La administración de los recursos públicos es un aspecto crítico para la gestión gubernamental y para el bienestar de sus ciudadanos. Tan sólo en 2023, en América Latina, el gasto social de los gobiernos centrales representó, en promedio, el 11.5% del PIB (CEPAL). Esto equivale a una inversión de más de 814 mil millones de dólares (USD) destinados a propósitos como educación, salud, vivienda, seguridad social, entre otros, en la región.

La transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas son principios clave para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, han existido problemas recurrentes con la corrupción, el desfalco y la ineficiencia en la distribución de los fondos públicos. Para este problema latente, la tecnología blockchain a través de la tokenización, puede ser una alternativa innovadora y eficaz para mejorar la administración y dispersión de los recursos públicos.

La tecnología blockchain garantiza la seguridad, trazabilidad e inmutabilidad de la información. No solamente funciona para el sistema financiero tradicional, sino que su aplicación en la gestión pública mediante la tokenización de los subsidios podría revolucionar la forma en que se manejan los fondos públicos, permitiendo una fiscalización en tiempo real y reduciendo las oportunidades de malversación de los recursos.

Uno de los principales beneficios de blockchain es su capacidad para garantizar la transparencia en la distribución de fondos públicos al registrar cada transacción en un libro contable descentralizado e inalterable. Con esta tecnología, cualquier ciudadano o auditor podría rastrear el destino de los recursos desde su origen hasta su destino final. Con ello, se previene la alteración de datos y se proporciona una fuente confiable de información para combatir la corrupción.

Por otro lado, la tecnología blockchain permite automatizar procesos mediante el uso de contratos inteligentes. Imaginen que ahora los recursos públicos pueden tener reglas de operación para cada peso dispersado. Por ejemplo, si se tratara de un programa social de educación que sólo está destinado para comprar artículos escolares, ese dinero únicamente podría ser utilizado para ese fin. Los contratos inteligentes son programas autoejecutables que cumplen con ciertas condiciones preestablecidas. En otras palabras, los contratos garantizan que los fondos lleguen directamente a los beneficiarios sin retrasos ni interferencias, y además, los fondos sean utilizados para los fines para lo que fueron destinados.

Adicionalmente, tokenizar los subsidios, permitiría que cada transacción sea validada por múltiples nodos en la red antes de ser confirmada, lo que dificulta la manipulación fraudulenta de los datos. Esta característica es fundamental en la administración pública, donde la falsificación de documentos y la duplicidad de pagos son problemas comunes.

La tokenización de los recursos públicos permitiría a los ciudadanos a acceder a información en tiempo real sobre cómo se utilizan los fondos públicos. Lo anterior, ayuda a fortalecer la confianza en las instituciones y legitimar el uso de recursos públicos para el bien común. Pese a sus grandes beneficios, la adopción de esta tecnología en la administración pública aún enfrenta diversos desafíos como el miedo a nuevas tecnologías, los costos iniciales de la adopción y la digitalización de varios sistemas de gobierno.

La transición hacia un sistema de tokenización de fondos públicos, o como venimos ejemplificando, la dispersión de subsidios basado en blockchain requiere, por un lado, de actores políticos interesados en la transparencia, eficiencia y trazabilidad del gasto público, y por otro lado, de servidores públicos con la tenacidad y resiliencia para implementar nuevas tecnologías que ayuden a modernizar la gestión pública.

Actualmente, existen varios países que han incorporan la tecnología blockchain para mejorar la transparencia en la administración pública. Por ejemplo, en Estonia, han desarrollado un ecosistema digital basado en blockchain que garantiza la seguridad e inalterabilidad de datos gubernamentales, incluyendo registros de salud, identidad digital y servicios financieros. En Brasil, la Recaudación Federal del país diseñó el sistema bCPF para el registro fiscal de sus contribuyentes. Aún falta que más países en América Latina adopten alternativas de gestión utilizando la tecnología blockchain.

Con un enfoque estratégico y una visión a largo plazo, blockchain puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la gestión de los recursos públicos y fortalecer la democracia en nuestros países.

Por: Leticia López Tiznado

COO de Koibanx