Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, prometió que Colombia se convertiría en una “potencia mundial de la vida”. Fue un discurso poderoso, lleno de simbolismo y esperanza, que planteaba un cambio profundo en la relación del país con su territorio, sus recursos naturales y su gente. Dos años después, la promesa sigue agitando los discursos desde la Casa de Nariño, pero se ha quedado ahí, solo discurso.

En los primeros meses de su gobierno, se sintió un impulso renovador. El país empezó a hablar de transición energética, de justicia ambiental, de poner el agua en el centro de las decisiones. Y, en efecto, algunos avances concretos se han materializado. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, Colombia alcanzó un avance del 60 % en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el frente social, más de un millón y medio de personas salieron de la pobreza monetaria entre 2022 y 2023. Son cifras que dan cuenta de un esfuerzo real por combinar la sostenibilidad ambiental con la inclusión social, algo que muy pocos gobiernos en la región han intentado con seriedad.

También hubo señales alentadoras en el sector energético. En 2024, se aprobaron 25 nuevas licencias para proyectos de energías renovables —una cifra sin precedentes en la historia del país—, entre parques eólicos y solares que, juntos, podrían aportar más de cinco gigavatios de capacidad limpia a la matriz nacional. Hubo además avances en la reglamentación de la ley de plásticos de un solo uso, en la protección de humedales y en la formalización de tierras campesinas. Son pasos que, en cualquier otra coyuntura, podrían verse como logros contundentes. Pero en Colombia, donde las heridas ambientales son profundas y las economías ilegales se mezclan con la vida cotidiana, el cambio nunca ha sido lineal.

La deforestación es un buen ejemplo de esa contradicción. En 2023, el país logró una reducción histórica del 36 % en la pérdida de bosques respecto al año anterior, llegando a la cifra más baja en casi una década. En la Amazonía, la caída fue incluso más pronunciada, y por un momento pareció que la tendencia al desastre podía revertirse. Pero la alegría duró poco. En 2024, los datos del IDEAM y de organismos internacionales mostraron que la deforestación volvió a aumentar, esta vez en un 35 %, con más de 107 mil hectáreas arrasadas. Las causas son las mismas de siempre: expansión ganadera, acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos y minería ilegal. Los acuerdos de conservación con campesinos y comunidades ayudaron a contener la destrucción en algunos territorios, pero los grupos armados y la falta de control estatal en otros terminaron por diluir los esfuerzos.

La minería ilegal, por su parte, sigue siendo una llaga abierta. Está presente en casi todo el país y ha contaminado ríos, suelos y vidas enteras. La Defensoría del Pueblo estima que cada año se vierten más de 13 millones de metros cúbicos de agua contaminada con mercurio en los ríos colombianos. Es una cifra difícil de imaginar, pero detrás de ella hay historias muy concretas: niños con problemas neurológicos, peces que ya no se pueden comer, comunidades enteras que dependen del agua envenenada. A pesar de los operativos, las incautaciones y la retórica de control, el negocio ilegal del oro continúa siendo una de las principales fuentes de destrucción ambiental del país.

En paralelo, la contaminación de las fuentes hídricas ha crecido silenciosamente. Diez departamentos están hoy en riesgo por la presencia de mercurio y otros metales pesados, y en algunos ríos, como el Nechí, los niveles de contaminación superan ampliamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno creó una “Policía del Agua”, con más de ocho mil agentes encargados de proteger los cuerpos hídricos. Es una idea valiosa, pero simbólicamente insuficiente frente a la magnitud del problema. Sumando una capa mas a la insuficiencia de hombres en la Policía Nacional.

El Plan Nacional de Desarrollo, titulado Colombia Potencia Mundial de la Vida, recoge una visión ambiciosa: ordenar el territorio alrededor del agua, transformar la economía hacia modelos limpios y asegurar una transición energética justa. La intención está ahí, pero la realidad la desafía todos los días. Las cifras mejoran en unos frentes y retroceden en otros; las leyes avanzan en el papel, pero chocan con la informalidad, la violencia, la corrupción y la falta de capacidad institucional.

En muchos sentidos, Petro está intentando cambiar la lógica de desarrollo de un país construido sobre la extracción, la desigualdad y la dependencia de los combustibles fósiles. Pero hacerlo en cuatro años, en medio de una crisis social y política constante, es casi una misión imposible. La sostenibilidad no se decreta: se construye con tiempo, con confianza, con instituciones sólidas y con una ciudadanía que crea en el proceso.

Hoy, Colombia tiene razones para sentirse esperanzada, pero también para ser cauta. Ha habido logros: más energía limpia o mayor conciencia ambiental. Pero los desafíos siguen siendo enormes. Frenar la deforestación, erradicar la minería ilegal, descontaminar los ríos y garantizar agua segura para todos no son metas de un gobierno, sino tareas de una generación entera.

Petro quiso que su legado fuera el de un país reconciliado con la naturaleza. El discurso de la “vida” sigue siendo poderoso, pero necesita de hechos duraderos, concentración en acciones concretas, tanto ambientales como de seguridad, burócratas eficaces, y calma política (todo lo opuesto a lo que es Petro como político).

La gran pregunta es: ¿es posible que este gobierno cumpla su promesa ambiental (y todas las demás) a pesar de si mismo?

Juan Camilo Clavijo