hacer un esfuerzo de explicar la complejidad de los procesos y defender la necesidad histórica de avanzar hacia el fin definitivo de la guerra, se opta por el silencio, el ataque sin fundamento a la paz o por discursos ambiguos que buscan no incomodar a nadie.
Esa actitud no solo empobrece el debate democrático. También invisibiliza los esfuerzos realizados durante décadas por miles de personas, instituciones y organizaciones que han trabajado por abrir caminos de diálogo. La sociedad colombiana tiene derecho a conocer esos esfuerzos, a valorar lo alcanzado y a comprender que el camino hacia la paz ha de ser largo, complejo y lleno de obstáculos.
Es cierto que los resultados de la política de Paz Total, particularmente en el ámbito de las negociaciones con los grupos armados organizados, no se han producido con la celeridad y la inclusión social que mucha gente esperábamos. La situación está claramente marcada por las dificultades y los desafíos siguen siendo colosales; Sin embargo, reconocer esas limitaciones no debería conducir a renunciar a la única vía que ha logrado desmontar las estructuras armadas ilegales más poderosas que ha tenido el país.
Las grandes desmovilizaciones que Colombia ha generado no surgieron de la prolongación de la guerra, sino que fueron consecuencia de decisiones políticas que optaron por la concertación, por el reconocimiento del adversario como interlocutor y por la construcción de salidas acordadas del conflicto armado. Negar esa experiencia o pretender que el problema hay que resolverlo por la vía exclusivamente militar es ignorar las lecciones más claras de la propia historia.
En este contexto, vale la pena recordar una fecha significativa para la historia reciente del país. El primero de marzo de 1991(hace 35 años) un importante grupo de combatientes del Ejército Popular de Liberación y del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista tomó la decisión histórica de dejar las armas y firmar la paz. Aquella determinación no solo permitió la reincorporación de cientos de hombres y mujeres a la vida civil, también contribuyó a abrir un clima político favorable para la convocatoria e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que daría origen a la Constitución Política actual.
Este es el motivo por el que resulta inquietante que, en medio de la actual tempestad política, el asunto de la paz vaya desapareciendo del centro de la deliberación nacional. Cuando se renuncia a hablar de paz por cálculos electorales, también se deja de orientar al país hacia un horizonte estratégico y se reduce la política a la simple administración de coyunturas. Defender la paz exige liderazgo, pedagogía y la valentía de decirle al país que la reconciliación no es un camino corto ni fácil, pero es el único que puede cerrar definitivamente los ciclos de violencia.
El constituyente primario, el ciudadano, merece un debate sincero y profundo sobre este asunto. Merece conocer los avances y las dificultades, y también requiere que las personas que aspiran dirigir el país cuenten con la claridad, el deber y la responsabilidad de trabajar por la paz, aun sabiendo que dicha opción no es electoralmente rentable. Cada vez que el país deja de defender la paz, la violencia vuelve a encontrar su oportunidad de resurgir, y Colombia definitivamente no puede darse este lujo.
Luis Emil Sanabria D.
