Diego Cancino
La autoridad ambiental más importante del país atraviesa por una aguda crisis de confianza. Su gobernabilidad en la región se ha puesto en entredicho, pues parte de sus miembros han sido elegidos durante 20 años bajo estratagemas legales, que en la práctica son ONG de papel que eligen a dos de los 19 miembros de su junta directiva, pero que no representan al sector. Es decir, se han creado ONG ficiticias para garantizar los votos necesarios para que dos personas hagan parte de quienes toman las decisiones sobre la entidad ambiental con mayor presupuesto del país, incluso más que el Ministerio de Ambiente.
La Corporación Autonoma Regional de Cundinamarca es una institución que maneja cerca del 70% de los recursos totales de todas las CAR a nivel nacional, estas instituciones tenían recursos de cerca de 1,5 billones en 2018, y de esos un billón eran administrados por la CAR Cundinamarca, lo que evidencia una clara concentración de los recursos para garantizar el cuidado y el mejoramiento ambiental en las manos de una sola institución.
La mayoría de los recursos de la CAR Cundinamarca son fuente del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá – FIAB-, el 72% de los recursos de los que dispone la CAR provienen de esta cuenta, en particular, del 15% del recaudo del predial en el Distrito, de los cuales el 7,5% son de destinación específica para el Megaproyecto del Río Bogotá, y el otro 7,5% para destinación general. Así pues, la CAR depende en gran medida de las contribuciones de los y las bogotanas, y refleja en parte una contribución por el aprovechamiento del Río Bogotá. De ahí la importancia del control político sobre esta institución, pues de lo que se trata es de una entidad que debe cuidar y garantizar la vida.
Ahora bien esta poderosa CAR es dirigida por una junta directiva compuesta por 19 personas, allí hay representación de los diferentes actores que pueden incidir y tener relevancia respecto al manejo del medio ambiente en la región: Gobierno Nacional, ONG ambientales, sector privado, Gobernación de Boyacá, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, entre otros. Para elegir dichos miembros se tienen algunos mecanismos, entre los cuales se encuentra la elección directa por parte de los representados, como sucede con el sector de las ONG. Sin embargo, lo que debería ser un mecanismo que garantice la transparencia se ha visto viciado por las trampas de un conjunto de personas para garantizar la permanencia de dos representantes por más de 20 años, ellos son: Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón.
Pero, esta denuncia ya venía sonando en la región, no obstante con mi equipo nos dimos a la tarea de examinar cuidadosamente varias de estas ONG para corroborar su existencia y relación real entre su objeto social y su práctica cotidiana, sin embargo con lo que nos encontramos es con la terrible evidencia de que muchas de estas ONG solo existen en el papel, puesto que ni siquiera mantienen oficinas, ni instalaciones, y esto se refleja en ejemplos como el que documentamos y con el cual envíamos queja a la Procuradoría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, hallamos que en una sola cuadra de Pacho (casualemte el municipio con más ONG inscritas para participar en el proceso de elección) habían 14 ONG de la cuales 12 registraban su dirección ante la Cámara de Comercio en una misma casa, sin embargo, dicha casa no parecía ser más que un depósito de materiales de construcción, y sin indicios de mantener allí el área administrativa, o similares, de organizaciones dedicadas a labores sobre el cuidado y mejoramiento del medio ambiente. Todas estas ONG de papel participaron con voto en cada una de las elecciones y refrendaciones de los dos zares de las ONG ambientales.
Actualmente se viene discutiendo la construcción de la Ley Orgánica para la regulación de la Región Metropolitana, sin embargo, a pesar de implicar jusrisdicciones diferentes, también debería hablarse del papel de la CAR Cundinamarca. Las denuncias que presentamos esta semana son la punta del iceberg de una trama de concentración, engaño y dominación por parte de unos grupos de poder político sobre una institución cuyo presupuesto está en riesgo, pues como lo ha informado la Contraloría, no se viene ejecutando a tiempo, algunos recursos se han malversado y cambiado su destinación para usos para los cuales no se ha definido, y por si fuera poco se mantiene un halo de oscuridad sobre la situación financiera general de esta entidad. Esperamos poder identificar y detener todas estas irregularidades, pero hasta ahora parece que nos enfrentamos a hechos que podrían alcanzar la magnitud del carrusel de la contratación, que tanto le hizo daño a Bogotá y en consecuencia a la región.
