Hablar de paz y hablar de seguridad no es lo mismo. La seguridad puede reforzar la presencia militar o policial en un territorio y aun así coexistir con el miedo diario, con desplazamientos, con confinamientos y con territorios donde la gente siente que la vida puede romperse de un momento a otro. La paz es una transformación profunda de las causas de la violencia armada. La seguridad humana es la garantía de vivir sin miedo y con derechos efectivos. Entender la diferencia permite reconocer que el conflicto armado no se resolverá únicamente con más armas ni con más operaciones militares. La paz transforma, la seguridad contiene. Ninguna puede reemplazar a la otra.

Durante años se ha repetido la idea de que fortalecer la fuerza pública es suficiente para frenar la violencia. Se blindan ciudades, se anuncian operativos, se capturan cabecillas, pero las realidades vuelven a estallar allí donde el Estado está ausente o donde no ha nacido, donde las comunidades carecen de oportunidades y donde las economías ilegales reemplazan al empleo formal y a los servicios públicos. La seguridad sin justicia social es un dique de papel que resiste un tiempo, pero se derrumba ante la presión acumulada.

La paz, por el contrario, requiere presencia integral del Estado, ya sea porque haya emergido desde el compromiso ciudadano o sea llevado desde el centro, reparación integral a las víctimas, cumplimiento de acuerdos tanto con las comunidades como con los grupos armados, fortalecimiento de la democracia participativa y un modelo de desarrollo que cierre brechas sociales.

El país necesita asumir la emergencia del Estado desde lo local. Los territorios requieren instituciones ágiles, con capacidad de responder sin burocracias paralizantes, con servidores públicos cercanos, con herramientas sociales y comunitarias para prevenir el delito y la violencia. La paz no solo se deberá promover desde el centro de poder asentado en Bogotá o en las capitales departamentales, también se deberá seguir construyendo desde las comunidades hacia adentro de ellas mismas.

Este enfoque exige reconocer y fortalecer el gobierno propio de los pueblos étnicos, sus sistemas de cuidado, justicia y organización territorial. Donde las comunidades participan, vigilan, deciden, planifican y gestionan lo público, la paz gana raíces profundas. De allí la importancia de avanzar en la Ley de Competencias que busca desarrollar la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP).

La seguridad humana se sostiene también en el empleo digno, en la educación, en la salud, en la cultura, en el acceso a tierra, en la conectividad y en la justicia que funciona. No es posible pedir seguridad donde falta Estado y sobra abandono. Tampoco habrá paz real si no se enfrenta con firmeza la corrupción que carcome los recursos públicos y debilita la confianza de la ciudadanía.

El narcotráfico, por su parte, no es un problema aislado, sino una red transnacional que financia la guerra. Superarlo exige que converjan la administración pública transparente, la empresa privada comprometida con la ética y el desarrollo sostenible, y una cooperación internacional seria dispuesta a regular mercados, controlar flujos financieros y apoyar economías legales en los territorios.

El próximo año Colombia deberá elegir un nuevo gobierno y un nuevo congreso que logren un equilibrio inteligente entre paz y seguridad. Es necesario un Estado en el que las ramas del poder público se complementen y se fortalezcan mutuamente, reconociendo que enfrentan enemigos comunes que ningún poder puede vencer por sí solo. La violencia armada, la corrupción, el narcotráfico, la pobreza, la exclusión y el cambio climático actúan como fuerzas que fragmentan al país y debilitan la democracia. El voto informado será una herramienta para continuar la ruta de las transformaciones y hacer realidad un proyecto nacional que proteja la vida, dignifique los territorios y garantice derechos.

Colombia no tiene que escoger entre paz o seguridad. Debe construir una paz con seguridad humana. Una paz que transforme las raíces del conflicto y una seguridad que proteja la vida con dignidad. Un proyecto nacional que combine inversión social, justicia efectiva, participación comunitaria, Estado presente, empresa privada responsable y acuerdos internacionales para desfinanciar la ilegalidad. Una Colombia donde la ciudadanía no solo sobreviva, sino que viva con esperanza, con oportunidades, con participación y con futuro.

Luis Emil Sanabria D.