El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, acude con frecuencia a las mentiras incompletas o “verdades a medias”. Ejemplo reciente: el 11 de julio el señor Gómez sostuvo una entrevista con María Isabel Rueda en la cual afirmó sin sonrojarse, que Colombia ha logrado un récord en casos archivados y el mayor número de soluciones amistosas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Buscó mostrarse pro homine con el argumento que a las víctimas de violaciones de derechos humanos no se les debe someter a los trámites de más de veinte años que pueden durar los procesos ante la CIDH.
Sostuvo en la entrevista que “con la Comisión hicimos un trabajo conjunto. Logramos, después de muchos años, un récord en casos archivados e inadmitidos. Pero, al mismo tiempo, que las víctimas se sentaran con el Estado para organizar el mayor número de soluciones amistosas que se ha hecho en Colombia. Cuando el Estado se equivoca, no podemos someter a las víctimas a unos trámites de más de veinte años que duran en la Comisión, es revictimizarlas”.
Pero no es precisamente así. Conjuga el doctor Gómez la verdad con la falsedad, que pone en evidencia una mentira total.
Tomamos como muestra los 62 casos que tramita el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, ante la CIDH. De estos, sólo 4 están en el proceso de búsqueda de solución amistosa, que es una etapa obligatoria destinada a resolver el asunto en cuestión sin necesidad del procedimiento contradictorio, bajo la supervisión de la CIDH.
Es cierto que hay un retraso procesal en la CIDH, pero también lo es que la solución amistosa es un paso que hay que agotar dentro del trámite de todos los casos. De esto se aprovecha el Estado para retardar que el caso vaya a la Corte. La “jugadita” del doctor Camilo Gómez es presentarse como defensor de las víctimas cuando se opta por una solución amistosa dizque para evitar la demora de los trámites, cuando en realidad contribuye al retardo, contrariando el principio de buena fe del Derecho Internacional Público. El gobierno escoge para solución amistosa ya sea los casos más fuertes en lo probatorio, o los que tienen atrasos considerables en las observaciones sobre el fondo del Estado buscando evitar la sentencia condenatoria.
Un ejemplo es el caso John Ricardo Ubaté y Gloria Bogotá, radicado Nº 11.883, que tramita el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR ante la CIDH. El gobierno promueve solución amistosa a sabiendas que está destinada al fracaso. La utiliza más como “solución dilatoria” para ganar tiempo sin arreglar nada. La proponen no para ayudar a reducir el retraso procesal de la CIDH, sino para agravarlo y evitar que vaya el caso de manera exprés a la Corte IDH.
También el doctor Camilo Gómez dizque “con acuerdo previo de la CIDH”, acude al archivo de expedientes que cursan en ese espacio, con el fin altruista de que las victimas obtengan prontamente verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Nada más alejado de la realidad. Acude a la figura promovida por los Estados con reformas reglamentarias que buscan en realidad debilitar a la CIDH y sepultar casos estratégicos donde está comprometida la responsabilidad del Estado, por acción u omisión. Es lo que sucedió con el caso del alcalde Eudaldo León Díaz Salgado, Referencia P-1366-09, petición que presentó el CAJAR el 2 de noviembre de 2009, hace 22 años, por su detención, desaparición y posterior ejecución extrajudicial en el mes de abril de 2003, en Sincelejo, Sucre, hechos que comprometen al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al ex gobernador de Sucre Salvador Arana Sus, a varios miembros de la clase política, organismos de control y la Fuerza Pública del Departamento de Sucre.
La CIDH nos notificó el 30 de diciembre de 2019 el archivo de la petición del alcalde Díaz Salgado. El 8 de enero de 2020 le solicitamos que reconsiderara su decisión porque por más de 20 años mantuvimos activo el caso con comunicaciones constantes a la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, relacionadas con el desarrollo de las actuaciones internas, que demuestra el interés de las víctimas y el CAJAR en impulsar la actuación.
El 2 diciembre de 2021 la CIDH nos dio la razón con el Informe de Admisibilidad No. 363/21, que revivió el caso y lo impulsó a la primera etapa de admisibilidad. Tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por el CAJAR y el Estado, la CIDH estimó que la muerte de Eudaldo Díaz y la impunidad parcial en la que se encuentran los hechos, requieren un estudio de fondo. Decisión que favorece a las víctimas.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sostiene en la entrevista, que ha evitado condenas al Estado, pero no dice cuántas. En el caso de “Miembros del del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -CAJAR- contra Colombia”, que se tramita ante la Corte Interamericana, no habla de su error de no presentar los alegatos finales dentro del plazo fijado por la Corte, que tuvo fecha límite del 13 de junio de 2022. Lo hizo de manera extemporánea el 16 de junio, tres días después de vencido el término, con lo cual privó al Estado colombiano de un mecanismo de defensa, porque el escrito no será tenido en cuenta por el alto tribunal.
El director de la Agencia Jurídica no solo dice verdades a medias, sino que no defiende con el rigor profesional los intereses de Colombia al dejar vencer los términos de un caso en litigio ante la Corte. El lector se acordará que también se levantó de la mesa y abandonó la audiencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, otra acción que privó al Estado de un mecanismo de defensa, siendo condenado el Estado por la Corte en sentencia del 26 de agosto de 2021. ¿Así es como quiere el doctor Gómez que “el próximo Gobierno mantenga el carácter técnico que ha tenido la Agencia, y que continúen con los éxitos”? ¡Que descaro!
