La discusión nacional sobre la jurisdicción agraria revela, una vez más, la profundidad de nuestro conflicto territorial y político. Colombia ha cargado durante décadas el peso de la desigualdad en la propiedad de la tierra, la concentración desmedida, el despojo sistemático, el desplazamiento forzado y la ausencia de un árbitro judicial especializado que permita resolver los conflictos rurales con justicia, prontitud y conocimiento del territorio. La jurisdicción agraria no es un capricho ni un invento reciente. Es una deuda histórica con el campesinado, los pueblos étnicos y las comunidades rurales que han vivido entre la informalidad jurídica y la violencia armada.

La reforma rural integral pactada en el Acuerdo Final de 2016 planteó una hoja de ruta para transformar el campo, cerrar brechas, democratizar la tierra y garantizar oportunidades productivas que impidan que los jóvenes rurales sigan marchándose o cayendo en manos de economías ilegales. Nada de eso será real sin un sistema judicial agrario fuerte, especializado, cercano a los territorios y capaz de resolver los miles de conflictos que tienen en suspenso la seguridad jurídica y la vida de quienes habitan el campo. La jurisdicción agraria es, en esencia, la llave que abre la puerta para que la reforma rural siga su camino con más certezas que incertidumbres y se convierta en realidad para millones de colombianos y colombianas.

Sin embargo, algunos sectores políticos, económicos y gremiales han emprendido una campaña de desprestigio contra esta jurisdicción. Alegan que generará inseguridad jurídica, que afectará la propiedad privada o que es innecesaria. Estas afirmaciones ignoran que la mayor inseguridad jurídica hoy la sufren precisamente campesinos, resguardos indígenas y consejos comunitarios que no cuentan con títulos, que enfrentan litigios interminables o que han sido víctimas de la violencia y del despojo. También ignoran que el Estado colombiano tiene obligaciones constitucionales y acuerdos internacionales que respaldan la necesidad de una justicia agraria especializada y accesible.

La oposición a esta jurisdicción parece responder menos a argumentos técnicos y más a intereses particulares que temen perder privilegios. La concentración de la tierra en Colombia también se ha mantenido porque la justicia ordinaria ha sido lenta, lejana y muchas veces incapaz de comprender las dinámicas rurales. Una jurisdicción especializada, con jueces formados en derecho agrario, en enfoque territorial y en protección de derechos colectivos, permitiría equilibrar la balanza y generar confianza en la institucionalidad. Eso es justamente lo que temen algunos sectores que han lucrado de la desigualdad histórica en el campo.

El daño que esta oposición le hace a la paz de Colombia es profundo. La paz territorial no puede construirse si los conflictos por la tierra siguen sin resolverse, si persiste la informalidad que afecta al campesinado y si las comunidades étnicas continúan esperando decisiones judiciales que garanticen seguridad sobre sus territorios. La ausencia de justicia agraria alimenta la desesperanza, facilita el avance de economías ilegales y crea las condiciones para que los grupos armados sigan reclutando jóvenes y disputando el control de los territorios.

La jurisdicción agraria no es un riesgo para el país. Es una oportunidad. Una oportunidad para resolver los conflictos de manera pacífica, para proteger la producción campesina, para ordenar el territorio de forma sostenible y para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. También es una oportunidad para que Colombia pueda convertirse en un referente de campo productivo, de justicia rural y reparación histórica.

La paz de Colombia no se construye sobre discursos vacíos ni mediante el bloqueo de reformas indispensables. Se construye reconociendo que la tierra y el territorio están en el corazón de las violencias armadas locales y que sin justicia en el campo no habrá paz duradera. Quienes hoy se oponen a la jurisdicción agraria cargan con la responsabilidad histórica de impedir un avance fundamental para la reconciliación nacional. La patria espera otra cosa. Espera compromiso con la verdad, con los principios constitucionales, con los derechos de las comunidades rurales y con la construcción de un futuro donde la paz sea una realidad y no una promesa aplazada.

La jurisdicción agraria es mucho más que un ajuste técnico del Estado. Es una apuesta profunda por la vida y la dignidad, por la justicia que históricamente se le ha negado al campo y por la reconciliación que Colombia necesita con urgencia. Su implementación representa un paso inaplazable para sanar heridas, ordenar el territorio con equidad y construir un país donde los conflictos por la tierra se resuelvan con derechos y no con violencia. Por eso preocupa el daño que generan quienes se oponen difundiendo la idea de que esta jurisdicción será una carga económica imposible de asumir. Nada hay más costoso que la guerra, el despojo, el desplazamiento y la violencia que durante décadas han tenido su origen precisamente en la ausencia de justicia rural. Alegar inviabilidad financiera es cerrar los ojos ante la verdad del país y bloquear una reforma que podría evitar nuevos ciclos de violencia armada.

La sociedad colombiana debe movilizarse alrededor de esta causa que es de todos y todas. Campesinos, empresarios, comunidades étnicas, organizaciones sociales, academia, iglesias, juventudes y ciudadanía urbana pueden y deben unirse para defender una justicia territorial que garantice seguridad jurídica, convivencia pacífica y oportunidades para las nuevas generaciones. La paz no nacerá de la inercia ni del miedo, sino de decisiones valientes y del compromiso colectivo. La jurisdicción agraria es una de las llaves para abrir la puerta de un futuro diferente y su defensa nos convoca a construir, entre todos, la Colombia justa y pacífica por la que tanto hemos luchado.

Luis Emil Sanabria D.