Los esfuerzos del Gobierno Nacional para lograr la Paz Total, que busca disminuir los hechos de violencia y delincuencia que afectan la vida, integridad y bienestar de todos los colombianos, en especial de quienes viven y sufren el accionar violento de los frentes del ELN, de las disidencias y demás bandas delincuenciales organizadas que se disputan las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la trata de personas, el contrabando, etc, deben complementarse con una estrategia de Seguridad Total.

El Estado colombiano tiene la institucionalidad para adelantar el proceso de paz que propone el gobierno, como también para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos a través de la disuasión, la prevención y del uso legítimo de la fuerza. “Zanahoria y garrote” que deben complementarse para lograr la paz anhelada y la seguridad requerida en este momento.

Es necesaria esta complementariedad de paz y seguridad si se tiene en cuenta las características de cada uno de los grupos con los que se pretende abrir diálogos o procesos de sometimiento o acogimiento. Para comenzar, no todos van a estar en la Paz Total, algunos seguirán con sus acciones y negocios ilegales, otros se comprometerán e intentaran sacar los mayores beneficios y a unos más les servirán los “ceses de hostilidades” para fortalecer su accionar criminal y para expandir su control hacia los territorios y comunidades que dejen los grupos que se desmovilicen o sometan.

En este escenario, las acciones legítimas y contundentes de seguridad y justicia de las FF.MM, la Policía y de la Fiscalía, en contra de todas las organizaciones delincuenciales, tienen todo el sentido para presionar al mayor número posible de organizaciones y miembros a buscar una salida negociada o de sometimiento o acogimiento.

Sería un grave error limitar el accionar de las instituciones de seguridad y justicia en medio del incremento de la violencia y la delincuencia generada por las organizaciones criminales, así como dejar estas instituciones por fuera de los procesos que se inicien en el marco de la Paz Total, que no avanzará, como se espera, con solo ofrecimientos de parte del gobierno y sin acciones contundentes de uso legítimo de la fuerza frente a las acciones delincuenciales de estos grupos.

Con el ELN los diálogos seguramente arrancarán con el acuerdo firmado en 2017, donde este grupo se comprometió con “el silenciamiento de fusiles, no más secuestros, no voladuras de oleoductos, no siembra de minas antipersonales y no enrolamiento de menores de 15 años”. Por parte del Gobierno los compromisos fueron “mejorar la seguridad los líderes comunitarios y condiciones carcelarias de los militantes del ELN reclusos, despenalizar la movilización y la protesta, aplicar amnistías e indultos y organizar las audiencias para las conversaciones con la sociedad civil”.

Lo más seguro es que algunos frentes del ELN, con su poder y autonomía económica y política lograda en los últimos años, no compartirán iniciar con lo acordado en 2017 y querrán replantear los puntos de ese acuerdo, casi que comenzar de cero con algunos nuevos negociadores, otros estarán ahí, no tan comprometidos con los diálogos esperando a ver qué pasa y seguramente sin abandonar las actividades económicas en torno a las rentas criminales, que es a lo que hoy están dedicados.

Con algunas disidencias, los diálogos comenzarán desde cero, no serán un “otrosí” de los Diálogos de la Habana y con los demás grupos de delincuencia organizada hay que esperar los beneficios que se otorguen tras la reforma de la ley de orden público, que debe contar con la participación y trabajo decido de la Fiscalía, que tendrá que liderar los procesos de sometimiento o acogimiento.

Tanto para Paz Total, como para garantizar la seguridad de los ciudadanos y territorios, es necesario que se haga una caracterización actualizada de todas las organizaciones con las que se va a negociar o se va a ofrecer sometimiento o acogimiento.

Hay que reconocer que hoy ya no se esta ante las organizaciones guerrilleras que se conocían antes de los acuerdos con las FARC en 2016, solo queda el ELN que, en su intención por controlar los territorios y en particular las rentas criminales que dejó ese grupo, entro en un proceso de alta criminalización, dejando de lado la revolución y la toma de poder. Tampoco se esta ante grupos de autodefensas o paramilitares como se conocieron a finales de siglo y comienzos de este. Lo que hay son narcotraficantes puros y una gran cantidad de organizaciones criminales dedicadas a explotar de manera violenta las distintas rentas criminales a nivel rural y urbano. Con esta caracterización va a ser más fácil lograr los objetivos que se ha propuesto el actual gobierno en el tema de Paz Total, y en materia de seguridad ayuda a definir los objetivos, que todavía no son tan claros.

Por otro lado, hay que definir de manera clara como se van a gestionar y coordinar estos estos dos temas. Hasta ahora, son varias las instituciones gubernamentales y parlamentarias que hablan, opinan y hasta dan ordenes en torno a las problemáticas de paz, orden público y seguridad. Se requieren dos cabezas claramente definidas que coordinen a más de 20 instituciones estatales que tienen que ver con estos temas, sin incluir a todos los alcaldes y gobernadores, que en los territorios tienen responsabilidades constitucionales y legales. Todo esto bajo el liderazgo del presidente de la República.

Finalmente, hay que recalcar que la participación y accionar, en el marco del Estado de derecho, de las FF.MM, la Policía y la Fiscalía, son fundamentales para obtener mayores logros en materia de paz y para recuperar y garantizar la seguridad y bienestar de todos los colombianos.