Por: Juby Solemny Bejarano Ávila

Ingeniera Civil, Experta en gerencia de proyectos

La extensa red de carreteras del Imperio Romano sigue generando prosperidad, incluso después de un lapso de 2000 años. ¿Cómo construyeron eficazmente los romanos carreteras que perduraron durante siglos, mientras nosotros nos enfrentamos al desafío de mantener las carreteras libres de baches durante tan solo 2 años?

Evidentemente, es posible que los romanos no hubieran dado prioridad a la contratación de la reparación de las carreteras cada 2 o 3 años. Se calcula que el cierre de la carretera que conduce a la llanura provoca una pérdida económica diaria de 50 000 millones de pesos en la región, lo que afecta principalmente al sector agrícola, con una pérdida de alrededor de 15 000 millones de pesos, seguido de cerca por el comercio y el turismo, que sufren una pérdida de aproximadamente 10 000 millones de pesos por día.

Nuestros líderes afirman que persistimos en el tema que nos ocupa, aunque a un ritmo lento, hasta el punto de que ni siquiera estamos movilizando recursos financieros. Sin embargo, estoy firmemente convencida de que la demora de los ingenieros y la difícil situación fiscal no son la clave para resolver esta calamitosa situación.

Nos enfrentamos a carreteras inacabadas, redes de carreteras en mal estado y al temido ¨ km 58¨. Incluso sufrimos demoras prolongadas en las exorbitantes cabinas de peaje debido a la congestión de vehículos pesados o, lo que es peor, recurrimos a la anticuada ruta, que tarda la asombrosa cantidad de 14 horas en recorrerla debido a su deplorable estado.

Todo ello sin mencionar los inviernos rigurosos, caracterizados por abundantes precipitaciones y tormentas tempestuosas que provocan deslizamientos de tierra, socavones e inundaciones fluviales.

Según declaraciones «oficiales», estos sucesos han sido siempre la causa de la destrucción de las carreteras. Sin embargo, ¿durante cuánto tiempo ha estado cerrada la carretera que conduce a la llanura en los últimos años?

La devastación de la infraestructura vial que va a la llanura es consecuencia de un diseño inadecuado, una ejecución deficiente y la utilización de materiales de construcción de calidad inferior por parte de los constructores contratados por el gobierno.

Esta situación se ve agravada por la falta de supervisión adecuada, control de calidad, garantías y responsabilidad civil o penal por los daños sufridos durante o después de la finalización del proyecto. Incluso una llovizna leve se convierte en una justificación de estas deficiencias.

Los cierres recurrentes y los daños a la carretera llana no solo afectan a la región, sino que también tienen una influencia sustancial en la economía nacional. Todo ello constituye un claro indicio del subdesarrollo generalizado. Además, la falta de inversión en el mantenimiento preventivo y la ausencia de un plan de mejora a largo plazo contribuyen al deterioro de la situación de la infraestructura vial en la región.

El fenómeno del subdesarrollo corrupto se hace evidente cuando las empresas constructoras priorizan la generación de ingresos continuos por encima del mantenimiento de la durabilidad de las carreteras, lo que, a largo plazo, no les beneficia económicamente. Sin embargo, como consecuencia, la carga de este enfoque recae en la población, mientras que los líderes gubernamentales llegan a acuerdos de beneficio mutuo con estas empresas y, en última instancia, comparten las ganancias.

Este comportamiento explotador se perpetúa mediante la manipulación de datos numéricos, así como su posterior ocultación y justificación, lo que hace que la población pague un coste desproporcionadamente alto por la construcción de carreteras de baja calidad. La aceptación de la corrupción como un aspecto arraigado de nuestra cultura sirve para enfatizar el sombrío estado de subdesarrollo en el que nos encontramos.

Lamentablemente, este ciclo de corrupción se repite una y otra vez, y solo se producen cambios superficiales en cuanto a los nombres de los líderes y contratistas, mientras que los problemas profundamente arraigados siguen sin resolverse. Las denuncias presentadas contra estas injusticias a menudo no producen un cambio significativo y, con frecuencia, se desestiman por mera oposición política y no por demandas legítimas.

En consecuencia, prevalece una sensación de impotencia entre la población, que se enfrenta a una realidad inquebrantable en un país en el que los valores fundamentales y la justicia parecen estar ausentes, por lo que la supervivencia es la única opción que queda.