No más mártires

Por: Juan Luis Castro

Luego de una serie de anuncios “jugosos” para las redacciones de los medios de comunicación nuevamente ha sido expuesto el altísimo nivel de desconfianza que la ciudadanía tiene hacia las instituciones, y con razón.

Recordemos el tono que se fijó en la discusión pública desde finales del año pasado: La respuesta del Presidente Duque sobre el bombardeo en el Caquetá que acabó con la vida de varios niños, “¿De qué me hablas viejo?”, fue el detonante de las protestas y cacerolazos que se tomaron las calles de las principales ciudades del país. El ejército fue el protagonista.

En medio de las manifestaciones, el asesinato de Dylan Cruz puso el foco sobre la Policía. El descontento de la población era notable y las instituciones garantes de la seguridad tenían el efecto diametralmente opuesto.

Entramos en el 2020 con la zozobra que le antecedió, y consigo trajo un alza histórica del precio del Dólar, un nuevo escándalo de espionaje, acusaciones de una nueva infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial y una pandemia que puso sobre la mesa la desconexión de las instituciones con la realidad del país, especialmente con la de la Colombia profunda.

Me atrevo a asegurar que los últimos 9 meses de tensión mediática en los que hemos vivido han inducido en la población un estado de shock en el que es difícil entender suficientemente las implicaciones de cada uno de estos hechos, de ahí que quede la impresión de que cada actuación mediática de las instituciones no pretende más que la prolongación de tal zozobra.

Pesé a que esté escrito en la constitución, los representantes del Estado colombiano aún no reconocen la multiculturalidad de la que goza el país. Las comunidades son tratadas de manera diferente por la policía, el ejército, el ejecutivo y las instituciones en general, en función de lo que representan para sus intereses económicos. Aparentemente, no son una prioridad.

No es gratuito que las comunidades más vulnerables de Colombia estén ubicadas en la periferia, esto en un país que concentra toda su actividad política y económica en el centro. Las negritudes, el campesinado, los pueblos indígenas, solo por mencionar algunas, han sido víctimas de violencia institucional.

Según información de la ONG Temblores, el 73% de los abusos policiales son en contra de personas negras, sin embargo, la violencia institucional no es solo física, las movilizaciones del paro agrario de 2016 reclamaban el desembolso del 60% de los dineros del fondo para el fomento agropecuario que no habían llegado al territorio, o uno de los más recientes, fue necesaria la llegada de una pandemia para la instalación Unidades de Cuidado Intensivo en el Chocó. Sin seguridad y sin empleo ¿qué garantías de vida digna ofrece el país?

Sé que esta mirada retrospectiva tiene efectos desesperanzadores, pese a ello el objetivo principal de este relato es reencontrar la conciencia que ha sido opacada por el shock informativo que por estos días nos aturde.

Alrededor del mundo la muerte del estadounidense George Floyd se convirtió en un símbolo que desencadenó una serie de discusiones complejas sobre el rol de las instituciones en la garantía de los derechos de los ciudadanos, que, sin lugar a dudas, se deben tener.

En ese sentido, estoy totalmente convencido de que en Colombia no queremos más mártires, no necesitamos más símbolos para que las instituciones por fin respondan al llamado del país y a las necesidades reales de la Colombia profunda, que en incontables ocasiones ha alzado su voz por el reconocimiento y la garantía de sus derechos.

Paz para las tumbas de Anderson, Dylan, María del Pilar, Dimar, Yuliana, Rosa Elvira y los casi 300 líderes sociales asesinados en los últimos dos años.

Si bien este texto puede parecer un ataque a las instituciones, no puede estar más lejos de serlo, por el contrario, es un llamado a la atención y beneficio prioritario de las comunidades vulnerables y por ende al fortalecimiento de las instituciones.

Según el economista Daron Acemoglu y el Politólogo James Robinson, los países con instituciones políticas y económicas que atienden suficientemente a la mayoría de la población, logran combatir la desigualdad con mayor eficacia.

Las instituciones deben enfrentar un proceso de depuración y reingeniería si es necesario, con el fin de reestablecer su rol como garantes de los derechos de la ciudadanía y abandonar el lugar de herramientas al servicio del poder de turno, y para ello la veeduría ciudadana será determinante.

Confío en que las discusiones en el país más pronto que tarde serán otras y me gustaría que el resto de los colombianos también pueda hacerlo, por eso colegas funcionarios públicos los invito a no perder de vista para quienes trabajamos.