Colombia suele llegar tarde a las bonanzas. Llegó tarde al auge petróleo, tarde al carbón y tarde a la industrialización; si no corrige el rumbo, también llegará tarde a los minerales críticos. El mundo atraviesa una expansión sin precedentes de la computación en centros de datos. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda global de minerales estratégicos (cobre, níquel, litio, cobalto, tierras raras y oro de alta pureza) podría multiplicarse por cuatro hacia 2040. Solo la demanda de cobre crecería más de 40% en la próxima década. Sin embargo, Colombia, pese a su amplio potencial geológico, se comporta como si esta revolución no existiera.

Mientras Chile consolida su liderazgo en cobre y litio, Perú acelera la adjudicación nuevas concesiones y Brasil atrae inversión masiva en tierras raras, Colombia envía señales de hostilidad hacia la minería formal. El resultado es predecible: la inversión extranjera en minería cayó más de 30% en los últimos dos años y varios proyectos estratégicos están detenidos o migrando a otras jurisdicciones. Un país con profundas necesidades sociales está desaprovechando fuentes potenciales de ingresos, empleo y divisas.

La paradoja es evidente. Colombia posee reservas relevantes de cobre en el cinturón andino, potencial de níquel de clase mundial, oro con especificaciones técnicas aptas para electrónica avanzada y tierras raras aún subexploradas. Según el Servicio Geológico Colombiano, menos del 5% del territorio con potencial minero ha sido explorado con estándares modernos. En Australia esa cifra supera el 60%. La diferencia no radica en la geología, sino la visión estratégica.

Estados Unidos y Europa compiten por asegurar cadenas de suministro confiables para su industria tecnológica, mientras China controla cerca del 60% del procesamiento global de minerales críticos. Colombia podría ser el gran proveedor alternativo, siempre que combine recursos naturales con seguridad jurídica y celeridad en la gestión de proyectos.

Un solo proyecto de cobre de gran escala puede generar exportaciones anuales superiores a US$2.000 millones potenciales no realizadas, menores regalías fiscales y la pérdida de empleos formales. Para fortalecer su balanza externa, Colombia necesita al menos cinco desarrollos de magnitud comparable. Actualmente, no tiene ninguno de esa escala en fase de construcción.

El debate, por tanto, no debería plantearse como minería versus ambiente, sino como minería formal versus informalidad depredadora. Sin inversión moderna supervisada, el vacío tiende a ser ocupado por la extracción ilegal, que en el caso del oro representa el 85% de la producción nacional, sin pago de impuestos, sin control ambiental efectivo y con vínculos con economías criminales. Rechazar la minería estratégica no detiene la actividad extractiva; la desplaza hacia formas más precarias, contaminantes y violenta.

Colombia puede integrarse de manera competitiva a la nueva economía de minerales críticos o puede observar desde la barrera cómo otros capturan esa riqueza. En un mundo que redefine el poder económico alrededor de la energía que depende de recursos estratégicos, renunciar a esa oportunidad no es prudencia ambiental; es un error económico de escala generacional.

Simón Gaviria Muñoz