Pidiendo pista en Palacio, así vimos a varios gobernadores electos en las elecciones del pasado 29 de octubre, cuando el presidente, Gustavo Petro, no los invitó a la primera reunión que realizó el pasado miércoles 7 de noviembre a puerta cerrada con 15 de los 32 nuevos gobernantes departamentales. Al mismo tiempo, el jefe de Estado desistió de participar en la cumbre que por esos mismos días la Federación Colombiana de Departamentos realizara en Santa Marta con los gobernadores entrantes y salientes, en un ambiente de inconformismo de su presidente por la reunión en Palacio.
Desde la oposición se criticó al presidente Petro porque consideraron una amenaza de exclusión de los programas e inversiones nacionales hacia los departamentos cuyos gobernantes elegidos no están alineados con la agenda de cambios del gobierno nacional, y rabiosamente cuestionaron que Petro intente ahora construir un primer anillo que viabilice las reformas y permita una fluida ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en las regiones gobernadas por fuerzas políticas afines. Estoy seguro de que la interlocución y coordinación institucional con todas las gobernaciones y alcaldías vendrá muy pronto, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. La afinidad política entre presidente y gobernadores no riñe para nada con la concurrencia necesaria entre Gobierno Nacional y departamentos.
Fue esa misma derecha incomoda por la reunión de Palacio, la que, por boca del alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, en el programa de opinión Hora 20 de Caracol Radio de la semana post elecciones, anunció la creación de un bloque de gobernantes de oposición al presidente Petro. Mientras el electo gobernador uribista de Antioquia, Andrés Julián Rendón, promueve un inconveniente referéndum para que los departamentos gocen de total autonomía fiscal, evitando con ello que los entes territoriales de mayor solvencia puedan ayudar a aquellos con evidente debilidad fiscal y financiera.
Pero la actitud más dramática, ante la inocultable safada presidencial en la cumbre del Palacio de Nariño, la protagonizaron los gobernadores que representan a los clanes más poderosos y cuestionados del Caribe colombiano. Elvia Milena SanJuan, gobernadora electa del Cesar, y criatura creada a imagen y semejanza del Clan Gnecco, no demoró en trinar para pedir pista: “en la gobernación del cesar solo encontrará aliados institucionales para sacar adelante nuestros planes de desarrollo”, suplicó a Petro. Los mismos ruegos que por todos los medios hizo Eduardo Verano de la Rosa, elegido gobernador del Atlántico con el remolque del polémico Clan Char.
Justificados temores deben tener el presidente Petro y el alto gobierno con el manejo irregular que estos clanes le darán en sus departamentos a las inversiones que provengan del Estado central. Petro conoce muy bien los entramados de corrupción que rodean la contratación pública en el Cesar y el Atlántico.
Sabe en detalle como los clanes han mezclado históricamente criminalidad y política en estos territorios. No sobra además recordarle que, por ejemplo en el Cesar, el Clan en el poder ha agrandado su fortuna con los recursos de las regalías del carbón, los proyectos de paz de los municipios PDTs y las inversiones que patinan y obtienen sus congresistas a punta de chantajes con los gobiernos nacionales, mientras seguirán gobernando un departamento con el 85% de la población en pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, con el 41% de sus familias en inseguridad alimentaria moderada o severa, con 24 de sus 25 municipios sin agua potable permanente, con la tercera tasa de mortalidad infantil por desnutrición después de Guajira y Chocó o con el 40% de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para solo mencionar algunos datos de la dramática emergencia social que han producido los Gnecco y sus aliados.
Razones de sobra tiene el gobierno Petro para encontrar mecanismos institucionales que le permita ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo en estos departamentos secuestrados por los Clanes. Mecanismo que eviten que los recursos se esfumen o vayan a parar a los insaciables bolsillos de estas familias.
El cambio, presidente, no consiste en darle pista a estas estructuras de la política regional. Para que el cambio signifique mejorar la vida de la gente, hay que acudir a la agudeza y al carácter para proteger los recursos destinados a ello.
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