La Secretaría de Comunicaciones, una dependencia del Despacho del Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, tiene como función principal definir las políticas de comunicación, así como planificar, coordinar y ejecutar las estrategias informativas de la administración. Por su parte, TeleMedellín es un ente descentralizado de carácter indirecto, en cuya junta directiva participa Adriana Karina Garnica Villalobos.
Lo verdaderamente polémico de esta situación radica en el rol de Adriana Karina Garnica Villalobos, quien, en su calidad de Secretaria de Comunicaciones y miembro de la junta directiva de asociados de Telemedellín, donde se discuten temas relacionados con el financiamiento del canal, presuntamente ha querido beneficiar a la cadena de Radio de Caracol de la que fue jefe de presa entre el 15 de marzo de 2022 y el 31 de agosto de 2023, pues para el mes de mayo del presente año Telemedellin suscribió el contrato No. CTO-0173-2024 con CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A donde ella laboró, 5 meses antes de su nombramiento como Secretaria de Comunicaciones.
El objeto de dicho contrato fue la vinculación publicitaria al evento “Desafíos Colombia 2024 – Diálogo, Escucha y Debate desde Todas las Perspectivas”, por $200 millones de pesos, una cifra que resulta exorbitante si se considera la naturaleza de las obligaciones del contratista, planteando interrogantes sobre la justificación y transparencia de esta contratación, más aún cuando se entrelazan posibles conflictos de interés, debido a la influencia de la Secretaria de Comunicaciones en Telemedellin.
Este caso solo afirma las intenciones que ha tenido el alcalde de Medellín y su administración para monopolizar el poder y beneficiar a su círculo cercano mediante nombramientos y contratos, un ejemplo evidente es el cargo que actualmente ocupa la hermana de Federico Gutiérrez como Directora de Internexa, una empresa vinculada a Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), donde Empresas Públicas de Medellín (EPM) es uno de los principales accionistas, siendo clara la injerencia en la toma de decisiones que tiene el alcalde de Medellín como Presidente de la Junta Directiva de EPM.
A lo anterior se suman los contratos realizados directamente por Federico Gutiérrez, como el reciente arriendo de 19 camionetas eléctricas de lujo por más de $21 mil millones de pesos. Este monto resulta significativamente superior al de su adquisición directa. Además, preocupa que detrás de este contrato esté una empresa cuya capacidad financiera ha sido cuestionada, lo que incrementa las sospechas sobre la idoneidad y legalidad de esta transacción.
El alcalde de Medellín ha centrado su discurso político en la defensa de los recursos públicos, insistiendo en la NO privatización y en la prudencia en el manejo de los fondos del Distrito. Sin embargo, los hechos recientes parecen contradecir estas promesas, evidenciando un interés personal en sus decisiones administrativas. Mientras el alcalde asegura proteger los bienes públicos, cada vez son más los indicios que revelan un manejo discrecional y en beneficio propio, dejando de lado las verdaderas necesidades de los ciudadanos, quienes hoy enfrentan altos impuestos mientras la administración se ha concentrado en favorecer intereses privados, enriquecer a su círculo cercano y aprovecharse del poder para acumular beneficios personales.
