Un país acostumbrado a resaltar los hechos menores y a esconder los relevantes, no es consciente de la importancia de la decisión que tomará en los próximos días la Corte Constitucional sobre una tutela que definirá el rumbo del juicio a Uribe por fraude procesal y nexos con el paramilitarismo considerando la naturaleza de los falsos testigos vinculados por ÉL imputado y su defensa.
Dije en mi anterior columna que el engendro normativo que conforma la ley 906, es el culpable de la incertidumbre jurídica e institucional, porque es una ley sastre hecha en el primer gobierno del imputado.
La Corte Constitucional aún no puede decidir
Como se trata de una tutela que busca quitarle la condición de imputado a Uribe, de paso a unos congresistas, y considerando que el curso de la investigación está en su etapa final, la Corte Constitucional no debe tomar una decisión hasta tanto todas las víctimas sean escuchadas en audiencia pública, porque el fiscal defensor del imputado ha tenido todos los tiempos y espacios para hacerlo. Ese fiscal se tomó ocho días para exponer una decisión antijurídica e inmoral que termina pidiendo la preclusión a favor de Uribe. Por el lado de las víctimas aún falta escuchar al ex fiscal Montealegre y al abogado Miguel Ángel del Río.
Hasta tanto todas las víctimas no sean escuchadas, la Corte no puede decidir, porque cometería una monumental contravención ética y jurídica, como nunca la habrá visto Colombia desde que se desató la violencia en el año 1944, pues el caudal de pruebas contra ÉL, inventadas por ÉL y ordenadas por ÉL, es descomunal. Además, ÉL es el centro de la violencia de los últimos treinta años en Colombia. No es cualquier juicio. Es el juicio de la historia reciente de Colombia y por tanto es la gran decisión para construir un país distinto si lo permite la Corte Constitucional como guardián de la Constitución.
El enredo de procesos paralelos, por un lado la Corte Constitucional y por otro el sistema de justicia, muestra que la ley 906 es un desastre. Es esta la oportunidad para darle consistencia, coherencia y transparencia. De no ser así el Gran Imputado y una cantidad de congresistas corruptos quedarán libres de tanta culpa, y otros más seguirán haciendo fechorías hasta el final de los tiempos.
La ley 906 tiene tantos vacíos que ciertos aforados están por fuera de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y quedaron en manos de la Fiscalía que siempre actúa a su favor. Al respecto ¿por qué esta institución se ha convertido en protectora de tanto bandido?
El juicio a Uribe y la Corte Penal Internacional
En este país parroquial, al que le han puesto tantas vendas para que nada vea ni entienda, está en la mira de la Corte Penal Internacional. El Fiscal de la CPI vino a firmar un acuerdo con Duque para fortalecer y preservar el acuerdo de paz en general, y en lo específico, a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). ¿Qué tiene que ver esto con el juicio a Uribe? Mucho, porque éste “gran señor” ha sido el determinador de mucha violencia paramilitar, y su juicio vincula a ex paramilitares, caso de Monsalve, a quien intentó sobornar para que actuara en contra del senador Cepeda.
Duque firmó un acuerdo con la CPI, pero el partido de Uribe tiene en el congreso tres leyes para reformar y destruir la JEP, lo cual daría paso a la inmediata intervención de la CPI, ya en una segunda y definitiva instancia de decisión, lo cual sucedería antes del 7 de agosto del 2022.
¿Por qué hay interés en reformar la JEP? Para que los militares no señalen al actual imputado como el determinador de los falsos positivos. Es decir, Uribe imputado por todo y en todo.
Decisión jurídica y no política
Lo que está en juego va mucho más allá de decidir entre la ley 600 y la ley 906, porque es una decisión que tiene que ver con la estabilidad institucional de Colombia.
No se trata de ver los entornos políticos que acechan a las cortes. No se trata de ver cuales magistrados son ultra (que los hay), cuáles de centro (que los hay), y cuáles de izquierda (que no los hay). Ese no debe ser el asunto con los magistrados de esta y de cualquier otra corte y organismo de control, pero es parte de la decadencia del sistema político y de los tres poderes, agitada por la corriente política del imputado puesto que promueve y pone magistrados sin vergüenza alguna.
La Corte Constitucional ha sido víctima de esa ilegitima práctica. Por eso, hay que recabar en que la decisión a tomar es jurídica y no política, por eso la votación debe ser nueve a cero a favor de no quitarle la condición de imputado a Uribe por el caudal probatorio, 100% en su contra.
