Guillermo García
El posible retorno de las fumigaciones con glifosato ha vuelto a revivir el debate nacional sobre la conveniencia o no de usar este químico como mecanismo de combate al narcotráfico, sin lugar a dudas, el tema genera voces a favor y en contra por lo que este relevante tema representa para el país.
En el caso nuestro, como defensor de la vida, del ambiente, de nuestra biodiversidad, hemos manifestado siempre nuestra oposición a las aspersiones aéreas porque estamos seguros que este herbicida no es la salida para enfrentar ese flagelo tan dañino, tan perverso y tan gigante como lo es el narcotráfico.
En primer lugar, el glifosato es un instrumento absolutamente ineficiente, costoso, y que deja mucha más pobreza y que puede promover los fenómenos de la resiembra, y eso esta mas que verificado. Pero hacer oposición al uso del glifosato para combatir los cultivos ilícitos, no nos hace defensores del narcotráfico, por el contrario. Estamos contra el narcotráfico de manera clara y rotunda, estamos contra la presencia de los cultivos de uso ilícito, estamos diferenciándonos es cómo combatimos ese flagelo de manera integral y cómo, no únicamente basamos la estrategia simplista del gobierno nacional en manifestar que los cultivos de uso ilícito son los únicos responsables de los problemas del país o son los únicos responsables de toda la cadena de narcotráfico o que las fumigaciones son la única solución. Estamos contra esta solución simplista que ha presentado el gobierno nacional.
Ahora bien, los campesinos no son culpables de este flagelo, grandes líderes del país han caído a manos del narcotráfico, grandes carteles se han enquistado en el Estado colombiano y hoy están echándole la culpa a nuestros campesinos de ser los principales responsables. Los campesinos, los indígenas y los afros, antes de ser responsables, son víctimas del narcotráfico, de los carteles y victimas de su necesidad de su falta de ingresos, de capacidad económica, social y por eso les toca adoptar esta conducta de subsistencia para su familia.
Entonces, si esto no se resuelve, va a hacer imposible sacar a los territorios de esta crisis, lo que pasa es que el gobierno no ayuda mucho. Por ejemplo, Nariño es el segundo departamento, después de Norte de Santander con más siembra de coca, es una economía de subsistencia, una economía que tienen que asumir para poder sobrellevar su vida, esto se convierte en una opción obligada por el abandono del Estado, en Nariño aproximadamente 50 mil familias están vinculadas, lo que representan 200 mil personas que constituyen el 10% de la población del departamento.
En el PNIS se inscribieron 30 mil familias, pero solo resultaron beneficiadas 17 mil y de esta cifra, sólo el 50% ha recibido una ayuda mensual, pero como la cifra lo indica, quedaron por fuera más de 30 mil familias vinculadas a la economía ilegal en Nariño.
Lo que demuestra que no hay voluntad de brindarle al campesino una alternativa de ingresos, de sostenibilidad y seguridad alimentaria, por el contrario, lo que se hace es prologar en el tiempo sus dificultades como se ha demostrado en 30 años con este mecanismo ineficiente, que también prolonga las circunstancias del conflicto por la presencia de grupos armados ilegales, que se dedican a explotar y a acosar, amenazar y matar a los campesinos de las zonas con presencia de cultivos ilícitos.
Eso en el componente social, y ni qué decir del tema ambiental. Por eso, para evitar un gravísimo daño a las aguas, los bosques, la fauna, la flora, a la biodiversidad, a los polinizadores, al hombre, ese instrumento no debe ser la salida al grave problema del narcotráfico.
Ya se ha confirmado que el glifosato, es un instrumento ineficiente, las fumigaciones no demuestran efectividad económica, ni social, ni como instrumento de combate al narcotráfico, porque es evidente lo perjudicial, como lo han manifestado muchos estudios, en los campos de salud, social y ambiental, por citar solo algunos.
En lo económico, para sacar efectivamente una hectárea de cultivos de uso ilícito tiene que fumigarse 33 veces, en cambio, cuando hay programas de sustitución como los ha habido y que vinieron funcionando gran parte en el gobierno pasado e inicios de este gobierno, pues la resiembra es de menos del 1%, entonces para fumigar una sola hectárea, el costo promedio es de 2 millones 300 mil pesos, pero como hay que fumigar 33 veces para sacar una hectárea de producción, eso equivale a más de $70 millones, con esos recursos se puede atender a más de dos o tres familias campesinas con programas y proyectos legales y rentables.
Lo que estamos diciéndole entonces al gobierno nacional es que nos oponemos a este mecanismo porque definitivamente no llegamos a la sustitución efectivamente y no promovemos una economía legal y rentable y por otro lado los temas de salud, como cáncer, los abortos, los problemas respiratorios y dermatológicos según investigaciones científicas se incrementan como consecuencia del herbicida.
Es por eso que en el Congreso cursa el proyecto de ley 120/2020, con el apoyo de múltiples sectores, de diversas bancadas, aún no se le da trámite porque primero estamos adelantando una serie de audiencias públicas para recoger la voz de expertos, investigadores, ambientalistas, líderes sociales de las regiones y congresistas para enriquecer el debate. Por lo pronto, en días recientes en la Comisión Quinta realizamos la primera de tres audiencias para analizar los impactos en el componente ambiental del glifosato, lo propio haremos en las próximas semanas para analizar las implicaciones en el tema de salud, económico y social. Surtido este proceso, iniciaremos el debate amplio, riguroso y con todas las garantías para decidir sobre este complejo, pero importante tema.
