Colombia tiene que dejar de ser un Estado fallido en el que los grupos armados al margen de la ley son considerados como necesarios. Guerrillas, bacrim, autodefensas, clanes, mafias, carteles, paramilitares, etcétera, no pueden ser parte del ADN nacional. El mensaje es claro, se requiere mano fuerte para erradicarlos de una vez por todas y de paso, moderar cualquier chispa que a futuro pueda convertirse en otro grupete de esta calaña. Consigna y acción: Los únicos grupos armados deben ser las Fuerzas Militares, la Policía y excepcionalmente, las empresas de seguridad privada autorizadas en el marco de la ley. Todo dentro de la ley, nada por fuera de la ley.

Se terminó por normalizar guerrillas y carteles de narcotraficantes que, en el fondo, son grupos terroristas y delincuenciales. El único diálogo permitido debe ser el de los fusiles. No es plausible que tales grupos delincuenciales formen parte de las entrañas del País, no son hijos de la patria. Son criminales que en épocas de mal gobierno se fortalecen y hacen de las suyas. No se puede permitir que todo aquel que no esté de acuerdo con algo, se arme para secuestrar, asesinar y aterrorizar a la población, para luego, demandar diálogos de paz que terminan en impunidad.

Colombia requiere de mano fuerte que aplique y haga cumplir la ley. No se puede permitir que grupos armados ilegales hagan de las suyas a su antojo, se paseen como señores y dueños de los territorios e impongan las reglas. El acto terrorista del pasado 08 de noviembre hogaño, donde un grupo terrorista, en horas de la madrugada dejó abandonada una volqueta cargada con 24 cañones explosivos en un sector residencial de la Ciudad de Tunja, colocados de tal manera que, podrían destruir todo el vecindario, no puede ignorarse. Las escenas transmitidas por los medios son contundentes: Fue un acto terrorista provisto de total barbarie y desprecio por la vida.

Esta semana el Kneset de Israel, que es el equivalente institucional al Congreso en Colombia, debatió y aprobó un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, consistente en imponer pena de muerte a quienes realicen actos terroristas contra ciudadanos israelíes. Proyecto de ley que contó incluso, con el apoyo del partido político de oposición Ysrael Beitenu.  Los jueces de Israel con esta ley, podrán sentenciar con pena de muerte a quienes asesinen ciudadanos israelíes con fines terroristas. Esta medida es necesaria en Israel, un País hermoso y bendecido que se preocupa por proteger a su pueblo. El criminal que usa el terrorismo en contra de sus semejantes no tiene derecho a vivir, es ley natural.

Colombia no puede ser la excepción, las autoridades deben actuar con mano dura y no dejarle esa labor a la ciudadanía desesperada que, a punta de la mal llamada “paloterapia” hace “justicia callejera”. Es hora de abrir debate sobre un proyecto de acto legislativo que modifique los famosos acuerdos de paz, que revise indultos y amnistías y en los que haya pruebas, sean revocados. Se reabran los juicios contra los que se han beneficiados de estos perdones y olvidos para seguir delinquiendo. Asimismo, es necesario que, dentro de ese paquete de medidas judiciales de rango constitucional, se debata sobre la pena de muerte para terroristas y de paso, la cadena perpetua para el agresor sexual.

Finalmente, se debería volver a un estatuto de seguridad transitorio contra el terrorismo, una especie de Patriot Act que dé herramientas ágiles a autoridades de policía, militares, fiscales y jueces para prevenir, investigar, juzgar y sentenciar actos terroristas. El qué a sabiendas, conduce una volqueta cargada de explosivos a reventar para abandonarla en plena calle cuando los vecinos duermen, no merece consideración alguna. Los terroristas no merecen los derechos humanos que arrebatan a los otros.

León Ferreira