La salud es la principal preocupacion de vida para quienes vivimos  Bogotá, en la mayoría de estudios y encuestas recientes ocupa el primer lugar de problemáticas, en algunas hasta con el 58% de los encuestados. Sin embargo, la administración central no parece estar pensando en un cambio significativo que mejore el modelo implementado en la ciudad, la que mayores capacidades autónomas tiene en todo el país. El 15 de diciembre de 2025 se sancionó el Acuerdo 1019 de 2025, por el cual se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, D.C, para la vigencia fiscal 2026, en el marco de la discusión y debate en el Concejo de Bogotá D.C, fui designada ponente y presenté ponencia negativa al mismo, por distintas razones que ya he planteado en estas columnas, hoy una más de ellas.

El presupuesto del sector salud para el 2026, supera los 10,8 billones de pesos y representa cerca del 13% del total del presupuesto de Bogotá, un incremento nominal frente al 2025; sin embargo, este incremento debe analizarse con rigor. En términos reales, una vez descontada la inflación proyectada para el sector “entre 8% y 10% según el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo”, el aumento es menor. Al desagregar la asignación, se observa que más del 80% de los recursos asignados se concentran en aseguramiento, funcionamiento y trasferencias corrientes, mientras que menos de un 10% está orientado a inversión en infraestructura, tecnología y fortalecimiento de la red pública.

Recordemos que para 2025 se presentó una presión sostenida sobre la red pública de servicios. La saturación recurrente de los servicios de urgencias, el aumento de hospitalizaciones evitables por descompensación de enfermedades crónicas y el incremento de eventos asociados a salud mental reflejaron un sistema que responde de manera reactiva, más que preventiva.

El presupuesto para el 2026 confirma que Bogotá enfrenta un problema estructural y no coyuntural, el sistema se sostiene, pero no se transforma. La ciudad opera con un déficit cercano a 2.000 camas hospitalarias. Los servicios de urgencias saturados y una red pública que se envejece sin un ritmo suficiente de reposición y ampliación. Proyectos de alto impacto como la APP de Engativá y la recuperación integral del Hospital San Juan de Dios cuentan con recursos de vigencias futuras aprobadas, pero no se garantiza su continuidad financiera y estabilidad contractual. A lo anterior se suma la presión creciente de los pasivos contingentes y de las sentencias judiciales derivadas de los denominados “contratos realidad” de los trabajadores y las trabajadoras que no han contado con el reconocimiento justo de su trabajo y a quienes la justicia les ha dado la razón pero a quienes la ciudad no les paga, a pesar de las multiples propuestas que hemos adelantado para que esto pueda hacerse paulatinamnete.

El resultado es un círculo de riesgo, donde se reduce la inversión en infraestructura a pesar de las grandes dificultades que esta presenta, se retrasan o postergan obras críticas y necesarias, se incrementan los costos por inflación y retrasos, entre otros. A la vez se tensiona la operación de las Subredes Integradas de Servicios, que deben atender fallos judiciales, déficits operativos, aumento en la demanda sin el suficiente respaldo financiero. Además, esa elección compromete la capacidad de respuesta del sistema de salud de Bogotá: hospitales con camas sin dotación operativa y redes territoriales debilitadas incrementan el riesgo de colapso ante picos de demanda y reducen el margen institucional para intervenir preventivamente. Esas son consecuencias previsibles y atribuibles a decisiones de priorización de la administración que contrasta con la falta de recursos para cerrar las brechas estructurales que deberían ser priorizadas en el presupuesto. 

La asignación presupuestal aprobada para 2026 no es el resultado de factores fortuitos ni de choques externos inevitables. Corresponden a actos administrativos concretos que muestran las prioridades políticas de quienes las toman. La administración distrital, al estructurar y presentar el proyecto de presupuesto, optó por privilegiar el sostenimiento operativo y el pago de obligaciones corrientes, dejando de lado la inversión estructural necesaria para ampliar y modernizar la capacidad instalada del sistema de salud. Esta priorización condiciona de manera directa la respuesta institucional frente a las necesidades y preocupaciones crecientes de la población. Otro asunto más, prioritario para la gente de Bogotá y secundario para el gobierno distrital.

Más que solo cifras, esto es aunto de vidas,  de espera en urgencias, acceso a una cama hospitalaria, continuidad en los tratamientos y condiciones de dignidad para el personal de la salud, de vida o muerte. Si el presupuesto crece, pero no transforma las necesidades en infraestructura, ni resuelve los pasivos que asfixian a la red pública, perpetua la congestión, la inequidad, la falta de calidad en el servicio y la desconfianza en el sistema. Requerimos un sistema con una red moderna, suficiente, financieramente sostenible y capaz de garantizar el derecho fundamental a la salud para los y las habitantes de la ciudad.

Donka Atanassova